Federico Steinberg
Este fin de semana tendrá lugar en México DF la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los países del G-20, que servirá para preparar la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en junio en Los Caños, México.
El G-20, auto designado en 2009 como nuevo “directorio” de la economía mundial en sustitución del G-7/8, tuvo sus momentos de gloria tras la quiebra de Lehman Brothers. En 2008 y 2009 fue capaz de gestar una respuesta unificada a la crisis, coordinando rescates al sistema financiero e inyecciones monetarias y fiscales, al tiempo que servía para contener las tensiones proteccionistas. Sin embargo, una vez pasado el peligro de colapso del sistema financiero internacional se han reducido los incentivos para la cooperación y el G-20 ha vivido sus horas más bajas. La diferente velocidad a la que salieron de la crisis los distintos países en 2010, y la desigual manera en la que les están afectando los problemas de la deuda soberana en la zona euro, hace difícil nuevas respuesta macroeconómicas coordinadas. Cada uno tiende a velar por sus propios intereses y se centra en atender a sus problemas domésticos, el desempleo y el bajo crecimiento en la mayoría de los países avanzados y el miedo al contagio y al recalentamiento en los emergentes. El resultado es un mundo sin liderazgo, sin coordinación y con riesgos de que los países adopten decisiones de política económica sin atender a los efectos negativos que éstas puedan ocasionar a sus vecinos.
En este contexto, México preside el G-20. Es la primera vez que un país de América Latina tiene esta responsabilidad y, a las dificultades antes mencionadas para alcanzar acuerdos, se suma que la cumbre tendrá lugar en junio — y no a finales de año como venía siendo habitual –, lo que deja menos tiempo para la preparación de los temas (la razón es que las elecciones presidenciales mexicanas tendrán lugar en julio y el Presidente Calderón quiere que la Cumbre sea su “despedida oficial”). México ha optado por una agenda menos ambiciosa que la que intentó poner en marcha Francia en 2011 (y que se quedó en mucha retórica y poca acción) y ha centrado su atención en dos temas: contribuir a solventar la crisis en la zona euro y lograr que se siga avanzando en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos globales, lo que en teoría debería ser una pieza clave para lograr un crecimiento sostenible y crear empleo, pero que en la práctica significa sencillamente que China acepte reevaluar su tipo de cambio. Temas como la liberalización comercial multilateral (Ronda Doha), los impuestos internacionales, la lucha contra el cambio climático, nuevos avances en la regulación financiera internacional o la estabilización del precio de las commodities seguramente quedarán en un segundo plano.
En el tema europeo, México está adoptando una postura constructiva y solidaria. Ha planteado que si la zona euro da señales claras de que sabe cómo poner su casa en orden y que está dispuesta a hacerlo, hará todo lo posible para lograr que el resto del mundo, en especial los países emergentes, aporte recursos para ayudarla a través del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo llamativo de su posición es que estas hipotéticas nuevas contribuciones al FMI no tendrían como contrapartida una renegociación del sistema de cuotas y votos en la institución (es decir, no aumentarían el poder de los emergentes en el Fondo), sino que llegarían como contribuciones ordinarias. México manda así la señal de que es un actor cooperativo y conciliador que ve como una mera cuestión de tiempo que los países emergentes aumenten su peso en el FMI, pero que no necesita aprovechar la debilidad europea actual para extraer ventajas a corto plazo en este sentido.
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En el tema de los desequilibrios macro, México también ha optado por una estrategia cauta. Tras ver cómo en los últimos años todos los intentos por presionar a China para que reevaluara el yuan han fracasado, ha optado por sustituir las amenazas por la disuasión. Ha potenciado un mayor diálogo entre todos los países sobre el tema del crecimiento sostenible y el empleo en sentido amplio que permita a China sentirse suficientemente cómoda como para anunciar un calendario creíble de apreciación de su tipo de cambio. Puede que la estrategia termine fracasando, pero al menos hay que reconocer que ha sido imaginativo en este nuevo planteamiento.
En definitiva, México tiene la responsabilidad de dejar el pabellón de las presidencias de países emergentes del G-20 tan alto como lo dejara Corea en 2010 en un contexto de elevadísima incertidumbre económica global. Si logra avances en el incremento de fondos del FMI para ayudar a la zona euro y en la política de tipo de cambio de China habrá cosechado un gran éxito.
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