Yapacaní. 68 personas, entre ellas tres menores, fueron aprehendidas por la Policía en el operativo de restitución de David Carvajal como ejecutivo municipal. Hubo choques, gasificación y sigue la tensión.
Retorno. David Carvajal (centro), cuando ingresaba a su despacho, después de tres meses de crisis en Yapacaní. Lo acompaña la jefa de la Policía y sus camaradas.
J.C. Fernández y L. Molina, El Deber
La acción policial que restituyó a David Carvajal como alcalde de Yapacaní, para cumplir un fallo judicial, fue el detonante para que se produjeran enfrentamientos entre pobladores y uniformados. El saldo es de 68 detenidos y un policía resultó herido, según el fiscal Felipe Molina. Los enfrentamientos en esa población de la provincia Ichilo continuaban hasta esta madrugada.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los dirigentes que se oponen a la continuidad de Carvajal, entre ellos Cirilo Sonabi, de la Federación de Colonizadores, cuestionó a las autoridades del Gobierno nacional, a las que acusó de parcializarse con el alcalde restituido y denunció injerencia política en el Poder Judicial para que el fallo favoreciera al burgomaestre.
Sonabi formuló su denuncia en un lote baldío en las afueras de Yapacaní, no en la sede de los colonizadores, y estaba acompañado por otros representantes de los sectores agrupados en el comité interinstitucional.
Mientras tanto, el Ministerio Público dictó órdenes de aprehensión contra tres concejales que se declararon en la clandestinidad. Según los rivales de Carvajal, se trata de una medida que apunta a dejar el Concejo Municipal sin ediles contrarios al repuesto alcalde. Los concejales buscados por la Policía son Federico Ortiz y Felipe Quiroga (ambos del Movimiento Al Socialismo) y Lorenzo Vera (Movimiento Sin Miedo).
El asambleísta del MAS por la provincia Ichilo, Edwin Muñoz, negó que se persiga a los concejales opositores y puntualizó que se los busca por dictar leyes contrarias a la Constitución y porque el primero de los nombrados tiene una sentencia de tres años por agresión a una persona de la tercera edad.
Sin embargo, su colega masista por la provincia Santistevan, Patrocinio Zenteno, condenó la represión policial y sostuvo que el conflicto no es más que la muestra de la división del partido oficialista y que debe ser resuelto por un alto dirigente del MAS.
Piter Gutiérrez, dirigente de los transportistas, apuntó que “lo que pase a partir de ahora será lo que decida el pueblo. No queremos a un alcalde que ha venido a dividir, que ha causado represiones y enfrentamientos solo por gobernar a su capricho”.
El alcalde Carvajal, que llegó a su despacho a las 12:00, pese a que la intervención policial comenzó a las 3:00, convocó a los sectores a dejar de lado las confrontaciones. Reconoció que le espera una dura gestión al no tener apoyo de los concejales y porque las cuentas municipales están congeladas. El ingreso de Carvajal a la Alcaldía se dio con policías custodiándolo, entre ellos la propia comandante departamental, Lily Cortez. Una notaria ingresó para tomar nota de lo que encontró en el despacho.
Los 28 detenidos en la incursión policial de la madrugada, entre ellos dos menores, fueron trasladados a Montero y denunciados por los delitos de convulsión social, sedición, tentativa de homicidio, y asociación delictuosa. La imputación será por maltrato a un policía y por provocar disturbios.
El fiscal Felipe Molina dijo que entre los manifestantes detenidos se decomisaron armas, bombas incendiarias y dinamita.
Cerca de las 21:00 se dio cuenta de la detención de otras 40 personas que debían ser trasladadas a Montero para llevarlas ante un juez por los mismos delitos.
Cerca de las 19:00 horas se observó la llegada de alrededor de 300 policías procedentes de Cochabamba que fueron traídos para sumarse a los más de 400 agentes que en la madrugada del lunes tomaron el control del pueblo.
68 presos en posesión de armas
68 personas fueron aprehendidas ayer en Yapacaní. Por la mañana, se detuvo a 28 y se prevé que sean cauteladas hoy en Montero.
Otras 40 fueron arrestadas anoche.
La denuncia contra el primer grupo fue presentada por la comandante departamental de la Policía, Lily Cortez, por lesiones contra un efectivo, que fue agredido por la turba contraria al alcalde David Carvajal.
De acuerdo con el informe del fiscal Felipe Molina, el policía agredido fue utilizado como “rehén para negociar; lo golpearon y arrastraron por las calles”. Dijo que se encontró a personas portando armas de grueso calibre, bombas molotov, rifles y dinamita.
“Por ello, la denuncia está interpuesta por los delitos de convulsión social, sedición, tentativa de homicidio y asociación delictuosa. Además que se los encontró en flagrancia”, develó el fiscal Molina. De igual forma, aclaró que se hará la imputación por maltrato al policía y por provocar disturbios. Molina destacó que el uniformado fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz, pues su estado de salud es grave.
Se conoce que entre los arrestados hay dos menores de edad.
Los efectivos que trasladaron a los aprehendidos no descartan que se trate de gente reclutada en la capital cruceña y que fue enviada a Yapacaní para provocar disturbios.
El coordinador de la comisión de fiscales conformada en Montero, Rubén Salazar, anticipó que la audiencia cautelar se desarrollará en esta capital norteña, no en Yapacaní. /LM
Problema de legalidad y legitimidad
Gustavo Pedraza / Analista
En el conflicto surgido en Yapacaní se observa un desencuentro entre la legalidad y la legitimidad, pues está claro que el alcalde restituido es una persona que ha perdido la legitimidad y la confianza de quienes lo eligieron. Por otro lado, ha sido restituido por la justicia.
Lo malo es que no hay un mecanismo jurídico que contemple una destitución por pérdida de legitimidad y ello genera dificultades porque en este caso, los pasos que dieron los pobladores para cambiar al alcalde no se ajustan a las leyes. A lo mejor sería bueno que el burgomaestre renuncie para que la tranquilidad vuelva a Yapacaní.
Considero que el MAS tiene la responsabilidad de contribuir para la solución del conflicto, que no se resuelve con el despliegue de 700 policías ni el apresamiento de 80 personas. Es un problema orgánico del MAS y de sus bases.
Ambos bandos plantean un revocatorio
Juan Carlos Fernández
Con una intervención policial, desde ayer volvió a ocupar el sillón de ejecutivo municipal de Yapacaní David Carvajal, que desde el 29 de diciembre del año pasado tenía a su favor un fallo judicial que lo restituía en el cargo tras casi dos meses de haber sido despojado del mismo por las presiones de instituciones locales que cuestionaron la baja ejecución de obras proyectadas en el POA 2011.
Una vez tomó posesión de su oficina, el burgomaestre dio una conferencia de prensa en la que aseguró que vuelve con la idea de trabajar con todos los sectores del municipio.
“De seguro será difícil dar contento a todos, pero yo les pido a los interculturales, ancianos, jóvenes, dirigentes vecinales y a todas las organizaciones que busquemos trabajar de forma coordinada para bien del pueblo”, aseveró Carvajal
Mientras se esperaba el ingreso del alcalde, a través de algunos emisarios los dirigentes del comité interinstitucional convocaron una conferencia de prensa, que se desarrolló en un barrio alejado del centro de Yapacaní.
Los que guiaron a la prensa al lugar dijeron que los líderes de la oposición al alcalde Carvajal se encuentran en la clandestinidad. Este extremo fue negado por Cirilo Sonabi, dirigente máximo de las comunidades interculturales y del comité de instituciones que rechazan el regreso de Carvajal a la Alcaldía.
Por su lado, Elva Vidal, dirigente de las juntas vecinales, aseguró: “No vamos a permitir que la Policía, Fiscalía o los jueces encarcelen a personas que defienden el bien para el pueblo como autoridades o simples vecinos. Es la población la que se va a levantar para hacer escuchar su voz”, sentenció la mujer.
Aunque con apreciaciones diferentes, tanto el alcalde de Yapacaní, que reasumió su cargo ayer, como los miembros del Comité Interinstitucional, que se opone a que continúe al mando del municipio, coinciden en que una salida al problema puede ser el revocatorio de mandato de todas las autoridades edilicias.
Carvajal dijo que no descarta someter su mandato a un referendo para que sea la población la que decida su continuidad o el cese en sus funciones, pero aclaró que a este proceso deben sumarse los concejales, para que sea una solución real al conflicto.
A su vez, Cirilo Sonabi anunció que una de las medidas que plantearán en el cabildo que organizan para mañana será solicitar que todas las autoridades electas en el municipio renuncien para que por medio de los votos en una elección democrática se elija a los nuevos representantes ciudadanos.
“Vamos a ver qué apoyo recibe esta propuesta entre los pobladores, porque son ellos los que deben decidir sobre el futuro de este municipio y no gente de afuera o lo que los gobernantes nacionales dispongan”, dijo el dirigente de los colonizadores.
Datos
– Origen. El conflicto comenzó el 14 de noviembre con una marcha de apoyo de los colonizadores de Choré al alcalde. Un día después, los contrarios realizaron un cabildo y decidieron el cambio de David Carvajal.
– Medidas. El denominado comité interinstitucional que propugna el cambio inició un bloqueo que se prolongó por nueve días, cuando un contingente policial trató de abrir paso.
– Negativa. Pese a las medidas de presión para que renuncie, Carvajal se resistió e interpuso un amparo constitucional ante la justicia, que se pronunció a su favor el 29 de diciembre.
– Vigilia. Desde ese día se instaló una vigilia en la puerta de la Alcaldía para evitar el ingreso del burgomaestre, que ayer fue restituido en una acción policial con cerca de 500 efectivos.