Al filo de la paralización. Tres magistrados concluyen hoy su mandato. Juicio al presidente Fernández dejaría sin quórum. Magistratura investigará a dos jueces
La Razón
La Corte Suprema se queda con sólo ocho miembros, con el riesgo de quedar con siete si prospera el juicio al ministro Eddy Fernández. El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura están paralizados. Se congelan las designaciones.
Los ministros Emilse Ardaya, Héctor Sandóval y Jaime Ampuero concluyen hoy su mandato de 10 años y dejan a la Corte Suprema de Justicia con un quórum mínimo reglamentario y al Poder Judicial al borde del colapso total.
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El Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de la Judicatura se encuentran paralizados por falta de quórum y, con el alejamiento de los tres ministros, la Suprema queda al borde de una situación similar, ya que una acefalía más neutralizaría sus labores. No obstante, el Gobierno persiste en su decisión de lograr la renuncia del presidente de la Suprema, Eddy Fernández.
“La Corte Suprema va a quedar muy debilitada con sólo ocho miembros si es que el Congreso no decide hacer la designación. No puede quedarse una Corte Suprema sin el número de ministros que exige la ley (12) ”, advirtió ayer el ministro Ampuero, a pocas horas de terminar su mando que inició, junto a sus dos colegas, el 24 de marzo de 1999.
Dijo que la crisis se ahondaría si prospera el juicio por prevaricato contra Fernández, por presunta retardación de justicia en el caso denominado octubre negro.
Entretanto, la viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, se sumó ayer al pedido del presidente Evo Morales y del ministro de Defensa, Walker San Miguel, para que Fernández renuncie a su cargo.
“Sabemos que ha tenido reuniones públicas y privadas de conspiración contra el Poder Ejecutivo y con esto ha hecho un acto de pronunciamiento político, con aspiraciones en este campo, y lo que le corresponde por ética es renunciar y lanzar su candidatura presidencial”, afirmó.
De ocurrir aquello, la Suprema se quedaría con siete ministros y, según explicó Ampuero, en estas condiciones la sala plena no podría designar a vocales de las cortes de distrito ni aprobar juicios penales que se planteen contra diputados y senadores.
En el caso del TC, se encuentra limitado a labores administrativas desde hace más de un año y medio, en los que acumuló más de 3.500 causas pendientes. El Consejo de la Judicatura se encuentra en igual situación y tiene en lista de espera más de un centenar de procesos judiciales.
Para la única magistrada del TC, Silvia Salame, el Poder Judicial atraviesa el momento más difícil de su historia, debido a intereses políticos y, al igual que los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y del Beni, Ernesto Suárez, coincidió en que el Gobierno pretende “descabezar” al Poder Judicial con el juicio y las acusaciones contra Fernández.
El único consejero de la judicatura, Rodolfo Mérida, dijo que “cientos de procesos disciplinarios” contra vocales de las cortes, jueces y funcionarios judiciales están paralizados por falta de quórum reglamentario.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, René Martínez (MAS), dijo que a medida que se acerca diciembre se cierran las posibilidades para designar autoridades judiciales, aunque sugirió que en el caso del control constitucional se nombre una comisión colegiada para atender las causas pendientes.
Ampuero pidió el pronunciamiento público a favor de este órgano del Estado, “porque es la única garantía para asegurar la paz social, la tranquilidad y otorgar seguridad jurídica en el país”.
La Suprema se queda al filo de la paralización
El Deber
Riesgo. Tres magistrados concluyen hoy su mandato de diez años. Si prospera el intento de suspensión y el juicio al presidente Eddy Fernández o a otro de sus colegas, el Poder Judicial no tendrá quórum
Protesta. Walker San Miguel y Wilfredo Chávez (viceministro de Justicia) fueron el blanco de las críticas judiciales
La primera mujer elegida por el Congreso para ser ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Emilse Ardaya, cumple hoy su periodo constitucional de 10 años en el máximo tribunal boliviano y abandona el cargo junto al cruceño Héctor Sandóval, ex presidente de la CSJ, y el chuquisaqueño Jaime Ampuero. Esto, sumada a la renuncia de José González, sucedida el año pasado, deja a la Corte Suprema de Justicia con ocho miembros, número mínimo para desarrollar funciones, como autorizar los juicios de responsabilidades, nombrar magistrados del Tribunal Agrario Nacional o vocales de la Corte Superior de Distrito.
El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, aseguró ayer que el quórum de la Corte Suprema no corre peligro hasta, al menos, mediados de abril. Ese tiempo será el que se demorará el Comité del Ministerio Público de la Comisión de Constitución de Diputados en elevar al plenario el trámite del juicio contra el presidente de la Suprema, Eddy Fernández.
Dicho comité debe otorgarle el derecho a la defensa al ministro de la CSJ, luego votar el informe, que puede ser revisado por la Comisión de Constitución y ésta, a su vez, remitirlo al plenario, que tendrá cinco días para someterlo a aprobación. Todo este trámite demorará al menos 20 días, aunque se da por descartada su aprobación, ya que el Movimiento Al Socialismo tiene mayoría en todas las instancias. Al aprobarse, Fernández quedará suspendido hasta que el caso sea ventilado en la Cámara de Senadores.
Fernández está acusado de retardación y negación de justicia por el caso ‘octubre negro’, y los juicios contra el ex prefecto de La Paz Alberto Valle y el ex ministro de Salud, Tonchi Marinkovic.
La Corte Suprema de Justicia debe decidir si autoriza un juicio de responsabilidades contra diez diputados del MAS y la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, por denuncia de la magistrada Rosario Canedo, que ya fue elevada al máximo tribunal por la Fiscalía General de la República. Además, está pendiente la definición de un pedido de juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, solicitado por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que acusa al mandatario de participar en los actos de corrupción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El tema ya llegó a las calles. Ayer, funcionarios del Poder Judicial cerraron filas en defensa de Fernández y de la independencia de poderes, y salieron a manifestarse frente al edificio de la CSJ. Marcharon trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Agrario Nacional y Corte Superior de Chuquisaca, y emitieron un pronunciamiento ‘en defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho’.
En él advierten que “el Poder Judicial nunca se doblegó ante las arremetidas políticas de gobiernos despóticos y se mantuvo incólume, brindando seguridad y garantía jurídica a los bolivianos”.
Además, hicieron un llamado a la ‘población boliviana’ a movilizarse para preservar la justicia y su institucionalidad como instancia del Estado que se mantiene en pie de defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia.
El presidente del Tribunal Agrario Nacional, Luis Alberto Arratia, consideró como ‘juicio político’ el que siguen los diputados del MAS contra Fernández.
Por su parte, los familiares de las víctimas de ‘octubre negro’ anunciaron desde La Paz que se manifestarán contra Eddy Fernández, ya que lo consideran un personaje clave para que el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no se agilice.
Los heridos de la masacre de octubre anunciaron que iniciarán hoy una vigilia frente al Congreso Nacional para exigir la renuncia de Fernández.
Ejecutivo pide la renuncia de Fernández
La viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, pidió la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, y le sugirió que prepare su candidatura electoral, al considerar que se declaró político antes que magistrado.
“Sabemos que ha tenido reuniones públicas y privadas de conspiración contra el Poder Ejecutivo y con esto ha hecho un acto de pronunciamiento político, con aspiraciones en este campo, y lo que le corresponde, por ética, es renunciar y lanzar su candidatura presidencial”, sostuvo Delgado, en declaraciones a ABI.
Fernández aseguró que la única política que ha ejercido en sus meses al frente de la CSJ ha sido institucional. “Tal vez el Gobierno crea que hicimos campaña por el No, pero el Poder Judicial se opuso al capítulo de justicia de la nueva Constitución, porque no fuimos tomados en cuenta”, dijo.
Para Delgado, que fue presidenta de la Comisión Poder Judicial en la Asamblea Constituyente, Fernández interpuso lo político a lo judicial.
El pedido de renuncia de Delgado contradice a lo expuesto la semana pasada por el ministro de Defensa, Walker San Miguel, que rechazó el alejamiento del cargo de Fernández y aseguró que ahora deberá afrontar un juicio que lo llevará hasta la cárcel.
Solicitan que el tema no se politice
Faustino Mayta, abogado de las víctimas de la masacre de ‘octubre negro’, pidió al oficialismo y a la oposición que no politicen el juicio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mayta es el que tramita el proceso contra Eddy Fernández a nombre de los 68 muertos y más de 400 heridos de los hechos violentos de octubre de 2003. Recordó que presentó la imputación ante la Cámara de Diputados en noviembre de 2008, cuando aún faltaban meses para el final del mandato de tres ministros.
Aseguró que unió el caso de octubre negro a los de ‘Chito Chatarra’ y Tonchi Marinkovic, porque los considera íconos de la corrupción en Bolivia y pueden quedar impunes por la retardación de justicia.
Mayta recuerda que, según la justicia boliviana, un proceso no puede durar más de tres años, por lo que el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros podría extinguirse. “En julio se cumplen tres años de la notificación contra los ex ministros Yerko Kukoc y Guido Áñez, que pueden extinguirse por retardación”, aseveró.
Es por eso que pide al oficialismo y oposición no salirse del marco legal para permitir que las ex autoridades tengan un debido proceso.
Magistratura investigará a dos jueces
Proceso. Sergio Cardona y Calixto Rodríguez fueron vistos en una reunión política del MAS
Prueba. La participación de uno de los jueces cuestionados en la cita masista está grabada en video, según se pudo ver
El Deber
Gustavo Ondarza
La representación regional del Consejo de la Magistratura, como se lo llama en el nuevo texto constitucional, iniciará una investigación administrativa a los jueces Sergio Cardona y Calixto Rodríguez por su presunta participación en una reunión política de abogados militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según Rogelio Chávez, responsable de la Unidad de Régimen Disciplinario de la indicada repartición, hasta ayer sólo tenían denuncias verbales del asunto, pero una vez que se formalicen, ya sea mediante una denuncia oficial o a través de la publicación de la noticia en un medio de comunicación escrito, se iniciará la respectiva pesquisa.
Cardona, en declaraciones a un canal de TV, no negó haber estado en dicha reunión, pero aseguró no ser militante de ningún partido político y que tampoco busca un cargo en otras instancias judiciales como la Corte Suprema, según se especula en el foro cruceño.
Por su parte, Rodríguez, en una consulta telefónica sobre la sindicación, señaló escuetamente: “No conozco, no sé de qué me habla”.
El pasado domingo en una de las sedes del MAS en Santa Cruz, ubicada en el cuarto anillo, casi av. Tres Pasos al Frente, se desarrolló un ampliado de los abogados masistas para elegir a su nueva directiva regional por los siguientes dos años. En la oportunidad, de acuerdo con las imágenes televisivas, se ve a Cardona participando de la misma.
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dijo que ante tal evidencia decidieron denunciar al juez porque está vulnerando el art. 6 de la Ley de Organización Judicial, en el que se prohíbe que los funcionarios judiciales participen en actividades políticopartidarias. La acción será respaldada por el Colegio de Abogados de Bolivia, presidido por Edwin Rojas. “Pediremos a las autoridades correspondientes que pongan freno a esta situación porque no puede ser que un juez ponga la justicia al servicio de un partido político”, apuntó Rojas.
Según Chávez, una vez que se inicie la investigación administrativa se verificará si los denunciados estaban en actividades que les prohíbe su investidura. La indagación dura de uno a 45 días, tiempo en el cual los denunciados continuarán ejerciendos sus labores.
Si en ese lapso se encuentran los elementos suficientes para un proceso, se los acusará formalmente y entonces cesarán automáticamente en sus funciones hasta que se dicte sentencia, medida que debe darse en un plazo máximo de 10 días según señalan las normas, explicó.
También habrá un reclamo ante la Fiscalía de Distrito
Los dirigentes de los colegios de abogados de Santa Cruz y de Bolivia también harán conocer su voz de protesta ante la Fiscalía de Distrito, ya que hay versiones y evidencias que confirman que algunos fiscales en ejercicio están realizando actividad política.
Así lo hizo saber Fernando Cuéllar, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, que espera que el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, tome cartas en el asunto.
Voceros de esa repartición señalaron que hasta ayer no había llegado reclamo alguno, aunque supieron que en la reunión de abogados del MAS participaron ex fiscales, pero ninguno en actual ejercicio.
En todo caso, indicaron, si hay alguna persona o institución que tenga la denuncia con las pruebas respectivas, tendrá que hacerla conocer por los canales correspondientes.
El tema ha cobrado notoriedad porque representantes del Gobierno está empecinado en llevar a juicio al presidente de la Suprema, Eddy Fernández, al que acusan de prevaricato.