Mojeños, trinitarios, yuracarés y chimanes. El vicepresidente Álvaro García admitió ayer que fue un error del Gobierno no consultar al TIPNIS por vía
Consulta previa se hará a cuatro pueblos del TIPNIS
CONSENSO. Se definirá si el territorio es intangible o no, entre otros aspectos y las 63 comunidades del área de reserva serán consultadas.
Legisladores del MAS y dirigentes del Conisur discuten alcances de la nueva ley ayer. ABI
Página Siete / La Paz
La comisión de legisladores, integrada por los del gobernante MAS y los corregidores del Consejo Indígena del Sur (Conisur), acordaron ayer que la consulta previa se hará en los cuatro pueblos indígenas que habitan en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
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Este es uno de los siete artículos del proyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada (que tiene 11) que fue debatida y consensuada desde el viernes.
Sin embargo, el debate ingresó en cuarto intermedio hasta hoy, a las 15:00, debido a la negativa de los dirigentes de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) a participar de dicho diálogo, pues consideran que la elaboración de la ley de consulta previa es una forma de dejar sin efecto la ley corta.
De acuerdo con el documento, los pueblos indígenas mojeño, trinitarios, chimanes y yuracarés serán sujetos de la consulta porque habitan en el territorio indígena. El proceso será llevado adelante en 63 comunidades del TIPNIS por los ministerios de Agua y Medio Ambiente y Obras Públicas, según la presidenta del Senado, Gabriela Montaño.
La consulta tiene como objetivo determinar si todo el TIPNIS es zona intangible o no, establecer las medidas de salvaguarda para la protección del territorio y también las que sean destinadas a prohibir los asentamientos ilegales y definir la “mejor alternativa para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, dice el documento.
Asimismo, se prevé un plazo máximo de 90 días, a partir de la promulgación, para que se inicie el proceso. Montaño manifestó que una vez sea promulgada la norma “su aplicación debe ser inmediata”.
El oficialismo sostiene que la decisión se toma en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), porque los marchistas del Conisur no fueron consultados por la dirigencia de la VIII marcha de la CIDOB que promovió la promulgación de la ley corta, que prohíbe la construcción de la vía.
Sin embargo, la consulta previa, libre e informada es cuestionada y rechazada durante la caminata de septiembre de 2011 por el dirigente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, porque es “extemporánea”, toda vez que las obras en los tramos I y III ya comenzaron.
Vargas planteó que si se quiere realizar una consulta se debe empezar de fojas cero, ya que el contrato con la empresa OAS sería nulo porque no se cumplió este procedimiento.
El dirigente de Conisur, Gumercindo Pradel, rechazó que esta tarea sea inconstitucional, porque dijo “que nosotros nunca fuimos consultados”, refiriéndose a la Ley 180. La observación y acompañamiento del proceso estará cargo del Órgano Electoral Plurinacional, que elaborará un informe de los resultados de la consulta, los que serán de cumplimiento obligatorio para el Estado, señala el proyecto.
Se establece tres etapas, preparación de la consulta, instalación y desarrollo y decisiones.
Más datos
Reunión El MAS y el Conisur consensuaron ayer siete de los 11 artículos del proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre, e Informada sobre la protección del TIPNIS.
Marcha La movilización de los indígenas en septiembre logró la defensa del TIPNIS, ahora se dará marcha atrás.
García Linera cree que aún se pueden enmendar las fallas
Vice admite que fue un error no consultar al TIPNIS por vía
POSICIÓN. El oficialismo pide a la población apoyar la futura consulta e insiste en que será previa porque aún no se construyó la carretera Villa Tunari- San Ignacio.
El vicepresidente García Linera en el acto de El Ceibo. Vicepresidencia
Página Siete / La Paz
El vicepresidente Álvaro García Linera admitió ayer que fue un error del Gobierno decidir la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sin haberlo consultado antes con los habitantes del TIPNIS, aunque considera que se está a tiempo para subsanar el equívoco.
“Han dicho los hermanos ayer, que cuando se aprobó una ley que dice que no debe haber carretera, no consultaron a las comunidades, a los que viven ahí adentro; pero también cuando se decidió hacer la carretera como Gobierno, tampoco se consultó, hay que corregir los dos errores”, manifestó.
La autoridad remarcó que la forma de corregir estos fallos es realizando la consulta, que calificó como “sabia”, según la propuesta del Conisur. “Que esas 36 comunidades, con su palabra, digan ‘debe haber carretera o no debe haber carretera’, es lo más democrático y justo”, insistió.
Los indígenas de la VIII marcha, a través del dirigente Fernando Vargas, sostienen que una consulta de acuerdo a la Constitución Política del Estado debe ser “previa” e informada, cosa que en su criterio no se realizó.
Además, califican de “extemporánea” la decisión, toda vez que el proyecto de toda la vía ya empezó en los tramos I y III.
Sin embargo, otra es la interpretación de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, que sostiene que se cumplirá la consulta porque aún no se construyó la carretera. “Eso es lo que va a clarificar si hay alguna ruptura de lo previo o no, aunque nosotros creemos que estamos a tiempo de hacer una consulta. No se ha construido una carretera, si ya se hubiera construido, evidentemente no hubiera sido previa”, precisó.
La asambleísta aclaró que una consulta no es sinónimo de referéndum, y que no se limita a una votación por el sí o por el no, sino a una pregunta específica.
“La consulta no es por un sí o por un no, no es marcar una casilla”, manifestó, a tiempo de subrayar que los temas a ser incluidos en el proceso serán definidos con los habitantes del TIPNIS.
García Linera -que efectuó las declaraciones en un acto en la empresa El Ceibo, en El Alto- complementó que la consulta sería una “excelente” salida, a tiempo de convocar a la ciudadanía a aceptar, apoyar, respetar y cumplir esta determinación, porque en su criterio será un mandato soberano.
Punto de Vista
José maría bakovic Ex presidente del SNCSegún la legislación boliviana, la consulta a los pueblos originarios para la construcción de una obra de infraestructura debe ser previa. Eso quiere decir antes de la definición del proyecto, es decir, antes de diseñarse, licitarse, adjudicarse y contratarse. En consecuencia, el contrato firmado por ABC con la empresa OAS no cumplió, entre otros, este requisito.La consulta debe dirigirse únicamente a los afectados propietarios del territorio y, para que sea libre e informada, contener la información adecuada para el voto decisorio.
En el caso del tramo II de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, la consulta debe dirigirse a los miembros de la TCO del TIPNIS, propiedad comunitaria, no a los miembros de Conisur, quienes son propietarios individuales, no comunitarios.
Dada la oposición para que la carretera atraviese el corazón de este parque nacional, la consulta a sus propietarios comunitarios debe ser sobre la base de alternativas que permitan a los afectados estar adecuadamente informados para elegir entre ellas la que menor daño ocasione al medio ambiente.
Conocida la opción seleccionada, recién se podrá definir el proyecto.
Al incumplir las normas, el Gobierno no hace sino atrasar la ejecución del proyecto Villla Tunari – San Ignacio de Moxos. Ya han perdido seis años al no cumplir la normativa existente y el mismo sentido común. Haría mejor en cumplirlas para ejecutar el proyecto a la brevedad posible.
Según la legislación boliviana, la consulta a los pueblos originarios para la construcción de una obra de infraestructura debe ser previa, ello quiere decir antes de la definición del proyecto, es decir, antes de diseñarse, licitarse, adjudicarse y contratarse. En consecuencia, el contrato firmado por ABC con la empresa OAS no cumplió, entre otros, este requisito.La consulta debe dirigirse únicamente a los afectados propietarios del territorio y, para que sea libre e informada, contener la información adecuada para el voto decisorio. En el caso del Tramo II de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, la consulta debe dirigirse a los miembros de la TCO del TIPNIS, propiedad comunitaria, no a los miembros de CONISUR quienes son propietarios individuales, no comunitarios.
Dada la oposición para que la carretera atraviese el corazón de este parque nacional, la consulta a sus propietarios comunitarios debe ser sobre la base de alternativas que permitan a los afectados estar adecuadamente informados para elegir entre ellas la que menor daño ocasione al medio ambiente. Conocida la alternativa seleccionada recién se podrá definir el proyecto.
Al incumplir las normas, el gobierno no hace sino atrasar la ejecución del proyecto Villla Tunari – San Ignacio de Moxos. Ya ha perdido seis años al no cumplir la normativa existente, y el mismo sentido común. Haría mejor en cumplirlas para ejecutar el proyecto a la brevedad posible.