Por los 3 muertos en ‘la masacre de Yapacaní’. El MSM afirma que el presidente Evo Morales es el "responsable político" de los hechos. El gobierno dice que no cumplió papel alguno en el conflicto de ese municipio cruceño. Yapacaní bloquea para conseguir sanciones contra autoridades.
Demanda penal por muertos y violencia en Yapacaní
EL DÍA.- El Movimiento Sin Miedo (MSM) anuncia un proceso contra tres ministros y dos jefes policiales. Afirma que el presidente Evo Morales es el "responsable político" de los hechos. El gobierno responde y dice que no tiene temor. Ayer fueron enterrados los tres fallecidos en los hechos del miércoles. Los investigadores forenses entregarán su informe en dos semanas. Hay amenaza de bloqueo si no se libera a los detenidos.
Mientras en Yapacaní enterraban a los tres muertos y realizaban la reconstrucción de los hechos, en La Paz y Santa Cruz el Movimiento Sin Miedo culpó de la violencia y los hechos sangrientos al presidente Evo Morales y anunció una querella penal en contra de los ministros de Gobierno, Wilfredo Chávez; de la Presidencia, Carlos Romero; de Autonomías, Claudia Peña; además del comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban y la comandante Departamental de Santa Cruz, Lily Cortez Ávalos, por los hechos sangrientos en Yapacaní.
En La Paz en conferencia de prensa, Del Granado se dirigió al presidente Evo Morales para exigirle que destituya a los ministros involucrados en el conflicto de Yapacaní para que puedan ser procesados por la Fiscalía.
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‘Masacre de Yapacaní’. La muerte de al menos tres jóvenes en Yapacaní y la existencia de casi un centenar de heridos debido a la represión policial del pasado miércoles fue calificada por Del Granado, como la "masacre de Yapacaní" y denunció que el principal responsable político es el presidente Evo Morales y anunció que se está iniciando un juicio penal contra tres ministros y dos jefes policiales.
Mientras tanto en Santa Cruz, el diputado del MSM, Fabián Yaksic, estuvo acompañado de la concejal de ese partido del MSM, Guida Gallardo, y anunciaron que hoy presentarán la demanda en la Fiscalía por homicidio, lesiones graves y leves y violación a los derechos humanos.
Sin miedo. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, respondió después que el Gobierno no tiene miedo al proceso anunciado por el líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado y recordó que cuando éste era diputado del MNR, su partido resolvía “sus diferencias utilizando la represión” e imponiendo a la fuerza sus políticas como por ejemplo la capitalización.
Asimismo, la comandante departamental de la Policía, Lily Cortez, que apareció con gafas oscuras ayer y celosamente custodiada, pidió a los periodistas que se preocupen por los policías emboscados.
“Soy policía profesional, no política”, dijo y anunció que no tiene porqué renunciar a su cargo como le piden varios sectores.
Violencia
Se multiplican pedidos de justicia
Iglesia. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica condenó ayer la violencia y pidió una investigación seria e imparcial.
Derechos Humanos y Defensoría. Una comisión de Derechos Humanos fue comisionada para trasladarse hasta Yapacaní a investigar los hechos, donde se halla también una delegación del Defensor del Pueblo. La ONU también se ofreció a coadyuvar con la investigación.
Gobernación. Rubén Costas, de Santa Cruz, le pidió ayer al presidente Evo Morales que responda y no busque chivos expiatorios.
Los que serán demandados son:
Ministro de Gobierno. Wilfredo Chávez dijo que según la cronología en el operativo en defensa del patrimonio estatal el miércoles la Policía estuvo hasta las 6 de la tarde y a las 19.40 cuando se retiraba sufrió una emboscada con escopetas.
Ministro de la Presidencia. Carlos Romero fue acusado de apoyar al alcalde David Carvajal a pesar de la oposición del pueblo. Dijo que en todo momento estuvo buscando la pacificación entre ambos bandos y que tiene documentos.
Ministra de Autonomía. Claudia Peña dijo que está totalmente abierta a ser investigada por los hechos en la localidad de Yapacaní. Peña asegura que no fue un error defender la legalidad del ahora exalcalde David Carvajal.
Comandante nacional. El general Jorge Santiesteban fue visto en Yapacaní y dijo que “estaba de mirón”. Fue un día antes de los enfrentamientos que provocaron tres muertos. En La Paz aseguró que los policías no usaron armas letales.
Comandante departamental. La coronel Lily Cortez es acusada de disparar su arma de fuego contra Abel Rocha. Ella lo negó ayer y dijo que los policías no usaron armas letales. "No voy a renunciar porque no soy política", dijo a regañadientes.
Punto de vista
Emilio Martínez
Escritor y Analista Político
Van casi 100 muertos por comisión u omisión"
“Alrededor de un centenar de muertos en hechos de violencia política es el saldo del gobierno de Evo Morales hasta la fecha.
A manos de la fuerza pública (La Calancha y otros) o resultado del accionar de grupos sociales vinculados al partido oficialista (Christian Urresti en Cochabamba, Oshiro y Céspedes en Porvenir, Edson Ruiz en Tiquipaya)
Por otra parte, tenemos las muertes en conflictos donde se produjo una omisión de intervención estatal (Huanuni, donde a pesar de las advertencias el vicepresidente García Linera dijo sarcástico que él “pondría los cajones”; y los muertos de Yapacaní vienen a engrosar la luctuosa lista.
Al margen de las responsabilidades por actos de las fuerzas policiales, militares y sindicales, cabe subrayar la responsabilidad como generador de tensiones alimentadas por el estilo incendiario del presidente. Morales llegó al poder prometiendo que renunciaría si había un solo muerto en su gestión. Tal vez va siendo hora de que cumpla su promesa.
Yapacaní bloquea para conseguir sanciones
Tensión. En medio del entierro de sus tres muertos, vecinos de Yapacaní iniciaron el cierre esporádico de la vía. Piden la salida de tres autoridades.
Investigación. Los especialistas comenzaron ayer a verificar toda fuente de información para establecer la verdad
Carmela Delgado. Yapacaní, El Deber
Con un bloqueo esporádico de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, un grupo de vecinos de Yapacaní cerró una jornada intensa que comenzó con la investigación forense para establecer responsabilidades por la muerte de tres personas durante los enfrentamientos ocurridos el miércoles entre la Policía y un sector vinculado al MAS que exigía la renuncia del alcalde David Carvajal.
Dos peritos del Instituto de Investigación Forense llegaron de La Paz para levantar las evidencias de los cadáveres en el lugar de los hechos. Simultáneamente, una comitiva de la Defensoría del Pueblo realiza investigaciones para determinar si hubo violación de los derechos humanos durante este conflicto, en el que murieron tres personas.
Entre las evidencias que levantó el equipo de peritos en balística, compuesto por Guillermo Humérez, experto en fotografía, planimetría y dibujo forense, y Franklin Vargas, especialista en balística, se encuentran una vaina servida de munición 12 mayor, siete esferas de metal pequeño, dos fragmentos de proyectiles que estaban en el piso y un objeto metálico de entre tres y cinco milímetros que fue extraído del cuerpo de Abel Rocha. La comisión espera contar con un informe dentro de 20 días.
Los peritos llegaron la madrugada de ayer e iniciaron el trabajo desde las 11:00 en compañía del fiscal Felipe Molina. Antes de comenzar la recolección de evidencias fueron a la oficina de la Federación de Interculturales para pedir colaboración y designaron a Iver Campero para que los acompañe a los lugares donde ocurrieron los hechos.
A las 13:00 se trasladaron al coliseo donde velaban los restos de Abel Rocha Bustamante (27) y de Maicol Sosa Apata (23), para revisar los cuerpos y los impactos que recibieron. Además, recogieron la ropa con las que se encontraban las víctimas al momento del deceso. El cuerpo de Rocha fue llevado nuevamente a la morgue para que le extrajeran un objeto metálico del brazo derecho y varios fragmentos de los perdigones que tenía en el cuerpo.
El fiscal Molina dijo que todo el levantamiento se hizo con las respectivas actas y esperan la declaración de los testigos. Anunció que solicitarán, a través de un requerimiento, las evidencias de una polera y unas chinelas que están en manos del periodista de Yapacaní José Daza, que asegura que esa víctima cayó a su lado por el kilómetro 2, cuando estaba la refriega, pero desconoce si el mismo fue derivado a Santa Cruz.
De forma paralela, una comitiva de cinco representantes de la Defensoría del Pueblo de La Paz, uno de Chapare y otro de Santa Cruz, se encuentra recolectando evidencias y testimonios para determinar si hubo violación de los derechos humanos, informó Celso Parada Paredes, de la representación cruceña.
Durante toda la jornada la recolección de pruebas y los sepelios de los tres fallecidos captaron la atención de los habitantes de Yapacaní. Al finalizar la tarde, después del entierro de Maicol Sosa, el Comité Interinstitucional realizó el bloqueo esporádico como una advertencia de lo que se vendrá desde lunes si es que no liberan a los dirigentes detenidos y se destituye a la comandante departamental de la Policía, Lily Cortez.
En la jornada
– Posición. El gobernador Rubén Costas pidió a las autoridades del Gobierno que asuman el caso de Yapacaní con responsabilidad y que eviten las imposturas para que se esclarezcan los hechos.
– Pedido. Naciones Unidas solicita eficiencia y transparencia en la investigación de la represión policial en Yapacaní que causó el miércoles tres muertos y más de 50 heridos en un cabildo para exigír la renuncia del alcalde.
– Denuncia. La concejala Guida Gallardo, del MSM, anunció ayer una demanda contra David Carvajal, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez; la comandante de la Policía de Santa Cruz, Lily Cortez y el general que comandó el operativo, por la ‘masacre’ de Yapacaní.
– Oficio. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, instruyó el inicio de una investigación para establecer las violaciones de los derechos humanos.
– Decisión. La Cámara de Diputados rechazó la propuesta del diputado Tomás Monasterio, de CN, de conformar una comisión para investigar los sucesos registrados en Yapacaní.
Reciben a los policías con honores
El comando de la Policía de Cochabamba recibió ayer con honores y elogios al contingente que actuó en el cumplimiento de una orden judicial en la localidad cruceña de Yapacaní, cuyos 140 efectivos aseguran que el miércoles fueron hostigados, atacados e incluso heridos por una turba de personas violentas.
"Creo que los hechos suscitados en Yapacaní dan muestra clara de que el policía está para servir a la sociedad", afirmó el comandante Óscar Alvis, en la sede policial.
Destacó su convencimiento de que las instrucciones recibidas por su personal durante el año pasado sirvieron para que demuestren valentía y heroísmo en el desempeño de las funciones encomendadas.
El miércoles tres personas murieron durante los enfrentamientos entre la Policía y un grupo de manifestantes que exigió la renuncia del alcalde David Carvajal. Dos de los fallecidos murieron tras recibir disparos de armas de fuego, uno de escopeta y otro con una bala calibre 9 mm, según el informe médico forense.
El comandante regional del trópico de Cochabamba, José Sánchez, lideró el contingente y dijo que los efectivos actuaron con equipo antimotín, sin armamento letal, en el cumplimiento de una orden judicial para restituir en su cargo a un alcalde electo. /ABI
Ministro Romero niega acciones en Yapacaní
Una posición oficial.
La Prensa, La Paz.- El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, aseguró ayer que el Gobierno no cumplió papel alguno en el conflicto del municipio cruceño de Yapacaní y que las denuncias de corrupción en contra del alcalde David Carvajal siguieron un curso regular y fueron enviadas al Ministerio de Transparencia Institucional.
El 11 de enero recién pasado, una movilización de los pobladores de Yapacaní, que exigía la renuncia del Alcalde de la localidad, fue reprimida por la Policía con el saldo de tres muertos y más de una centena de heridos. David Carvajal presentó su renuncia en la madrugada del jueves 12.
“El Gobierno no puede intervenir en entidades autónomas y eso se le ha dicho a la gente de Yapacaní. El Gobierno nacional sólo pidió que se respete la ley, y si hay denuncias, que las presente al Ministerio Público”.
El diputado Franklin Garvizu (MAS) denunció que en varias oportunidades se reunió con el ministro Carlos Romero para denunciar los actos de Carvajal y el creciente malestar de la población de Yapacaní, sin que haya recibido respuesta alguna.
Romero reiteró que en varias oportunidades intentó reunirse con los pobladores y con los representantes del Comité Interinstitucional, pero sus integrantes “nos pedían como condición para sostener cualquier diálogo que llevemos la carta de renuncia de Carvajal”.
Aseveró que se enviaron cartas para indicar que la única forma legal de sustituir a un alcalde es mediante la convocatoria a un referendo revocatorio de acuerdo con lo determinado por el Órgano Electoral.
Reiteró que el Gobierno no cumplió rol alguno en la reposición de Carvajal como autoridad edil, pues ésa fue una decisión de la Sala Penal Primera de la Corte de Distrito de Santa Cruz.
Recordó que un movimiento similar ocurrió en 2008 contra el alcalde Carlos Fernández.
Juicio del MSM. Juan Del Granado, jefe del Movimiento Sin Miedo, anunció ayer que iniciará una demanda penal ante el Ministerio Público en contra de los ministros de Gobierno, Wilfredo Chávez; de la Presidencia, Carlos Romero; de Autonomías, Claudia Peña; además del comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, y la comandante Departamental de Santa Cruz, Lily Cortez Ávalos, por los hechos de Yapacaní.
El ministro Romero respondió que no teme a proceso alguno que sea iniciado “por un parlamentario de Gonzalo Sánchez de Lozada que aprobó la capitalización”.
Posteriormente, descalificó el trabajo del MSM y sostuvo que sus dos concejales fueron parte del conflicto de Yapacaní, porque alentaron a los sectores radicales de la localidad.