Este miércoles una comisión mediadora llegará a la zona para que los campesinos devuelvan las armas y equipos que arrebataron a los policías.
Auxilio: efectivos de la Brigada Especial de Rescate, Salvamento y Auxilio (BERSA) trasladan a uno de sus camaradas heridos en Cohoni (foto La Prensa)
La Paz, 31 mar (ABI).- El Gobierno boliviano radicó un proceso contra los campesinos de la comunidad Hussi, que armados mantienen bajo su control la mina Himalaya, en las proximidades del cerro Illimani, informó el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, al tiempo de anunciar el martes la intervención del yacimiento por parte de la Policía.
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«Por mandato de la leyes la Policía está dispuesta en realizar la intervención. El Estado tiene la obligación de recuperar la mina» concesionada al grupo privado Killman, afirmó Farfán.
Los comunarios de Hussi repelieron con armas de fuego la acción de la Policía que el domingo trató de recuperar el acopio mineral avasallado por aquéllos en.2007.
Seis uniformados resultaron con heridas de diversa consideración en la operación de retoma del yacimiento y la mayor parte de los 30 efectivos fueron reducidos y despojados de sus pertrechos antimotines por grupos de comunarios armados.
El avasallamiento provocó desempleo y un grave perjuicio para la empresa privada que explota la mina.
En medio de tensiones, el miércoles una comisión mediadora llegará a la zona para que los dirigentes de los campesinos devuelvan las armas, carabinas, lanza gases, equipos antimotines, celulares y billeteras que arrebataron a los policías que emboscaron la noche del domingo al lunes, informó Farfán.
La autoridad confirmó que el despacho a su cargo ordenó una investigación para identificar a los instigadores civiles de la violencia registrada en Hussi.
De acuerdo con Farfán, el Gobierno inició acciones penales en la Fiscalía contra los comunarios bajo los cargos de avasallamiento, tentativa de homicidio, alzamiento armado, faltamiento a la autoridad y otros ilícitos tipificados en la legislación penal vigente.
El Comando General de la Policía y la minera Killman se constituirán en parte coadyuvante del proceso penal contra los alzados en armas, apuntó.
Farfán consideró un despropósito el argumento esgrimido por los comunarios que alzaron la nacionalización de los recursos naturales que instrumenta la administración de presidente Evo Morales, para justificar sus violentas acciones.
Explicó que la nacionalización de la riqueza natural se concreta con resoluciones que emanan del Estado y del Gobierno y «no por decisiones arbitrarias de grupos».
«Además que la nueva Constitución establece el respeto pleno a la propiedad e inversión privada», apostilló.