A juicio familia acusada de millonario lavado de dinero

Investigación. Entre 2007 y 2008, la Felcn desarticuló 23 grupos acusados de dedicarse al tráfico, dos de ellos en Cochabamba: “Saavedra” y “Terán”. El primero irá a juicio acusado de legitimar unos 3 millones de dólares a través de “empresas fachada”

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El hostal Las Islas, de la avenida Villarroel, entregado a Bienes Incautados hace un año.



Los Tiempos

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Redacción Central

Un megaoperativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) descubrió en mayo de 2006 una presunta organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al “lavado de dinero”, compuesta por un grupo familiar que, según el expediente del caso S-405/06, usaba empresas y propiedades como fachadas para legitimar el dinero ilícito. El presunto clan delictivo afronta un juicio este martes.

La red acusada de traficar droga de Bolivia a Brasil, Australia y algunos países europeos, surgió, según las investigaciones anunciadas para exponerse este martes, en la década del 80.

La Felcn rastrea desde hace décadas al principal implicado, Gastón Saavedra, y su entorno familiar. Saavedra fue detenido en Oruro en 1993 (registrada en los tribunales como el caso S-401/93), lo que marcó el principio de una investigación, destinada a indagar el origen de la fortuna familiar. En una de sus apreciaciones, los allegados al caso concluyeron que Saavedra tenía varios bienes que no fueron justificados, pues provienen de delitos de narcotráfico y por legitimación de ganancias. “Pero, en ese momento no se pudo hacer nada”, dijo una fuente que pidió guardar su nombre en reserva.

Cuando Saavedra recobró su libertad, las sospechas de la Felcn cobraron fuerza, cuando en 2002, sólo dos años después de salir de prisión, el implicado compró el surtidor Las Islas por 1,5 millones de dólares, sin que el comprador acreditara una ocupación, como figura en la investigación de fortunas de la Felcn y la Fiscalía.

El 17 de mayo de 2006, por orden de la jueza Vivían Enríquez, se allanaron más de 10 inmuebles y dos empresas del presunto clan, además de confiscarse por lo menos 12 vehículos y registrarse una decena de cuentas bancarias, chequeras, tarjetas de crédito y títulos de propiedad. También se incautaron 80 mil dólares en casa de una de las sospechosas, según documentos del caso 405.

El 16 de abril de 2007 se estableció que la familia Saavedra era sospechosa de “legitimación de ganancias”, sancionado por el artículo 181 del Código Penal, que contempla una condena máxima de seis años y con la confiscación de los bienes cuestionados.

La organización, una de las 23 desarticuladas entre 2007 y 2008 en el país, se dedicaba a traficar cocaína de Bolivia, Brasil y Australia, además de algunos países de Europa.

La droga era enviada a Australia a través de “mulas” o tragones nigerianos, que eran captados por el principal sospechoso del caso, Gastón Saavedra, en Brasil, presuntamente, con ayuda de un lenocinio. Los traficantes, además, usaban el doble fondo de las maletas para transportar la droga, informaron fuentes cercanas al caso.

Entre las “empresas fachada” están Improcons, el surtidor Las Islas, el hostal Las Islas y la residencia estudiantil Las Islas en Tiquipaya, según el informe realizado por una unidad especializada en investigaciones financieras de la Felcn. Sobre la gasolinera se estableció que en un principio era propiedad de una sociedad, pero cuando Saavedra salió de la cárcel volvió a ser titular de estación a través de transacciones en las que participó su entorno familiar, según el expediente S-405/06 y registrado en el Tribunal de Sentencia 4 como causa 301199200614546.

Se estima que el clan recicló más de 2 millones de dólares a través de sus actividades económicas, camufladas.

ENRIQUE SAAVEDRA DICE QUE ESTO ES UNA TRAMOYA Y QUE SE METEN A TODOS EN UNA MISMA BOLSA

Aludidos niegan nexos con “narcos”

Uno de los implicados en el juicio de este martes, por la acusación de “legitimación de dinero ilícito”, conocido comúnmente como “lavado de dinero”, Enrique Saavedra, dijo no tener ningún nexo con el narcotráfico y que todas sus propiedades fueron logradas con recursos lícitos.

Agregó que no podía adelantar detalles sobre cómo demostrará eso para no entorpecer su estrategia legal que será presentada este martes en el juicio, en tanto que uno de sus abogados defensores, a tiempo de ratificar la inocencia de la familia, dijo se estaba pensando en publicar una solicitada para explicar mejor los argumentos de defensa.

Enrique Saavedra, sobrino de Gastón Saavedra, el principal implicado en el caso, reconoció que algunos medios hermanos efectivamente tuvieron problemas de acusaciones y hasta detenciones con el narcotráfico. “Yo no puedo decir dónde fueron ellos ni qué hicieron y mucho menos pueden meter a todos en el mismo saco”, añadió.

Consultado si él estaba en ese saco, respondió que lo implicaron. “Me han investigado, pero no han podido probarme nada. Incluso me han ofrecido un sobreseimiento (los fiscales), pero nosotros nos hemos negado porque no hemos cometido ningún delito”, dijo.

Agregó que él sólo compró una propiedad a un medio hermano, pero después de haber hecho las consultas a Derechos Reales, que les habría asegurado que todo estaba en regla.

“Nos están acusando de todo. Ellos están preocupados. Imagínese todo lo que tendrán que pagarnos por daños civiles cuando vean que no han podido probarnos nada. Por eso es que están utilizando a todos, incluida la prensa. Yo estoy preparando una demanda ante el Viceministerio de Transparencia, pero eso será después del juicio”, dijo.

LOS IMPUESTOS

El Servicio de Impuestos Nacionales también investiga una presunta omisión impositiva de una de las empresas de los procesados, Improcons. La Renta calcula que la omisión supera los 23 millones de bolivianos. A principios de marzo la Sala Penal II dictó un amparo que pide que la Renta se pronuncie.

6 procesados en juicio

El equipo de abogados de la familia procesada dejó el memorial de la audiencia con fecha del 26 de agosto.

En este documento se expresa que, de “conformidad a lo previsto en los artículos 340, 342 y 343 del Código de Procedimiento Penal, a base de la acusación fiscal se abre juicio contra los imputados: Gastón Saavedra, Enrique Saavedra, Elba Castelo, María Dorado y María Saavedra, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas”.

Además, está procesado también en este mismo caso, Edgar Saavedra, pero en grado de complicidad, según el mismo documento.

Todos ellos deberán sentarse en el banquillo de los acusados este 24 de marzo, en el Tribunal de Sentencia Cuarto de la Corte de Justicia, según la citación de audiencias

“Narcoclanes” reemplazan a “peces gordos”

Entre 2007 y 2008, la Felcn desarticuló 23 clanes familiares dedicados al tráfico. Según la Felcn, dos de estos clanes son “Saavedra” y “Las hermanas Terán”. En el primer caso se denuncia a los integrantes de legitimación de ganancias ilícitas, delito destinado a cubrir “palos blancos” y “prestanombres” de los traficantes, según el expediente S-405/06.

La Fiscalía Antinarcóticos comenzó a incidir en la investigación de fortunas, debido a que los traficantes que son excarcelados una vez que cumplen su condena hacen uso de su riqueza introduciendo en la economía legal dinero ilícito a través de fachadas.

Los clanes familiares reemplazan a los “peces gordos”, presuntamente porque son más leales y se juntan para no delatarse, según datos de fuentes de la Felcn.

INCAUTACIÓN

A un año de la intervención a las empresas de la red familiar Saavedra, los bienes incautados y entregados a la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) continúan bajo la administración de los imputados a diferencia de otros procesos en los que las propiedades cuestionadas pasan a una administración temporal o son cerrados hasta que se resuelva la controversia, según datos de investigaciones de la Felcn.

Los bienes entregados a Dircabi son la residencia estudiantil Tiquipaya con un valor aproximado de 800 mil dólares, el surtidor Las Islas por un valor de 1,5 millones de dólares, el hostal Las Islas por unos 160 mil dólares, un terreno de 500 metros cuadrados por unos 10 mil dólares y el inmueble y empresa Improconst Santa Cruz con 160 mil dólares, según las mismas fuentes.

PROTECCIÓN

Desde que el clan comenzó a ser investigado, las averiguaciones se vieron atravesados por injerencia de diferente índole, presuntamente, porque el clan financió la campaña electoral de algunos congresistas del MAS. A cambio, ahora cuentan con una protección, que les ha permitido conservar la administración de sus empresas pese a estar incautadas, según fuentes vinculadas al caso y dirigentes del propio MAS.

Los Tiempos accedió a documentación reservada en la que se denuncia al senador, Franz González, y al diputado, José Guzmán, ante la Brigada Parlamentaria de ingerir en la investigación penal por lavado de dinero y en el proceso tributario exigiendo la entrega de documentos sin seguir el reglamento de la Cámara de Diputados.

IMPUESTOS

La investigación de fortunas, que surgió por un caso de narcotráfico, destapó una presunta omisión de impuestos que supera los 23 millones de bolivianos, que se trata en los estrados judiciales a raíz de una serie de incidentes interpuestos por la parte afectada.

El último fue resuelto por los vocales de la Sala Penal Segunda Eloy Avendaño y Juan Hugo Montero Coca, que hallaron procedente el amparo de María Cándida Dorado.

En la audiencia pública se denunció que la empresa Improcons de la propiedad de María Cándida Dorado omitió impuestos al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y a las Utilidades (IU).

Los vocales enviaron el caso al Tribunal Constitucional pese a que este no funciona. Con la resolución existe el riesgo de que el Estado pierda 23 millones de bolivianos.