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Los Tiempos
La Prensa y El Deber
Que vengan los investigadores…
La Estrella del Oriente
El Nacional
¿Caminamos hacia un Estado sin ley?
La Razón
El informe de la ONU sobre Pando
Subeditorial – San Pedro, la anticárcel
Nota del Día – Otra agencia de empleos
El Nuevo Día
Un poco más serios con el mar
La última vez que estuvo “emocionante” el Día del Mar, fue hace como unos diez años, cuando los cadetes del Colegio Militar y los aspirantes a policías se agarraron a golpes en la zona de Sopocachi, La Paz, en pleno desfile de homenaje a Eduardo Abaroa. Este año han sido Fidel Castro y Alan García los que le pusieron la cuota de tensión que siempre había estado presente en estas conmemoraciones y por supuesto, en las relaciones entre Bolivia y Chile.
Hacía años, desde aquel planteo “Gas por mar” o la amenaza de “ni una molécula de gas a Chile” o la respuesta de Ricardo Lagos, cuando afirmó que su país no tenía asuntos pendientes con Bolivia, que no se producía fisura alguna entre La Paz y Santiago. Y no es que exista la necesidad de buscar camorra con los chilenos, sino de saber a ciencia cierta cuál es el futuro que le espera a la demanda marítima boliviana, sobre la cual, el gobierno de Evo Morales despertó algunas expectativas. De hecho, el Presidente dejó saber que las cosas iban muy bien, de no haber sido por la intromisión de “otros países” y de los empresarios cruceños, a quienes acusó de interceder ante Chile para que no devuelva el mar.
Desde que comenzó el idilio entre los gobiernos de Morales y Bachelet, presidenta que le ha retribuido con un formidable apoyo político el silencio sobre la cuestión marítima, la ciudadanía y en especial los sectores más concienciados sobre la histórica demanda, cumplieron disciplinadamente el pedido que hizo la Cancillería de hablar en voz baja sobre el “asunto pendiente”.
El mes pasado fue Fidel Castro el que puso el dedo en la llaga y a raíz de su defensa de la posición boliviana fue que todos pudimos enterarnos de que no existen en realidad avances en el diálogo sobre el mar entre Bolivia y Chile, país que mantiene inamovible su negativa a atender la demanda del país sobre el territorio arrebatado en 1879. Evo Morales reaccionó con tibieza sobre el incidente, hecho que ha llevado al presidente peruano, Alan García, a afirmar que “a Bolivia ya no le interesa una salida al mar, porque desde hace años no la reclama”. Es más, dijo que Morales adoptó una actitud contemplativa frente a Chile desde que una agencia internacional le recomendó no agitar las aguas.
Los entredichos de Morales y García se producen desde el momento en que Perú hace un reclamo ante la Corte de La Haya por el conflicto de las aguas limítrofes con Chile, asunto que según la Cancillería al mando de David Choquehuanca, no afecta a la demanda boliviana. Evo Morales opinó todo lo contrario al día siguiente y culpó a Perú por entorpecer las negociaciones que, según él, iban viento en popa.
El Gobierno boliviano necesita ser más serio en el manejo del asunto marítimo, de tal manera de no permitir interferencias como las que se han producido. No es posible que la opinión pública se entere por boca de terceros sobre la forma cómo se está manejando un tema tan delicado. En Lima acaban de decir que la pelea de Evo Morales con Alan García es una cortina de humo que trata de esconder la forma cómo ha planteado el problema el Gobierno del MAS. Conviene que todo esto se aclare para que nuestra demanda marítima no caiga en la burla como ha sucedido estos días.
La política del Gobierno boliviano en relación a la demanda marítima es poco seria y ha sido objeto de burla por parte de Alan García.
AsÍ nos ven 29 – 03 – 09
La confrontación vivida el año pasado en Bolivia dejó un extenso reguero de "preocupantes episodios de violencia política", según un informe presentado ayer por el Alto Comisionado de la ONU en el país. El clima de violencia, que llegó al borde de la guerra civil por los enfrentamientos entre la oposición autonomista y el gobierno de Evo Morales, desembocó en ocasiones en violaciones de los derechos humanos, según el organismo. La ONU ensalza, sin embargo, los avances sociales logrados por el ejecutivo en la mejora de la situación de los indígenas.
‘He tenido un sueño’ – bajo el penoco
La frase le pertenece a Martin Luther King y está relacionada con la esperanza de vencer el racismo en Estados Unidos. El presidente Morales manifestó el viernes en Potosí su sueño de que el MAS obtenga un 70 por ciento en las elecciones de diciembre. Y de la frase del pastor luterano nos vamos a la famosa composición de John Lennon, “Imagine”. “Imaginen hermanos”, dijo Evo. “Con un 70 por ciento podremos tener mayoría en la Asamblea Plurinacional, mayoría en el Senado, podremos hacer todos los cambios, aprobarlo todo”, remarcó el presidente. No resulta muy difícil imaginar lo que podría hacer el MAS con un 70 por ciento. Lo mismo soñaba para la Asamblea Constituyente y no faltaron quienes hasta querían colocar la hoja de coca en el Escudo Nacional. De hecho, con el 54 por ciento logrado en las elecciones del 2005, hay quienes están convencidos que la meta es destruirlo todo.
La Patria
Tolerancia al contrabando
El contrabando continúa operando impunemente, saturando los mercados nacionales con variedad de mercadería, ante limitaciones de los organismos que se encargan de la lucha sostenida contra este flagelo de la economía boliviana. El distrito de Oruro se considera el paso mayormente utilizado por los comerciantes ilegales, existiendo inclusive más de una comunidad fronteriza que ampara a los “ilícitos” en la acción de transporte o depósito de grandes cantidades de productos, con millonarias sumas de dinero que son aportes de socios que adquieren camionadas de productos, bajando los costos de los mismos al punto que en muchos casos son más baratos en las ferias de Oruro que en la Zofri de Iquique.
En una reciente evaluación el presidente a.i. de la Aduana Nacional menciona que “la sociedad boliviana es en su mayoría, tolerante con los contrabandistas a quienes se los llega a considerar personas exitosas” y tal situación sería la causa que impide un trabajo más efectivo de los organismos aduaneros.
Hay algo de cierto en tal apreciación, particularmente en la existencia de miles de accesos en la inmensa frontera del Departamento de Oruro, en la que no se estableció soberanía militar para el control de la misma. Eventual vigilancia de efectivos pertenecientes a guarniciones asentadas en algunas localidades del altiplano no causa ni el menor temor a los bien organizados contrabandistas que operan con carros de lujo para el reconocimiento de sus rutas de tráfico, utilizando equipos sofisticados de comunicación y como verificaron algunos efectivos del COA, inclusive cuentan con dotación de moderno armamento lo que les permite actuar desembozadamente.
Si hay un sector que adquiere poder por el movimiento económico que realiza, sin lugar a dudas, es el contrabandista mayorista, identificado claramente en ciertas comunidades rurales y también en algunas ciudades donde se han instalado en grandes y modernas casas, donde inclusive están a la vista los gigantes depósitos desde donde se distribuye sofisticada mercadería que i-nunda los mercados ilegales principalmente de Oruro, La Paz y Santa Cruz.
La lucha contra el contrabando es de siempre y resulta que muy difícilmente se logran resultados positivos para eliminarlo aunque la Aduana asegure que ha incrementado sus recaudaciones. En mayor proporción crece el contrabando y neutraliza los esfuerzos comparablemente reducidos de la Aduana que no atina a detener un comercio que debe merecer un tratamiento especial para dejar de ser ilegal y en lugar de afectar al sistema productivo nacional pueda convertirse en un sector aliado en la generación de recursos vía impuestos, que se conviertan en presupuestos saneados y permitan inclusive transformarse en factores coadyuvantes para la generación de empleos.
Hay necesidad de establecer políticas dinámicas para transformar lo ilegal en procesos de rendimiento económico que sirvan a las grandes mayorías y lejos de competir con los sistemas productivos se conviertan en aliados de un proyecto que garantice ingresos para el país, eliminando la millonaria evasión impositiva, que están muy lejos de recuperar la aduana y el Servicio de Impuestos si no se establece un cambio en el supuesto control aduanero.
La lucha contra el contrabando es de siempre y resulta que muy difícilmente se logran resultados positivos para eliminarlo aunque la Aduana asegure que ha incrementado sus recaudaciones. En mayor proporción crece el contrabando y neutraliza los esfuerzos comparablemente reducidos de la Aduana que no atina a detener un comercio que debe merecer un tratamiento especial para dejar de ser ilegal
El Diario
Confusión gubernamental
La falta de coordinación en el Poder Ejecutivo crea confusión entre sus miembros sobre distintos asuntos de Estado, lo cual afecta a la gobernabilidad y desorienta a la población, ya que no hay coherencia ni uniformidad, llegandose al colmo de incurrir en contradicciones por parte del presidente Evo Morales Aima. Es incomprensible que no sean bien manejados temas de interés nacional, por ejemplo que el Brasil redujo los volúmenes de gas que adquiere de Bolivia en un tercio de lo legalmente comprometido, por lo que un diputado masista calificó esa información como sensacionalista y de tinte político. Este legislador no sólo no sabe qué está haciendo su Gobierno, sino que al parecer no lee periódicos ni ve televisión, porque el propio presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva declaró que la independencia brasileña estaba llegando respecto al gas natural que adquiere de nuestro país. Por este motivo descendieron los volúmenes de gas que se exportaba al Brasil, aunque dijo que cumplirán con su compromiso con Bolivia hasta la culminación del mismo, el 2019. Esto demuestra la falta de coordinación y comunicación no sólo en el Ejecutivo sino en el propio partido de gobierno, porque las autoridades dicen una cosa y los dirigentes y líderes masistas dicen lo contrario, salvo que las fisuras internas estén afectando al partido en función de Gobierno, porque existen cuestionamientos a la forma de gobernar del Primer Mandatario, que en vez de recurrir a los militantes de su partido busca gente con antecedentes neoliberales, a los que se los acusa de oportunistas y enemigos del cambio que propone el masismo.
La principal empresa del Estado, YPFB, está pasando por un mal momento por los actos de corrupción que cometió su ex presidente Santos Ramírez, que no sólo firmó contratos lesivos a los intereses nacionales, sino que está sindicado de recibir pagos de reconocimiento por las adjudicaciones de servicios a empresas de dudosa calidad técnica y capacidad económica, como aquella que se adjudicó la construcción de una Planta de Separación de Líquidos en el Chaco boliviano, o la adquisición de una empresa para la reconversión de garrafas, por la que se pagó sumas que no se justifican, ya que era una factoría quebrada. En esta empresa se emite informaciones dispares, pues el Presidente de YPFB aseguró que Brasil no está cumpliendo los acuerdos de compra de gas natural, pero a las pocas horas el Vicepresidente de Operaciones sostuvo lo contrario.
En cuanto a la demanda de juicio a un medio de comunicación por parte del Ejecutivo, porque el título de una información no es del agrado del Jefe de Estado, uno de los ministros, entendido en temas jurídicos, vanagloriándose expresó que se someterá a un proceso judicial a los ejecutivos del matutino colega por la vía ordinaria, porque se ha violado artículos del Código Penal que tipifican los delitos cometidos. Pero poco después el Vocero Presidencial afirmó que el juicio será con la Ley de Imprenta, porque es lo que corresponde en este tipo de procesos. Es más, dijo que como periodista, y dirigente del gremio -en otro tiempo-, fue uno de los principales luchadores para oponerse a los cambios que se trataba de introducir a ésta instancia jurídica nacional, para restar jurisdicción a la norma que nos ocupa.
A su vez el Jefe de Estado afirmó que las denuncias sobre agresiones a los periodistas y a los medios de comunicación, que son de conocimiento de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, son falsas y se autocalifica como víctima de los ataques de la prensa, llegando incluso a invitar a esas organizaciones a constituirse en el país para conocer en el terreno lo denunciado. Poco después la ONU hizo conocer un informe detallado sobre las agresiones cometidas por el Gobierno en contra de los trabajadores de la comunicación, informe que es reconocido como imparcial por algunos dirigentes del partido en función gubernamental, quienes también responsabilizan de esos excesos a gente infiltrada en el Palacio Quemado.
En otro caso, el “informe” elaborado por la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados, filtrado por el oficialismo antes de su presentación oficial, que investiga la orden emanada de Palacio de Gobierno para liberar el paso de 33 camiones de alto tonelaje cargados de mercadería de contrabando, libera de toda responsabilidad al Ministro de la Presidencia, posición defendida a rajatabla por el titular de ese grupo de trabajo. Contrariamente a esa posición, un líder campesino y fundador del MAS responsabiliza de ese acto de corrupción a neoliberales que estarían incrustados en el Palacio Quemado y que fungen como los principales asesores del presidente Morales Aima. Otro dirigente en su oportunidad sostuvo que no metía las manos al fuego por el Ministro acusado de haber autorizado el paso de los motorizados cuestionados.
Las contradicciones que comete el MAS en su interior como en el Ejecutivo, demuestran que no existe unidad ni coherencia en lo que hace y dice, desorientando a la población o distrayéndola para que no evalúe la crisis económica que afecta al país.
Los Tiempos
Hacia el fin de la democracia
Dos tercios de los bolivianos están a punto de ser reducidos a la condición de parias en su propia patria
La decisión adoptada por la élite política que con tanta eficiencia se ha hecho del control del Movimiento al Socialismo de imponer mediante el ya conocido método del cerco al Congreso Nacional su proyecto de Ley sobre el Régimen Electoral Transitorio, está a punto de marcar la hora final de la democracia boliviana. Falta poco para que se ponga el último hito en el camino hacia la consolidación de un régimen totalitario en nuestro país.
Las razones que indican que esa y no otra es la magnitud del golpe que se pretende dar a la democracia son muchas. Entre ellas, se destaca la liquidación de principios básicos como la igualdad de los ciudadanos y la pluralidad política, pues lo que se propone es nada menos que dividir a la población boliviana en dos grandes categorías. Una, la de los “indígenas originarios campesinos”, constituida por menos de un tercio de la población, a la que se le entregarían dos tercios del poder político expresado en esa proporción de los escaños de la futura Asamblea Plurinacional. Y la otra, integrada por todos los demás, los ciudadanos de segunda categoría, que suman dos tercios de la población, que apenas podrían contar con un tercio de los representantes.
En términos geográficos, eso se traduce en una sobrerrepresentación de las regiones del país donde el MAS cuenta con mayor respaldo político. La Paz, Oruro y Potosí tendrían, en términos relativos y absolutos, muchos más representantes que los demás departamentos. Santa Cruz, cuya densidad demográfica no guardaría relación con los representantes que se le adjudiquen, sería el más afectado.
Otro de los pilares de un sistema democrático, la pluralidad política, estaría también condenado a desaparecer. Es que al establecerse una especie de enclaves étnicos cuya representación, por “usos y costumbres” sería delegada a las organizaciones sindicales y campesinas controladas y manipuladas por el MAS, como la Csutcb, el Conamaq o la Cidob, quedaría eliminada la posibilidad de que cualquier otra organización política que no sea la oficialista pueda presentar sus propios candidatos en gran parte del territorio nacional. Se habrá dado así otro paso decisivo hacia la consolidación de un régimen unipartidista.
Desgraciadamente, no existe en Bolivia una oposición política capaz de impedir que tan enorme despropósito se consume. La que existe ha dado ya tantas muestras de ineptitud que no se puede dejar en sus manos tan importante misión. Sólo queda pues, como última esperanza, muy débil pero esperanza al fin, la posibilidad de que una vigorosa movilización de esa porción de la población a la que se pretende condenar a la condición de parias en su propia patria, haga sentir su voluntad de defender sus más básicos derechos, antes de que sea demasiado tarde.
La Prensa y El Deber
Que vengan los investigadores…
El propio Jefe de Estado, en forma recurrente, ataca a la prensa que le critica, creando así contra los medios un ambiente de intimidación que no se condice con las reglas de la democracia.
El Jefe del Estado considera que en Bolivia rigen plenamente los derechos humanos y las libertades de prensa e información y que nadie puede alegar nada en contrario. Está al parecer tan absolutamente convencido de que así son las cosas que en recientes declaraciones públicas invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a que vengan a Bolivia a comprobar que las denuncias hechas contra su Gobierno sobre el tema son totalmente falsas.
Pero ocurre que en Bolivia deben de ser muy pocos los ciegos y autistas que no perciben ni escuchan nada en cuanto se refiere a violaciones a los derechos humanos, garantías jurídico-procesales, libertad de prensa y acceso sin vallas a la información.
Son ya tan numerosas las infracciones gubernamentales en campos tan cruciales como los mencionados que no nos alcanzaría el espacio para detallarlas. Recordemos simplemente cómo se estuvo atropellando a los reporteros cuando iban en búsqueda de la noticia y eran agredidos por gente del oficialismo. Algunos periodistas se hallan hoy encarcelados en el penal de San Pedro por el “delito” de informar y opinar en sus medios sobre los sucesos de Pando. Cobija inviste ahora el triste y emblemático rango de epicentro de represiones políticas disfrazadas de procesos judiciales, en el marco de detenciones y violaciones de las normas de procedimiento civil sobre jurisdicción territorial de jueces y fiscales.
El propio Jefe de Estado, en forma recurrente, ataca a la prensa que le critica, creando así contra los medios un ambiente de intimidación que no se condice con las reglas de la democracia. Lo peor es que semejante talante ofensivo contra las libertades de opinión e información opera un efecto mimético en los denominados “movimientos sociales”, que de los insultos pasan a agresiones físicas a reporteros y camarógrafos.
Es cierto que en Bolivia las libertades y derechos en todos los campos no han desaparecido totalmente, sin embargo sufren atentados que los restringen a escala individual y hasta corporativa.
Sí, que vengan la CIDH y la SIP, pero a investigar el asunto a fondo, en todo el país, orientándose por registros informativos de prensa y televisión, entrevistando a todos los periodistas y reporteros que hasta la fecha fueron blanco de restricciones a las fuentes de la noticia, agravios intolerables, como el inferido por el propio Jefe del Estado, en el mismo Palacio de Gobierno, a un reportero, así como de agresiones físicas. Y lo que es más importante, cotejando todos éstos con los preceptos constitucionales y legales en vigencia, sobre todo lo relativo a las libertades de prensa e información.
Que vengan, pero que el régimen actual no impida, sino facilite la investigación.
La Estrella del Oriente
Camino a un Narcopaís
¡Qué lástima!, Bolivia está retrocediendo a la época del ‘80 en materia de narcotráfico. Si recordamos fue en esta década que Bolivia vivió una meca de la actividad delictiva del narcotráfico, un boom que llevó a un contagio de tal magnitud, que todos terminaron por creer que esta actividad estaba justificada por el simple hecho de que podía sacar de manera rápida a muchas personas de la pobreza endémica propia de un país en el que la falta de estímulo a actividades productivas se suma a malas administraciones de Gobierno, situación por la que se sigue reproduciendo la pobreza y que ha llevado a que en nuestro país la clase política se ocupe de hacer ganchos o promesas electorales, que luego de acceder al Gobierno las echa en saco roto, llevando a que estas mismas clases políticas tan sólo se concentren en identificar el mejor método de usurpar el poder y enriquecerse con los recursos públicos.
Después de la muerte del científico Noel Kempff, en Huanchaca, la sociedad boliviana tuvo una reacción y decidió luchar contra el narcotráfico, marginar a los narcotraficantes de los círculos sociales y económicos, iniciando así un proceso de restitución de la actividad productiva como la fuente lícita de producción de bienes y riquezas que debe fomentar una sociedad que se precie de tener un cierto grado de evolución.
Los más de veinte años de lucha contra esta actividad que, además de ilícita es criminal porque inevitablemente se emparenta con el crimen organizado, parecen ahora asunto del pasado. Esto ha ocurrido desde el momento que el Gobierno de Evo Morales decidió dar vuelta a la página y obedecer ciegamente a las demandas de los sindicatos cocaleros de los que sigue siendo el líder máximo además de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Esta dualidad de Morales, Presidente y líder de los cocaleros, es una situación ya insostenible para Bolivia, y es en realidad el hilo del ovillo para entender todo lo que está sucediendo en el país en materia de narcotráfico, actividad que se va extendiendo, excediendo y en muchos casos goza de la aquiescencia y protección de funcionarios de Gobierno que son de extracción cocalera o que desean ganarse los favores de este sector convertido en el eje del poder social-sindical que gobierna la Bolivia actual.
Los análisis serios apuntan a que el problema que se está produciendo es que la lucha contra el narcotráfico terminó con la llegada de Evo Morales al Gobierno y esto ha llevado a que la actividad inevitablemente se dispare y que crezca a tal punto que en la actualidad ha pasado ya al plano del afianzamiento de cárteles internacionales de la droga que ya estarían operando en Bolivia, con el costo social que esto acarrea.
Esto ha quedado plenamente comprobado con el descubrimiento de la fábrica de cocaína más grande y con mayor producción de droga de la última década, que confirmaría la presencia en territorio nacional de los cárteles internacionales, no sólo de Colombia, sino también ramificaciones provenientes de México y Rusia, situación que se deriva del “sobre cultivo” o el cultivo excedentario que determinan un bajo precio de la hoja de coca. Estos cárteles estarían compitiendo con los clanes locales integrados por los mismos cocaleros, convertidos ahora en narcotraficantes, cada vez más entusiasmados y sofisticados en sus métodos de producción a gran escala.
Según datos oficiales de las Naciones Unidas, en Bolivia hay 30.000 hectáreas de cocales, sin embargo, sólo 12.000 son legales y 18.000 ilegales. De acuerdo con la información, en Bolivia se necesita sólo 10.000 hectáreas para el uso tradicional, es decir, ‘pijcheo’ o ‘acullico’ o masticado, por tanto, el destino de las 20.000 hectáreas excedentarias es el narcotráfico. No hay mucho que decir, los datos hablan por sí solos.
El Nacional
¿Caminamos hacia un Estado sin ley?
En el ámbito político opositor de derecha crece la preocupación al ver que el conflicto de Poderes se profundiza mientras las perspectivas de acuerdos o consensos se perciben cada vez más alejadas, colocando al país en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica nunca antes vivida. El gobierno, en reiteradas oportunidades, ha atacado al Poder Judicial, que a su vez ha respondido con observaciones sobre el rol de cada poder del Estado.
En ese orden de cosas, el Vicepresidente García Linera pidió la renuncia del Presidente de la Corte Suprema, quien le respondió que debe ocuparse de sus responsabilidades, y ratificó que no renunciará a su mandato que fenece el año 2015. Las acusaciones del gobierno contra el máximo tribunal de la nación se basan a la endémica retardación de justicia, especialmente en los juicios de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Asimismo, surge una nueva situación para perturbar y caldear más el ambiente. Ante la ausencia del Tribunal Constitucional, el Vicepresidente de la República propuso a los partidos políticos de la oposición un acuerdo por el que la Comisión Mixta de Constitución del Congreso asuma ese rol, debido a que el Tribunal Constitucional se quedó sin quórum. El argumento esgrimido es que para la aplicación de los estatutos autonómicos es imprescindible el control constitucional, por lo que propuso que sea la Comisión Mixta de Constitución, compuesta por Senadores y Diputados, la que asuma el rol del Tribunal Constitucional.
García Linera calificó al Poder Judicial de Bolivia de ser un reservorio de los viejos partidos de corte neoliberal que se lotearon durante 15 años la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y las cortes distritales de justicia. “Así se manejaba la justicia en el país y lo que quiere el gobierno actual es que esto se acabe. Que haya justicia pero no politizada, ni parcializada, ni loteada entre las fuerzas políticas”, dijo García Linera.
Es lógico que nadie quiera aceptar una justicia politizada, pero las soluciones que se perfilan, designaciones directas del Poder Ejecutivo o que la Comisión de Constitución se convierta transitoriamente en vigía de la aplicación de la Ley de leyes, tienden precisamente a politizar más el sistema. Para nadie es un secreto que cualquier comisión congresal es eminentemente política, y coyunturalmente, con mayoría oficialista. ¿Podría esa instancia ser un organismo independiente y confiable para el control constitucional? Creemos que no, puesto que la Comisión de Constitución del Congreso no es un escenario imparcial.
Lamentablemente, en este momento, el riesgo para la institucionalidad del Estado es tan grande, que de prosperar el proceso en que se ha empeñado el gobierno contra el Presidente de la Corte Suprema, éste organismo quedaría sin el quórum para poder trabajar, y de esta manera, se habrá caído en la pérdida absoluta de la legalidad en el país.
Recordemos que en la actualidad, el Tribunal Constitucional se reduce a una sola Vocal, la Dra. Silvia Salame. El Consejo de la Judicatura está paralizado y ahora la Corte Suprema opera con un mínimo de miembros. En septiembre de 2008 la Comisión Mixta de Constitución del Congreso Nacional, debía designar a los nuevos miembros del Poder Judicial además elegir al nuevo Fiscal General. Sin embargo la designación de las nuevas autoridades del Poder Judicial, quedó en nada por la decisión de la mayoría oficialista que determino esperar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y esa determinación nos puso hoy en el actual y peligroso problema que estamos viviendo ante la intención de desestabilizar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Razón
El informe de la ONU sobre Pando
Ahora, lo destacable del informe es la recomendación de que las autoridades judiciales velen por el debido proceso contra todos los involucrados, lo que, como se ha señalado en anteriores oportunidades, no ocurre en este caso.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó en los últimos días su informe sobre lo que ocurrió en Bolivia en esa materia durante el año pasado, aunque la atención general estaba concentrada en lo que diría respecto de los hechos sangrientos producidos el 11 de septiembre en el departamento de Pando.
Antes de entrar en esos acontecimientos lamentables, el informe se refiere a la situación general de los derechos humanos en el país el 2008, y alude a una serie de hechos relacionados con las amenazas a la libertad de expresión, atentados contra los medios, amedrentamiento de periodistas, amenazas a las propias organizaciones de derechos humanos, y otros.
El documento pone en relieve las detenciones irregulares, la falta de diligencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, además de la recurrencia de los linchamientos.
Sobre el tema más publicitado, el de Pando, el informe hace algunas precisiones. Para comenzar, la ONU ha decidido llamar “masacre” a lo que ocurrió el 11 de septiembre, a pesar de que los funcionarios de la Prefectura de ese departamento dicen que fue un enfrentamiento, porque hubo muertos de ambas partes.
Un anterior informe, elaborado por los expertos convocados por Unasur, señala 19 muertos, pero el de la ONU habla sólo de 11. Como se sabe, después del documento de Unasur, aparecieron, vivos, cuatro de los ciudadanos dados por fallecidos en ese reporte.
Ese informe, según se fue demostrando, careció de seriedad, porque en pocos días se evidenció la falta de rigor técnico y una extraña parcialidad en un caso tan sensible que costó la vida de bolivianos.
El trabajo de la ONU dice que la muerte de 11 personas, sobre todo campesinos y normalistas, constituye una violación de los derechos humanos cometida por funcionarios de la Prefectura, del Sedcam, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la Prefectura de Pando. Pero, además, hace referencia a los funcionarios de la administración departamental que perdieron la vida a manos de sus victimadores. Aclara que corresponde a la justicia boliviana establecer el grado de responsabilidad de los agentes estatales en estos hechos y pregunta si el rol cumplido por los uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana fue el correcto, porque existen indicios de que pudieron haber evitado estos hechos sangrientos o, cuando menos, disuadido a los dos bandos.
En una observación igualmente clara, aunque no subrayada por los medios de comunicación, el documento dice que los funcionarios del Estado que aplicaron el estado de sitio subsiguiente habrían cometido excesos incompatibles con los estándares constitucionales, “concretamente en relación con los derechos a la libertad e integridad personales”.
En resumen, el documento plantea la necesidad de ampliar la investigación hacia hechos, momentos y protagonistas que hasta ahora no fueron señalados por la Fiscalía boliviana. Ahora, lo destacable del informe es la recomendación de que las autoridades judiciales velen por el debido proceso contra todos los involucrados, lo que, como se ha señalado en anteriores oportunidades, no ocurre en este caso. En suma, ésta es la comprobación —lamentable— de que la crisis política boliviana tiene muy ocupados a organismos internacionales y a los países amigos, pues la imagen del país está deteriorada.
Subeditorial – San Pedro, la anticárcel
Las irregularidades en el penal de San Pedro están dejando malparada a la Policía, a la constatación de que en el centro penitenciario se ha puesto en marcha una curiosa maquinaria “turística” que incluso se promociona por la internet. San Pedro es el modelo de la anticárcel, porque dentro de ella cada quien vive y “trabaja” como puede y no tiene la opción a una rehabilitación; por el contrario, el consumo y la comercialización de alcohol y drogas es normal.
Sobre el famoso tour y las denuncias de supuesta internación de bolsas sospechosas, las medidas inmediatas han sido la remoción no sólo de las dos principales autoridades encargadas de la seguridad y de la disciplina del centro, sino también de los policías que ejecutan esas órdenes en San Pedro.
El comandante de la Policía, general Víctor Hugo Escóbar, posesionado el 9 de marzo, tiene un duro reto que vencer al encarar la situación en la cárcel, pues San Pedro se ha convertido en el espacio donde se perfeccionan las especialidades delincuenciales. Por ejemplo, como se sabe, fue la misma Policía la que alertó de llamadas realizadas desde el centro penitenciario para estafar a las víctimas de los auteros.
Una primera señal de este mundo al revés fue el motín del jueves pasado, cuando los reclusos protestaron por la supuesta aplicación de ciertas normas para las visitas de ese día. El resultado fue de al menos 15 personas heridas y la evacuación de 80 niños.
Ante la situación de descontrol en San Pedro se hace imprescindible preguntar ¿quién vigila a la Policía? para que ejerza de manera adecuada su función en la cárcel de la sede de gobierno, sin dañar su imagen.
Salvo las acciones anunciadas por el general Escóbar, el Director de Régimen Penitenciario, el Director Nacional de Seguridad Penitenciaria y el Viceministro de Régimen Interior sólo se limitan a hacer un “recuento de daños”.
Mientras, el Ministro de Gobierno brilla por su ausencia en este tema. Si el ministro Alfredo Rada está comprometido con la seguridad ciudadana de los bolivianos, debería demostrar que es posible controlar este penal e imponer la ley. Además, aplicar iniciativas destinadas a la rehabi- litación de los reclusos y a la protección física, ética y moral de los niños que viven en el penal.
Nota del Día – Otra agencia de empleos
Ha causado sorpresa la carta enviada por el diputado del MAS Julio García al gerente general de la Caja Nacional de Salud, César Ayala, en la que le pide 40 cargos en esa entidad intervenida recientemente por el Ejecutivo.
La versión del Gerente interino es aún más sorprendente porque asegura que a su despacho llegan casi a diario pedidos escritos y verbales para colocar a personas recomendadas, incluso por los propios trabajadores.
Al parecer, los políticos y dirigentes no dejan de lado viejas prácticas y más allá de los discursos aún usan sus influencias para beneficiar a sus seguidores o a sus familiares.
Y no sólo es el ejercicio de estas mañas que afectan su imagen, sino el funcionamiento de entidades como la Caja Nacional de Salud, donde son recurrentes por la atención deficiente o la falta de insumos para atender a quienes pagan mensualmente para gozar de un seguro que no está bien gestionado.
Además el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, montó toda una parafernalia para anunciar la intervención a la Caja, como única medida para dar fin con la corrupción denunciada en los últimos años.
Sin embargo, la paradoja la plantea un diputado del propio partido de gobierno, inexplicablemente el honorable Julio García pide 40 cargos para ubicar a igual número de funcionarios.
Es una pena que en tiempos de cambio una entidad tan técnica como la Caja se convierta en una “agencia de empleos”, de aquellas que sirven para pagar favores o para salir de pobres.
Habrá que alentar el deseo del Gerente interino de cumplir con los objetivos de la intervención y, si toca el caso, seleccionar al personal por concurso de méritos y no en respuesta a las presiones, escritas y verbales, a las que hace referencia.
Altímetro – Salud, seco
La empresa PIL Andina ha difundido un estudio en el que señala que en Bolivia se toma más gaseosas y cerveza que leche; con esos datos lanzó una campaña para impulsar el consumo de productos lácteos.
Más allá del tema comercial, los datos ubican al promedio nacional debajo del consumo de leche en los países en vías de desarrollo. Lo recomendable es de 52 litros al año por persona y en Bolivia sólo es de 42, ni qué decir del consumo ideal —recomendado por la FAO en la región— que es de 150 litros para que un individuo, especialmente en etapa de desarrollo, logre un crecimiento adecuado y evite algunas enfermedades.
La capacidad de producción de lácteos en el país no alcanzaría a abastecer esa cantidad ideal para toda la población, pero beber un vaso de leche no está demás, por todos sus beneficios, así que salud… y a limpiar el bigote.