PULSO 22-29 de marzo 2009
Daniela Espinoza M.
Las piedras en el camino autonómico podrían rezagar el proceso. Pocos lo recuerdan, pero desde hace dieciseis años –1993– que Santa Cruz comenzó a plantear la demanda de autonomía. Entonces no encontró mucho eco, ni siquiera en las fuerzas políticas “liberales” que predominaban en la época, como el MNR, el MIR y ADN, partidos que se dieron por satisfechos con las reformas constitucionales emergentes de los acuerdos del 9 de julio de 1992. La izquierda de la época no ejercía ninguna influencia ni tenía un criterio claro sobre la profundización del proceso de descentralización administrativa.
Casi dos décadas después ha corrido mucha agua bajo el puente y aunque los avances en dirección a las autonomías son innegables, no es menos evidente que el proceso podría demorar mucho más, al extremo que hay quien dice que Santa Cruz y las otras cuatro regiones que aspiraban a tener más competencias y recursos, deberán esperar hasta las “calendas griegas” para concretar ese objetivo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Las incompatibilidades entre la CPE aprobada el 25 de enero y los estatutos sometidos a referéndum por las regiones son tan profundos, que va a tomar un largo tiempo construir acuerdos políticos que viabilicen un modelo autonómico que resulte satisfactorio para todos. Y en esto, la polarización también ha tenidos sus consecuencias, porque mientras las fuerzas oficialistas han convertido la autonomía en una suerte de incómoda bandera neoliberal, la oposición la enarbola como su principal consigna.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, dice que el Gobierno quiere darle velocidad al proceso, pero afirma que ello depende sólo de la capacidad de concertación de los actores que forman parte del sistema político. “Debemos estar concientes de que el proceso se retarda en perjuicio de las regiones y de las poblaciones que las habitan”, añade.
“Si bien es cierto que éste es el intento más serio de descentralización política en el país, no quiere decir que el camino esté allanado por su complejidad; obviamente puede ser un proceso que demore mucho tiempo si es que no agilizamos los acuerdos”, insiste Romero, mientras recuerda que procesos similares realizados en otros países demoraron bastante. En Colombia, por ejemplo, se aprobó en 1991 la descentralización, sujeta a una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que tardó cerca de dos décadas en constituirse. España demoró desde 1978 –prácticamente 20 años– para incorporar paulatinamente a las nacionalidades y regiones en el proceso autonómico.
Sin embargo, el principal responsable de las autonomías del Gobierno, asegura que la característica sustancial de este tipo de procesos son los “pactos permanentes”, única vía para resolver los puntos en conflicto. “Vamos a tener que pactar indicadores de medición de capacidad institucional para acreditar competencias, pactar la estructura fiscal financiera futura de las autonomías, pactar criterios para adecuar los estatutos a la CPE y otros puntos. Es decir que se requiere de acuerdos progresivos”, explica.
El senador de Podemos, Luís Vásquez, no cree posible la adecuación de los estatutos al nuevo texto, ya que éste reconoce las autonomías de una manera diferente. Por tanto, lo que corresponde para constitucionalizar el tema autonómico es; en primera instancia, nombrar un Tribunal Constitucional; posteriormente, elegir al órgano deliberante y, luego, aprobar el proyecto de estatuto autonómico para los departamentos, que deberá someterse a control de constitucionalidad y a votación popular.
“Si hacemos un cálculo de plazos, el proceso podría demorar como mínimo tres años, en el mejor de los casos”, asegura Vásquez a tiempo de deducir que siendo optimistas el país podrá contar, a principios de 2010, con una Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que deberá emitir una nueva Ley de Tribunal Constitucional que podría demorar un mínimo de seis meses. Posteriormente se deberá convocar a una selección interna para los miembros de este tribunal, que podría durar otros seis meses y finalmente un tiempo similar para la elaboración de los reglamentos de funcionamiento interno.
Para el experto en autonomías y gestor del proyecto autonómico cruceño, Juan Carlos Urenda, no es posible la compatibilización de los estatutos con la nueva CPE por las siguientes razones: “La nueva CPE ha creado un Estado centralista con autonomías. Un curioso experimento producto de haber concebido un régimen de autonomías sin creer en éstas. Hubo pues una conversión sin fe. La nueva CPE le otorga 83 competencias al nivel central del Estado, lo que constituye probablemente el catálogo constitucional de competencias para el nivel central más amplio del mundo. Asimismo, la nueva CPE no ha reconocido la gran mayoría de las competencias de los Estatutos”..
Recuerda que en la denominada Media Luna existe un mandato popular soberano, expresado en cuatro referendos, para la implementación de autonomías departamentales plenas, que no puede ser ignorado por las autoridades gubernamentales ni por las autoridades departamentales, pues es un mandato soberano que responde a una ingeniería constitucional “impecable”.
“Se deben conjugar las manifestaciones de la voluntad soberana de la Media Luna con la que predominó en el occidente del país que aprobó la Constitución, a efecto de edificar un pacto que respete ambos mandatos y de viabilidad al Estado boliviano”, señala el especialista.
Asimismo, añade que la manifestación de voluntad soberana en la Media Luna se ha expresado en cuatro referendos: “1) El referendo nacional vinculante para las autonomías departamentales del 2 de julio de 2006; 2) los referendos de mayo y junio de 2008 para la aprobación de los estatutos departamentales, en donde se precisó en forma milimétrica el tipo de autonomía reclamada; 3) el referendo revocatorio de 10 de mayo de 2008 en el que fueron ratificadas las políticas, acciones y gestión de los prefectos (cuyas políticas, acciones y gestión en ese momento estaban expresadas en los estatutos aprobados) y, 4) el referendo constitucional del 25 de enero de 2009 donde ganó el No en los cuatro departamentos de la Media Luna, en buena medida por oposición a una propuesta de texto constitucional que no coincidía con el espíritu de los estatutos aprobados”.
Los referendos realizados, añade Urenda “dieron un mandato claro, abundante, uniforme e inequívoco, en algunos casos sin parangón a escala mundial, como la aprobación del estatuto de Santa Cruz con el 85.6 por ciento”.
Con ese panorama, el especialista propone que, la resistencia a la implementación de una Constitución que no reconoce el mandato soberano por las autonomías departamentales, debe basarse en estructurar un frente sólido, unido, organizado, orgánicamente estructurado en la Media Luna para que, en alianza con sus adeptos en las capitales de los departamentos donde ganó el No, establezca un pacto con el Gobierno central, para que se respete el régimen de autonomías departamentales contenido en los estatutos aprobados.
“Ese pacto no cabe en el marco de la Constitución vigente, que establece un sistema centralista con autonomías hipócritas por disminuidas, por lo que debería plasmarse en una ley de reforma constitucional, a ser aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a efecto de modificar parcialmente la Constitución en base al artículo 411 II de la Constitución vigente, para luego ser sometida a referendo constitucional aprobatorio.
Un pacto con esas características respetaría las manifestaciones soberanas expresadas en todos los referendos”, insiste Urenda.
Superar las contradicciones
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, por su parte señala que para lograr avances en el proceso autonómico es imperioso superar las contradicciones, ya que los estatutos no pueden entrar en vigencia de manera directa o abstrayéndose de la CPE, “pretender aquello es postergar la autonomía, ponerle piedras en el camino”.
Asimismo, señala que si se parte del hecho de que los estatutos son normas institucionales cuyos contenidos especiales se refieren a la organización del autogierno y tienen valor de ley especial en el ordenamiento jurídico, éstos deben enmarcarse estrictamente en la CPE. “No pueden invadir temas de regulación de la Constitución y mucho menos proyectar contenidos contrarios a su texto. En ninguna parte del mundo se pueden operativizar las autonomías si las normas legales autonómicas contradicen el ordenamiento constitucional o se arrogan el carácter de leyes fundamentales”, añade.
Para el caso de las propuestas de Santa Cruz y de otros departamentos que han aprobado sus estatutos, el Ministro reconoce contradicciones con el texto de la Carta Magna, particularmente en lo relativo a las materias competenciales atribuidas a las autonomías, sobre todo con relación a la tierra y los recursos naturales.
Advierte también contradicciones con relación al modelo de desarrollo económico que se proyecta en la nueva CPE, en la que los sectores estratégicos de la economía están sujetos a control estatal, mientras que en los estatutos autonómicos se pretende retornar al esquema de los contratos de riesgo compartido que no se reconocen en el nuevo texto constitucional.
Lo mismo ocurre en los temas institucionales, señala Romero; los estatutos plantean una estructura de regulación sectorial que básicamente tiene la misma filosofía de las superintendencias, que son parte del esquema neoliberal. La nueva CPE, por el contrario, tiene la intencionalidad de retomar el control orgánico de los recursos naturales a partir del Órgano Ejecutivo.
¿Quién se hará cargo de la adecuación?
Tomando en cuenta el vacío institucional del Tribunal Constitucional y la todavía incierta conformación de la Asamblea Legislativa Plurincional, el Gobierno está pensando en una alternativa paralela que permita trabajar en un sistema de transición para el control de constitucionalidad.
Desde esa perspectiva, el ministro, Carlos Romero, asegura que el Gobierno está estudiando la conformación de una instancia “lo más participa y democrática posible” a nivel departamental que se haga cargo de la adecuación de los estatutos autonómicos a la nueva CPE.
Si bien Romero no quiso dar mayor información sobre la instancia a conformarse, señaló que la nueva CPE atribuye como postestad del órgano deliberativo la elaboración de propuestas autonómicas. “En un régimen de transiciones se podría acordar que estos órganos deliberativos actualmente equivalentes a los consejos departamentales tengan que ser complementados en su legitimidad. Complementados con las representaciones municipales, sociales, de las fuerzas vivas de la región y que podrían elaborar los estatutos para los departamentos que nos los tienen y, por su puesto, adecuar estatutos para aquellos departamentos que sí los tienen”, añade.
De cualquier forma, insiste, los estatutos deben reflejar los pactos de las regiones; es decir que se deben acordar los procedimientos y plazos para su elaboración o adecuación en la perspectiva de lograr una sincronización, de manera simétrica, en la implementación de las autonomías en todo el país. “Esto quiere decir que los nueve departamentos puedan seguir una ruta que más o menos les permita avanzar en los mismos ritmos”, enfatiza.
Según el senador de Podemos, Luís Vásquez Villamor, la propuesta gubernamental de conformar una instancia que se encargaría de adecuar los estatutos autonómicos al nuevo texto de la CPE no es sino una oferta de “violación del texto constitucional”. “Lo que le preguntamos al Gobierno es ¿vamos a cumplir lo que dicta la nueva CPE o la vamos a violar?”.