El hallazgo de una mega fábrica en la Chiquitania confirma que Bolivia otra vez forma parte de las redes internacionales de la droga.
Editorial El Nuevo Día
Como será de grave el problema del narcotráfico en el país, que hasta el Gobierno está comenzando a preocuparse. El Presidente y sus ministros están desesperados por mostrar que en el país se están haciendo todos los esfuerzos por luchar contra el narcotráfico y, cuando todo marchaba sobre rieles en términos mediáticos, de pronto apareció una megafábrica de cocaína en San Antonio de Lomerío que ha llamado la atención del mundo entero.
Esa factoría, con capacidad para producir hasta cien kilos de cocaína por día y equipada con modernos laboratorios para obtener precursores químicos a partir de la sal y el alcohol, es la prueba más incuestionable de que en el territorio boliviano están volviendo a operar los poderosos cárteles de la droga que en los años ‘80 estuvieron a punto de convertir al país en una “narco-república”.
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Los investigadores no saben si son colombianos o mexicanos los tentáculos que llegaron hasta la Chiquitania. Si se tratara de éstos últimos, no cabe duda que estamos frente a una verdadera multinacional del terror, que ha causado miles de muertos en la frontera con Estados Unidos y donde los gobernantes temen perder una guerra que podría significar cederles inmensas zonas a las mafias organizadas. Así ocurrió en Colombia, donde las FARC se convirtieron en el brazo armado de los narcotraficantes, con capacidad para sentar soberanía en buena parte del territorio.
Tal vez lo hace para no alarmar, pero es absolutamente iluso pensar, como lo hace el ministro de Gobierno Alfredo Rada, que la fábrica de San Antonio de Lomerío es producto de la actividad de narcotraficantes pequeños o medianos, de clanes familiares que tomaron la posta de los peces gordos que fueron ahuyentados a principios de los años ‘90, cuando Bolivia, asistida por la comunidad internacional, arremetió con toda su fuerza contra un flagelo que no sólo acarrea violencia, sino también problemas sociales, económicos y amenazas de terrorismo.
Es obvio que el Gobierno trata de proteger a los cocaleros y en ese afán ha expulsado a la fuerza antidrogas norteamericana, DEA. El presidente Morales, máximo líder de los productores de coca, no puede pretender, sin embargo, el éxito en el combate a las drogas, si no controla toda la “cadena productiva”. Atacar sólo a una parte es, en cierta forma, una manera de fomentar el narcotráfico, que dispone medios casi ilimitados para aprovechar la superabundancia de materia prima.
Hay quienes desconfían de la lucha antidrogas del Gobierno y lógicamente no ayuda el hecho de que se pretenda hacer ver que la mayor parte de la cocaína que circula en el país es de origen peruano o que se hable con un énfasis sobredimensionado del cultivo de marihuana, en tanto que el presidente Morales afirma que Bolivia “apenas produce el 10 por ciento de la cocaína del mundo”. Lo que menciona el Primer Mandatario representa más de cien toneladas de droga, una cifra que no tiene por qué tranquilizar a nadie, mucho menos si tomamos en cuenta que en Colombia –el primer productor– está disminuyendo la refinación de cocaína, de acuerdo a los reportes de la ONU. El narcotráfico necesita hoy, más que nunca, un enfoque sincero y muy enérgico.
Cuentas claras
bajo el penoco
Aunque tratando de minimizar las cosas, el presidente Morales admitió que Bolivia “apenas” produce el 10 por ciento de la cocaína en el mundo. En cualquier contexto, eso significa admitir un grave problema, pues ese porcentaje equivale a más de cien toneladas, de acuerdo a los datos oficiales de la ONU. Según los informes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el año pasado se incautaron algo más de 25 toneladas de droga y en lo que va de la presente gestión, se han decomisado casi cuatro toneladas en el país. Sin la necesidad de una calculadora, se puede comprobar que existe un faltante de 75 toneladas sólo en el año pasado y con toda seguridad, esta droga fue a parar al consumo interno y por supuesto, a la “exportación”. Si el Gobierno realmente quiere brotar pecho por sus esfuerzos por combatir la cocaína, tendría que incautar ocho toneladas por mes ó 2.600 kilos por día.