Abarrotada de causas y observada por la falta de confianza en su conformación, el nuevo Poder Judicial nace en Bolivia con la posesión, en la ciudad de Sucre, de 56 miembros del nuevo Órgano Judicial.
El presidente del Estado, Evo Morales Ayma, será el encargado de recibir el juramento de los nueve magistrados titulares del Tribunal Supremo de Justicia, siete tribunos del Tribunal Constitucional Plurinacional, cinco consejeros del Consejo de la Magistratura, siete del Tribunal Agroambiental y sus correspondientes suplentes.
Dichas autoridades fueron elegidas el 16 de octubre a través del voto popular, transformando a Bolivia en el primer país del mundo que designa a sus autoridades judiciales a través de las urnas.
Morales aseguró que el proceso electivo, que estuvo acompañado de veedores internacionales como la ONU, la Unión Europea (UE) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), inició un sistema judicial que estará al servicio del pueblo.
Según el mandatario, hoy arrancará la nueva justicia para Bolivia, más transparente e incluyente. A diferencia de otras épocas, gracias al voto de millones de ciudadanos, los marginados históricos, campesinos, indígenas y mujeres administrarán la justicia boliviana, señaló Morales.
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La elección fue observada, sin embargo, por diversos sectores sociales y políticos debido a la falta de garantías e independencia en la selección de los 115 candidatos, proceso que estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Además, la elección estuvo marcada por un alto nivel de abstención, voto nulo y voto en blanco, lo que dejó a los candidatos seleccionados con un respaldo electoral disminuido en medio de una elección cuestionada por su falta de legitimidad.
Según los cómputos oficiales otorgados por el Tribunal Supremo Electoral, de 5.243.375 de personas inscritas en todo el país, sufragaron 4.177.470 ciudadanos, lo que significa un 79,7% de participación y un 20,3% de abstención, uno de los más altos de la historia.
En el Tribunal Constitucional, los votos válidos alcanzaron a 1.758.283 sufragios (42,10%), mientras que los nulos llegaron a 1.838.903 (44,03%) y los votos en blanco 579.363 votos (13,87%).
En el caso del Consejo de la Magistratura, los votos válidos llegaron a 1.752.010 (41,99%), mientras que los nulos sumaron 1.760.789 (42,20%) y los blancos son 659.617 (15,81%). Algo similar ocurrió en el Tribunal Agroambiental.
Es decir que más de un millón de personas no fueron a votar y 2,4 millones de votantes anularon el sufragio en señal de protesta por el proceso electoral.
Analistas políticos coincidieron en señalar que las nuevas autoridades judiciales deberán demostrar su independencia, luego de haber sido preseleccionados por los dos tercios que tiene el MAS y haber sido sobrepasados, en su mayoría, por el voto nulo y blanco en las elecciones del 16 de octubre.
Para el analista Carlos Cordero la principal labor de las nuevas autoridades será demostrar que no tienen afinidad con el Ejecutivo. "Los resultados electorales nos han dicho que ganó el voto nulo y blanco, por tanto, la reforma de la justicia comienza recién ahora".
El segundo problema que enfrenta la nueva justicia es la enorme cantidad de causas que tiene para resolver.
Así lo reconoció el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox, que destacó que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia debe resolver a partir de enero próximo más de 8.800 causas procesales pendientes.
Así lo advirtió también el nuevo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, que destacó las dificultades que enfrenta el nuevo Poder Judicial (ver entrevista).
Todas las causas pendientes de resolución que se hallen en la Corte Suprema de Justicia al 31 de diciembre de 2011, serán resueltas por los magistrados suplentes, hasta su liquidación final en un plazo de 36 meses, explicó el viceministro.
La Sala Plena podría de manera excepcional ampliar ese plazo hasta un máximo de 12 meses adicionales.
El juramento con expectativa disminuida
Bolivia hoy escribe una nueva página de la historia; posesiona a las nuevas autoridades del Órgano Judicial electas por voto popular, entre titulares y suplentes.
El acto central se realizará en la capital de Bolivia, Sucre. Empezará a las 16:00 con el saludo protocolar de las Fuerzas Armadas junto a dos batallones al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, minutos antes de que ingrese al Tribunal Supremo de Justicia para tomar el juramento a los nuevos magistrados. El evento contará con la presencia de 350 invitados, al margen de los dirigentes de organizaciones sociales.
Previo al acto central, la decana y presidenta en ejercicio de la hasta hoy Corte Suprema de Justicia Beatriz Sandoval dará un informe de la gestión 2011 en la que hará referencia a las causas que quedan pendientes, según el ministro de la Suprema, Ramiro Guerrero.
Para la posesión se habilitó y condicionó el hall de la Corte Suprema. El presidente Morales posesionará a los nueve magistrados del Tribunal Supremo Electoral y sus suplentes; siete jueces titulares y otro tanto para que ocupen el curul en la suplencia para el Tribunal Agroambiental; cinco miembros titulares y sus respectivos alternos para el Consejo de la Magistratura y a 14 tribunos, entre titulares y suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional. El juramento será a los pies de la estatua del abogado y destacado jurisconsulto boliviano Pantaleón Dalence.
Un representante de las nuevas autoridades dará un discurso en representación de los 56 magistrados.
La juramentación de los nuevos magistrados acaparó la expectativa no solo de la prensa nacional, sino también internacional. Hasta ayer había 70 periodistas acreditados de medios nacionales y ocho de prensa extranjera.
Sin embargo, el acto se verá un poco deslucido porque no contará con la presencia de ningún mandatario de países vecinos, como inicialmente anunciaron autoridades del Gobierno central.
Habrá cerca de ocho misiones diplomáticas.
Independencia, en duda
Carlos Alarcón*
Hemos dilapidado una oportunidad histórica inmejorable para haber podido construir una justicia que goce de una amplia confianza y respaldo ciudadano.
En la votación del 16 de octubre, el 60% de los bolivianos (entre nulos y blancos) han expresado un rechazo a todas las candidaturas.
Es una justicia que nace bajo el signo de la desconfianza ciudadana y, sobre todo, bajo la sospecha de que no se va a ajustar a los postulados de independencia, imparcialidad e idoneidad técnica que debía caracterizar al Poder Judicial. Esto lo ha expresado el ciudadano en las urnas.
El desafío es mucho más grande para una justicia que está naciendo mal, en un sistema democrático, pero bajo el ejercicio autocrático del poder.
Es probable que, en estas condiciones, la justicia se transforme en un instrumento de un ejercicio autoritario del poder a través de judicialización y criminalización política en el país.
Además, debería garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, que están siendo vulnerados por el propio Gobierno y el Estado.
Es muy difícil que estas autoridades logren cumplir estas dos agendas centrales porque han sido preseleccionadas por su afinidad al Gobierno de turno.
*Abogado constitucionalista
«El viejo sistema nos deja un acúmulo de causas sin resolver»
Jorge Von Borries / Nuevo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia
– La oposición ha cuestionado el proceso de elección de los magistrados, ¿de qué manera se garantizará la transparencia e independencia del Poder Judicial?
– A tiempo de presentarse a la elección todos los candidatos a magistrados juraron no pertenecer a ningún partido político, hay las certificaciones del Órgano Electoral de que no pertenecen a organizaciones políticas de ningún género. Esperemos que eso continúe. Además, ahora, detrás de cada magistrado hay miles de electores que harán seguimiento a las autoridades, ahora respondemos a nuestros electores, por ello es que se trabajará con equidad, objetividad y transparencia. Además del control social, existe la Sala Plena y el Consejo de la Magistratura, que podrá ver la actuación de los consejeros.
– ¿Qué cosas pendientes deja el viejo sistema judicial?
– El viejo sistema judicial nos deja todo un acúmulo de causas sin resolver en los juzgado sin sentencia; en las cortes superiores el despacho más regular también tiene demora; en el Tribunal Supremo nos deja casi 3.000 expedientes en materia civil, en otras materias hay casi 8.000 causas y en los juzgados existen como 65.000 expedientes en los anaqueles judiciales que no dan trámites o despachos.
Una de las razones para que colapse el sistema, además de la demora, es la falta de jueces para poder hacer ese despacho en forma escrita, ya que diariamente ingresan otras causas. Además están los actos de corrupción en que ingresó el aparato judicial y ese mal se ha venido acumulando por años y ha sido imposible de mantener ese sistema judicial.
Se tiene que reformar el código procesal para entrar en el sistema oral, pero ya se ingresó años atrás en el sistema oral en el área penal. Sin embargo, se ha vuelto nuevamente al sistema escrito y los procesos penales son más la forma escrita en las investigaciones, en la etapa preparatoria hasta la conclusiva; todo eso se tiene que reformar en el Código de Procedimiento Penal para que todo ingreso sea oral y se formen los tribunales y jueces en forma oral.
– ¿Se hará una investigación a jueces que emitieron o aprobaron las resoluciones o fallos y que de alguna manera generaron controversia?
– Sí, para que continúen en el cargo, forzosamente se tiene que hacer una evaluación, eso está previsto en la ley 025. Ya no serán exámenes teóricos como se hacía antes, el sistema de evaluación del desempeño también alcanzará las causas que han sido despachadas, la prontitud del despacho, por qué demoraron y por qué están acumuladas, en fin la forma de despacho y alcanzará al juez.
– ¿Qué pasará con las personas procesadas y que se declararon perseguidas políticas?
– En ese caso la solicitud de extradición tiene que ser efectuada, expuesta por las instancias correspondientes, ante la Cancillería del Estado que es donde se presenta ese pedido a las autoridades del exterior.
El Deber – Santa Cruz