El Tribunal Supremo ha condenado a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por ordenar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el ‘caso Gürtel’ y sus abogados. La decisión ha sido tomada por unanimidad y teniendo en cuenta la edad del magistrado, 57 años, supone el fin de su carrera en España. El fallo -el primero que se conoce de las tres causas que tiene abiertas- ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones. Tras la sentencia, el Consejo General del Poder Judicial expulsará al magistrado de la carrera judicial.
El órgano esperará a que se le notifique la sentencia condenatoria para ejecutar el fallo. La plaza del Juzgado Central de Instrucción, que ocupa el juez Ruz de forma interina, quedará vacante y se convocará su concurso. El auto destaca que la decisión de Garzón fue producto de una interpretación de la ley “basada solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal” de los acusados, “sin considerar necesario que tales indicios afectasen a los letrados” algo que “resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del Derecho”.
La sentencia considera que la resolución del magistrado causó “una injustificada reducción del derecho de defensa”, añadiendo que estas prácticas colocaron a todo el “proceso penal español” a un nivel que solo “se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales”. La decisión pone fin a una carrera de más de dos décadas que comenzó con el ingreso de Garzón en la carrera judicial en 1981. El andaluz ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante 22 años, desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010.
Ese día salió del juzgado con lágrimas en los ojos y entre el aplauso de los funcionarios de la sala, tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión del juez Luciano Varela de dictar la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad". El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación.
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Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años. Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el ‘pinchazo’ de las entrevistas entre presos y abogados.
Fuente: La Rioja.
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