Justicia. Los colombianos obtuvieron su libertad en enero de este año. Cayeron en un laboratorio de cocaína. Un tribunal vallegrandino los halló culpables y los sentenció.
Red. Narcos aprehendidos por la Felcn durante un enfrentamiento armado en la pista de Guarayos en julio de 2010. Foto ilustrativa El Deber
Hace dos semanas (el 25 de enero de 2012) seis colombianos, que fueron detenidos en mayo y junio de 2007, durante la intervención a un laboratorio de cristalización de pasta base de cocaína, salieron del penal de Palmasola. La misma justicia que en primera instancia los condenó a más de 10 años de prisión por el delito de fabricación de droga, dejó que el expediente se ‘duerma’ en los estrados de la Corte Suprema de Justicia en Sucre y el caso terminó extinguiéndose.
Los procesados eran Darwin Alirio Quinteros García, Henry Murcia Cortez, Humberto Gómez Jaramillo, Alonso de Jesús Martínez Pérez, José Millar Garzón Bermúdez y Luz Maricela Vargas Tórrez, que fueron detenidos junto a otras personas en el megacentro para refinar cocaína ubicado cerca al parque Kaa-Iya.
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Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) dijeron que el laboratorio intervenido era uno de los más grandes descubiertos en los últimos 20 años e incluso se señaló que era de mayor envergadura que el de Huanchaca. La capacidad de producción de cocaína refinada alcanzaba los 100 kilos diarios y sus instalaciones eran de una alta tecnología.
Las investigaciones no pudieron dar con las cabezas de la organización, pero en las declaraciones de los procesados se apuntó a paraguayos y bolivianos como los dueños de la fábrica de clorhidrato de cocaína, que estuvo funcionando por más de dos años.
Con estos antecedentes los colombianos fueron detenidos preventivamente en Palmasola y luego los llevaron a un juicio oral, donde un tribunal vallegrandino los encontró culpables y los condenó a prisión.
Sin embargo, sus abogados apelaron el fallo emitido en mayo de 2009 y la Sala Penal Primera de la ex Corte Superior de Justicia de Santa Cruz ratificó su culpabilidad, pero les rebajó los años de reclusión. Esta situación hizo que la Fiscalía reclame la actuación de los vocales de la Sala Penal y el expediente sea llevado para su revisión a la Corte Suprema.
Allí llegó en noviembre de 2009 y luego no tuvo movimiento judicial en todo 2010, año en el cual debía dictarse la sentencia ejecutoriada por la Corte Suprema, situación que no ocurrió y dio paso a que los procesados pidan la extinción del caso por retardación de justicia, figura que se viabilizó a finales del año pasado.
Para el exmagistrado de la Corte Suprema Héctor Sandoval Parada lo sucedido muestra una falla en el sistema procesal y apunta a que los conocedores de estas causas deberían evitar que terminen extinguiéndose.
A decir del fiscal Saúl Rosales, que junto a su excolega Emerson Figueroa consiguieron ganar el juicio oral en este proceso, se debe tener fe en cambios de la justicia para que no sucedan estas cosas.
En enero se liberó a 108 reos
En enero del penal de Palmasola salieron 108 personas involucradas en diferentes hechos delictivos. 25 fueron reos implicados en casos de narcotráfico, de los cuales 14 se beneficiaron con medidas sustitutivas a su detención preventiva.
Los restantes consiguieron beneficios judiciales como la extinción de sus procesos, acciones de libertad, libertades condicionales y otros procedimientos jurídicos.
Además de estas personas, que ahora están nuevamente en las calles sin haber sido encontradas culpables o inocentes de las razones que motivaron su aprehensión, hay 25 presuntos atracadores y asaltantes que están nuevamente en libertad.
De todas estas personas solo una dejó el penal por haber cumplido su condena, las demás lograron beneficios judiciales de otra índole.
Además de los investigados por narcotráfico y por atracos, han vuelto a la ciudad ocho procesados por violación en diferentes grados, un acusado de homicidio, un sindicado de asesinato, un implicado en aborto, entre otros tipos de delitos.
El sistema ha colapsado
Luis Jaime Cruz | Exjuez
No deja de ser preocupante que esto ocurra y se debe ver cómo está funcionando el sistema procesal boliviano. Actualmente, ningún caso puede durar más de tres años, pero debe ser el Estado el encargado de hacer cumplir estos términos.
Lo que se debe revisar es que el sistema procesal tenga una salida alternativa al plazo fatal, independientemente del caso que se trate. Hay fallos constitucionales que buscan hacer ‘elásticos’ estos términos. Es un sofisma jurídico pensar en concluir un proceso en plazos tan cortos, con un sistema colapsado, impotente e incapacitado para hacerlo. Se debe pensar en nuevas leyes que no recarguen el sistema procesal.
Christian Peña y Lillo H., El Deber