La ONU y la oposición cuestionaron la legitimidad de ciertos juicios. Varios procesos, la mayoría de ellos contra opositores a Evo, se han abierto en el actual gobierno.
Página Siete / La Paz
Un 54% cree que los procesos por desacato son políticos
ENCUESTA. 29 de cada 100 encuestados en el eje troncal, afirman que los juicios abiertos contra opositores tienen fines legales y no obedecen a intereses partidarios.
Más de la mitad de la población del eje troncal del país considera que los procesos por el delito de desacato, abiertos contra referentes de oposición, tienen fines políticos. Así lo revela la última encuesta realizada por IPSOS para Página Siete.
El estudio de opinión pública muestra que 54 de cada 100 entrevistados cree que hay una serie de motivaciones partidarias y políticas tras los juicios abiertos por aquel delito tipificado en el Código Penal. En cambio, 29% cree que estas causas responden a fines legales únicamente.
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La encuesta se efectuó en las cuatro ciudades más pobladas del país: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. 800 personas respondieron a cuestionarios estructurados. Todos los participantes son mayores de edad y se tomaron en cuenta todas las variables socioeconómicas y grupos etáreos.
El delito de desacato está calificado, de acuerdo a la normativa boliviana, como una figura en la cual una persona injuria, difama o calumnia a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones por cualquier medio. Su penalización está enmarcada entre un mes a dos años de cárcel (Código Penal, artículo 162).
A través de esta figura legal se han abierto varios procesos en los últimos años, la mayoría de ellos contra figuras de la oposición política.
Por un proceso de estas características, Rubén Costas se encuentra imputado. El vicepresidente Álvaro García Linera le abrió la causa después de que el gobernador cruceño lo acusara de presunta complicidad con el narcotráfico en Bolivia.
Por desacato también afrontan causas penales los parlamentarios de oposición Germán Antelo, Jessica Echeverría, Róger Pinto y Carmen Eva Gonzales.
Incluso la Organización de Naciones Unidas hizo repetidas observaciones a la vigencia de este delito en el país. Esta figura ha sido eliminada de varias legislaciones de Latinoamérica porque se la consideró como atentatoria a la libertad de expresión.
El MAS indicó que debatirán esta opción durante la redacción del nuevo Código Penal.
El lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que si los indígenas de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia se oponen a la realización de la consulta previa en el TIPNIS será considerado como un acto de “desacato”.
De acuerdo al estudio de IPSOS, la ciudad de El Alto es la urbe que mayor legitimidad encuentra en los procesos abiertos por aquel delito. 37% de los entrevistados en esta urbe afirmaron que los motivos para la apertura de esta clase de querellas tienen fundamentos legales.
Cruceños son los más críticos
La población de Santa Cruz de la Sierra es la más crítica a los procesos judiciales abiertos contra opositores por desacato.
El último estudio elaborado por IPSOS para Página Siete reveló que el 62% de los pobladores de la capital cruceña rechazan esta clase de causas y las consideran como casos políticos.
21 de cada 100 habitantes de Santa Cruz creen que los procesos abiertos por desacato responden a fines legales y son legítimos. 17% se abstuvo de opinar.
De la capital cruceña son varios de los opositores enjuiciados por esta clase de procesos, entre ellos su gobernador Rubén Costas.
Punto de vista
Carlos Alarcón, Constitucionalista
El tipo penal del desacato ha quedado prácticamente derogado por la vigencia de la nueva Constitución. Ésta reconoce aplicación preferente a los tratados de derechos humanos como la Convención Interamericana. Ya en 2004 se han dictado dos fallos contra Costa Rica y Paraguay descalificando el desacato por ser dilatorio de la libertad de información. Con estos antecedentes considero que el desacato ya está casi derogado y los fiscales y jueces que lo sigan aplicando incurrirían en responsabilidad internacional en contra del Estado boliviano.
En la ciudad de El Alto, 37% de la población considera que juicios por desacato tienen fines legales.
Ficha técnica
Universo. Compuesto por personas mayores de 18 años, de ambos sexos y de todos los niveles socioeconómicos que residen en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Muestra. Conformada por 800 personas, respetando la distribución de la población de acuerdo a género y edad.
Distribución. 388 entrevistados fueron hombres y 412 fueron mujeres. 161 correspondientes al grupo de edad de 18 a 24 años, 239 al grupo de 25 a 34 años, 254 al grupo de 35 a 54 años y 146 al segmento de 50 años a más.
Margen de error. El diseño y el tamaño muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de + – 3,39%, estimando una confiabilidad del 95% al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q=1).
Fechas. Las entrevistas se realizaron simultáneamente en las cuatro ciudades entre el 11 y 17 de febrero de este año.
Método. Se llevó a cabo mediante entrevistas directas orientadas a captar información de las personas mayores de edad, utilizando para ello un cuestionario estructurado y precodificado.