Santa Cruz. Abogados defensores de la presidenta del Concejo Municipal, Desirée Bravo, anuncian una apelación.
Desazón. La presidenta del Concejo exteriorizó su malestar porque el juez rechazó los incidentes planteados.
El Deber
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En una audiencia conclusiva que se extendió por más de ocho horas, ayer un juez declaró por concluida la etapa preparatoria del juicio contra la presidenta del Concejo Municipal, Desirée Bravo, disponiendo que se remita el cuaderno procesal del caso a un Tribunal de Sentencia de esta capital.
Con la decisión judicial de enviar a juicio a la edil, la Fiscalía anunció que pedirá ocho años de cárcel para Bravo, la pena máxima por los delitos que se le imputan.
La audiencia conclusiva, presidida por el juez Fernando Orellana, no estuvo libre de polémica. A las 9:30, cuando el acto debió iniciarse, el abogado defensor de Bravo, Roberto Capobianco, pidió su postergación mediante una nota, aduciendo problemas de salud. Pese al requerimiento del jurista y a que se declaró cuarto intermedio en dos ocasiones, la audiencia se llevó a cabo y concluyó pasadas las 17:45.
Además, en la primera parte del acto estuvieron presentes el fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, y un fiscal de recursos llegado desde Sucre, lo que fue interpretado por los defensores de la concejala como una forma de presionar al juez.
Sobre el tema, el fiscal del caso, José Luis Bravo, justificó la presencia de ambas autoridades señalando que el Ministerio Público está muy interesado en que el juicio prospere, ya que “la participación de una autoridad en la comisión de un hecho ilícito es un mal ejemplo para la sociedad”.
El representante fiscal acusó a la concejala por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho, por los que pedirán la pena máxima, de hasta ocho años de prisión.
“Esto es lo que perseguimos como Ministerio Público y esperamos que con todas las evidencias y elementos con que hemos apoyado la acusación, vamos a lograr esa sentencia”, dijo el fiscal.
Por su lado, Desirée Bravo cuestionó que su caso atraiga la atención de la Fiscalía General y de Distrito. “Ni en Yapacaní, que hubo tres muertos, hubo presencia de tantos fiscales”, expresó la autoridad edil.
El abogado defensor de Bravo, Roberto Capobianco, en contacto telefónico con EL DEBER, dijo que apelará la decisión del juzgador, porque, a su juicio, se está violentando el derecho de la concejala a la defensa y al debido proceso. La defensa de Bravo argumentó irregularidades procesales y planteó la nulidad de obrados.
El caso
– Denuncia. En julio de 2011, el fiscal Osvaldo Patiño denunció formalmente a Desirée Bravo por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por la supuesta falsificación de documentos para obtener su título de bachiller.
– Detención. El 24 de julio la presidenta del Concejo fue aprehendida por orden fiscal cuando prestaba su declaración y estuvo detenida en celdas de la Felcc por casi 30 horas, hasta que una jueza cautelar ordenó su libertad, con medidas sustitutivas a la detención (arraigo).