Investigación. Algunos procesos quedan en el camino. Tres instituciones piden no dar lugar a la impunidad
Los derechos humanos en Bolivia tienen por lo menos diez heridas abiertas. En los últimos cuatro años han ocurrido atentados contra ciudadanos, ya sea atizados por movilizaciones sociales o ejecutados supuestamente por fuerzas militares. Pero las investigaciones no han prosperado pese a que se han conformado comisiones nacionales e incluso internacionales.
Conmemoración. Los participantes en el homenaje en la Calancha. Foto archivo El Deber
El avance para sancionar a los culpables fue escaso. La preocupación ha sido manifestada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), la Defensoría del Pueblo e incluso por la internacional Human Rights Watch, que en su último informe ha dedicado un capítulo al país en el que señala una falta de rendición de cuentas a la violación de los derechos en Bolivia.
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Los hechos violentos han sonado en los medios cuando se produjeron, y después, casi un silencio sepulcral. En la lista de esas heridas está el caso Caranavi, la agresión a periodistas de Unitel, el bombazo en un canal de televisión de Yacuiba y la muerte de un pastor en el aeropuerto de Cobija, como también lo ocurrido en La Calancha, la revuelta en Cochabamba, el enfrentamiento en Porvenir entre campesinos, las recientes muertes en Yapacaní y el caso del subteniente Grover Poma, que murió tras participar de un ejercicio de boxeo en la Escuela de Cóndores de Sanandita.
Para Yolanda Herrera, presidenta de Apdhb, el hecho de que las investigaciones no han prosperado para encontrar a los culpables erosiona a la sociedad boliviana y contribuye a la impunidad.
Lo que está ocurriendo en Bolivia ha traspasado las fronteras. Human Rights Watch, en su reciente informe, recuerda que existen prolongadas demoras en el juzgamiento de los responsables de los asesinatos ocurridos durante marchas y manifestaciones en los últimos años.
Además, señala que una serie de leyes sancionadas en 2010 y 2011 puso en riesgo la posibilidad de que los medios de comunicación puedan plantear libremente sus críticas al Gobierno.
El informe pone énfasis en lo que ocurrió en septiembre de 2011, cuando policías equipados para combatir disturbios utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que marchaban a favor del Tipnis.
“Más de 100 manifestantes resultaron heridos, según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia”, enfatiza la Human Rights Watch.
La creación de comisiones de parlamentarios o de miembros de organizaciones internacionales ha intentado acelerar las investigaciones de los hechos de violencia, pero hasta ahora no se han visto los resultados de una forma contundente.
La presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, dijo que la labor del parlamento es la fiscalización y que esta institución nunca va a remplazar la tarea del Ministerio Público y del órgano judicial. “Lo que sí tiene capacidad y posibilidad de hacer es fiscalizar que estos procesos se den de manera pronta y que no haya posibilidades de impunidad”, dijo Montaño.
Pero también hubo interés internacional para tratar de aclarar algunos temas. Eso ocurrió tras las muertes en Porvenir el 11 de septiembre de 2008. Una comisión de Unasur investigó la masacre de Pando y entregó el informe de las pesquisas lo que llevó a calificar el hecho como crímenes de lesa humanidad. Pero pese a ello esos crímenes no han sido aclarados y ese informe incluso ha sido cuestionado por la oposición.
Cada uno de estos casos de violaciones a los derechos humanos tiene una historia de atraso o de olvido. Por ejemplo, según investigaciones en instancias judiciales, los procesos para investigar las muertes de Christian Urresti y los campesinos Juan Ticacolque y Luciano Choque, (en los enfrentamientos de Cochabamba) están al borde de ser archivados.
Sobre el asesinato de Christian Urresti, el Ministerio Público dispuso en tres oportunidades el archivo de obrados, por no existir indicios o elementos de convicción para el esclarecimiento de este crimen. Por su parte, la Fiscalía informó que el caso Urresti es muy delicado, ya que no se pudo identificar a los autores de su muerte.
Similar suerte han corrido otros hechos de violencia que terminaron en muerte o en alguna violación a los derechos humanos (ver cuadros).
Para el excomandante de la Policía de Santa Cruz Rolando Fernández, donde existen delitos con cierto trasfondo político generalmente se convierten en procesos lerdos porque no es fácil investigar por la cantidad de personas involucradas. “Además, tratar de reconstruir la escena del crimen es muy complicado”.
El fiscal de distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, considera que muchas de las investigaciones señaladas anteriormente están avanzando, como ser la de Yapacaní y el de Caranavi en la que él ha participado.
Para el defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentablemente, por diferentes móviles, la impunidad se impone a la justicia. Considera que esto hace que los niveles de confianza de la comunidad sea cada vez más lejana, puesto que en muchos casos no se ha terminado toda la fase de las investigaciones.
Casos
Fallecidos en Caranavi
En mayo de 2010 murieron Fidel Mario Hernany Jiménez, un joven estudiante de 19 años, que agonizó dos días tras ser impactado por un proyectil, y David Callisaya, estudiante de secundaria que recibió varios disparos, en ambos casos atribuidos a una represión policial. Familiares de los fallecidos exigen justicia y denuncian la intervención policial que terminó con un bloqueo de caminos de 12 días, cuyo fin era exigir al Gobierno la instalación de una planta procesadora de cítricos.
Los golpes en Chaparina
La represión policial a los marchistas del Tipnis del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina no ha sido sancionada judicialmente, aunque hay que aclarar que está dentro de los plazos procesales. Hasta ahora la justicia determinó la detención domiciliaria del ex subcomandante general de la Policía general Óscar Muñoz y en la política el Gobierno destituyó a Sacha Llorenti del Ministerio de Gobierno.
El pastor que cayó en el aeropuerto pandino
Luis Antonio Rivero, un pastor evangélico, de 54 años, cayó en el aeropuerto de Cobija (Pando) en septiembre de 2009, cuando esa terminal estaba siendo tomada por militares. El hombre estaba desarmado, tratando de bajar los ánimos de la población y los uniformados. La Brigada Parlamentaria cruceña anunció la solicitud ante el Ministerio Público de la investigación sobre Rivero. Este hecho que terminó con la vida de una persona no ha sido resuelto
Las muertes de Cochabamba, al archivo
El 11 de enero de 2007 murieron el estudiante Christian Urresti y los campesinos Juan Ticacolque y Luciano Choque en los enfrentamientos ocurridos en Cochabamba. La familia de Urresti dijo que presentó una solicitud exigiendo la continuidad del proceso para que lo ocurrido no quede en la impunidad porque se sabe que el proceso judicial para esclarecer esas muertes está por ser archivado.
Tres víctimas en Yapacaní
Si bien los hechos de violencia ocurrieron este mes, hay quienes consideran que las investigaciones por la muerte de tres personas, están lentas. El Ministerio Público informó de que medio centenar de personas, entre policías, dirigentes y pobladores, serán citados a declarar por los hechos. Por otra parte, la Alcaldía, que era el motivo de la discordia, ya está siendo gobernada por Senobio Meneses, que reemplaza a David Carvajal.
Un golpe a la prensa quedó en el olvido
El 5 de septiembre de 2009 el periodista Alberto Ruth y su camarógrafo Francisco Cuéllar, ambos de la red Unitel, presentaron una denuncia tras ser agredidos con armas de fuego supuestamente por un grupo de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), al mando del capitán Wálter Andrade. La situación ocurrió durante la cobertura periodística en la detención del empresario Nelson Vaca Gutiérrez. A pesar del tiempo, las investigaciones no han prosperado.
Silencio en Sanandita
El Senado Nacional pidió en agosto del año pasado que el caso del subteniente Grover Poma pasara a la justicia ordinaria, resolución que fue apoyada por la Defensoría del Pueblo pero rechazada por los militares imputados que incluso iniciaron una demanda a los legisladores. El 7 de febrero de 2011 Poma participó de un ejercicio de boxeo cuerpo a cuerpo en una materia de instrucción en la Escuela de Cóndores de la localidad de Sanandita. Sufrió graves lesiones que derivaron en su muerte.
Porvenir no olvida a sus víctimas
A tres años de las muertes en El Porvenir (Pando), no está esclarecido quién o quiénes son los culpables por la muerte de varias personas el 11 de septiembre de 2008 tras un enfrentamiento entre campesinos afines al Gobierno y la Gobernación de Pando. Mientras el ex prefecto Leopoldo Fernández, acusado de ser el principal autor de lo ocurrido, considera que es un preso político, el Gobierno insiste en que se preparaba un golpe cívico prefectural en el oriente del país.
El atentado a un canal de Yacuiba, sin culpables
A las 5:30 del 21 de junio de 2008, una explosión sacudió parte del frontis de un canal de televisión. El principal acusado como autor material del hecho fue un militar que relacionaron con el cuerpo de seguridad del Gobierno, cuyo nombre se conoció a pocas horas de lo ocurrido: George Peter Nava Zurita, subteniente de Caballería del Ejército. Él fue detenido a solo metros del hecho cuando chocó el motorizado que conducía, y en cuyo interior se encontraron detonadores y dos granadas de gas. Nava fue absuelto de toda responsabilidad. El Tribunal que llevaba adelante el juicio en su contra emitió sentencia absolutoria por falta de pruebas en contra del imputado.
Los hechos de La Calancha, sin respuestas
Han pasado cuatro años de la represión que sufrió la población de Sucre, aquel 23 de noviembre de 2007. El caso se lo conoce como La Calancha, donde fueron asesinados tres jóvenes universitarios y decenas de ciudadanos heridos. La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de incluir en el juicio por los sucesos de la Calancha a Alfredo Rada, exministro de Gobierno porque estuvo presente durante el enfrentamiento entre chuquisaqueños que pretendían evitar la aprobación de la nueva CPE y los efectivos policiales. También se supo que se anuló el juicio de privilegio y el excomandante de la Policía, Miguel Vásquez, será sometido a juicio ordinario.
El peligro de caer en la barbarie
Darwin Prado Paz / Analista jurídico
Cuando no se investiga ni se castiga a los culpables de un delito de carácter público, especialmente, si tienen implicancia de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, estas omisiones corroen a las naciones que son víctimas de tales hechos delictivos y el país cae en el desprestigio nacional e internacional.
Lo que es peor y peligroso es que los ciudadanos pierden la credibilidad en la justicia de su país, y prefieren hacer justicia por sus propias manos, esto implica caer en la barbarie.
Al parecer, Bolivia está transitando por ese mal camino, violando de esa manera la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes secundarias y los tratados internacionales, de los cuales Bolivia es signataria, como por ejemplo: La Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de Costa Rica, aprobado mediante Ley del 11 de febrero de 1993.
En toda investigación seria e imparcial se debe castigar a los verdaderos culpables, sin buscar chivos expiatorios, porque siempre existen autores materiales, cómplices, instigadores y a veces encubridores; de lo contrario, reitero, se corre el riesgo de caer en la barbarie.
Según La HRW
– Espera. Los juicios a líderes de la oposición, funcionarios de gobiernos locales y otras personas acusadas de asesinatos cometidos durante enfrentamientos violentos entre partidarios y opositores del presidente Morales han sufrido prolongadas demoras.
– Pendiente. En un caso que involucraba a un conscripto de 26 años, Gróver Poma, que murió en febrero de 2011 después de un ejercicio de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo —presuntamente, después de que los instructores lo golpearan en la cabeza y en el pecho— el Tribunal Supremo de Justicia Militar insistió en que un tribunal militar juzgara a los tres oficiales implicados en ese hecho de violencia.
Roberto Navia, El Deber