Gabinete. En la reunión de Coroico se definió que se aumentará el sueldo a los funcionarios públicos. También se exigió mayor coordinación entre el ejecutivo y las regiones
Anuncios. Nemesia Achacollo, Carlos Romero y Teresa Morales explicando a los medios los resultados del gabinete en Coroico
Marco Chuquimia. Coroico, El Deber
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Mejorar la coordinación y la gestión intergubernamental e intragubernamental en este año, cuando existe la opción legal de revocar el poder a alcaldes y gobernadores, fue la principal recomendación que lanzó el presidente Evo Morales a sus ministros, al concluir la reunión del gabinete ampliado que se realizó en Coroico.
En la clausura, Morales dijo que la principal debilidad de su Gobierno aún es la falta de coordinación entre los ministerios, asambleístas, con los movimientos sociales y autoridades regionales, como alcaldes y gobernadores.
“Se vienen los revocatorios. Los opositores quieren revocar a nuestras autoridades de las ciudades más importantes y tenemos que evitar eso”, dijo a los ministros y enumeró las dificultades que tienen alcaldes y gobernadores para lograr la aprobación de proyectos. Aseguró que las normas de ejecución son demasiado rígidas y pidió la flexibilización.
Dijo que estas autoridades tienen compromisos con sus electores y, por tanto, cuando no se atiende desde los distintos ministerios se enfrentan problemas internos. “Cuando no cumple un alcalde o gobernador, es negativo para el Gobierno”, sostuvo.
Morales puso como ejemplos el caso de Quillacollo y Sucre, donde no se pudo completar proyectos y los propios militantes destituyeron a las autoridades y el MAS perdió tales espacios.
A partir de junio, cualquier persona podrá solicitar al Órgano Electoral la autorización para iniciar el proceso de revocatorio de las autoridades elegidas y los interesados deberán recolectar en 90 días un poco más de 1,3 millones de firmas para que se dé curso a la solicitud; el Tribunal Supremo Electoral ya elabora el reglamento de este mecanismo y, en enero de este año, Morales desafió a los opositores a un revocatorio de su mandato, pero recibió una negativa.
El Gobierno también decidió el incremento salarial de los funcionarios públicos y, sin especificar el porcentaje del aumento, Morales señaló que el mismo no llegará a las autoridades ejecutivas.
“El presidente, el vicepresidente y autoridades elegidas ganábamos Bs 40.000 y decidimos, por austeridad, bajar a 15.000. Siento que hemos castigado a los servidores que ganaban hasta 5.000. Hemos recibido mucha observación sobre este tema e incluso reclamos de organismos internacionales sobre el salario de ministros y viceministros”, contó el presidente.
En el ámbito intragubernamental, el presidente llamó la atención a algunos ministros y viceministros. No los identificó, pero dijo que muchas autoridades “ni siquiera se saludan” y por ello les advirtió que si no coordinan, los va a cambiar a los dos. “Por favor, resuelvan sus problemas”, exclamó Morales.
Paralelamente a las decisiones políticas, en el plano social hubo observaciones al cumplimiento de las leyes que aprobó hasta el momento el régimen de Morales, por ello, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, planteó un observatorio de cumplimiento de leyes.
Asimismo, se definió la implementación de una estrategia comunicacional para la difusión de los proyectos gubernamentales y las políticas sociales que deben desarrollar en esta gestión.
Más recortes al IDH van a seguridad
El gabinete ampliado definió que la siguiente semana se remitirá a la Asamblea Legislativa la Ley General de Seguridad Ciudadana y que será financiada con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que reciben municipios y gobernaciones, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Según la autoridad, las nueve gobernaciones deberán entregar el 10% del IDH que les corresponde; mientras que aquellos municipios que tengan hasta 50.000 habitantes deberán aportar el 10% del IDH al plan integral y el resto, el 5%.
La norma comprende la interconexión de centrales entre el Órgano Judicial y la Policía para tener registrados a los delincuentes con amplio prontuario, para evitar que los mismos se acojan a beneficios judiciales y salgan de su reclusión cambiando de nombre.
Se implementará un centro de inteligencia de antecedentes que estará integrado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, policía antinarcóticos y aduanera.
Se asignarán tarjetas a los taxis y radiotaxis, además de GPS a los vehículos de transporte interdepartamental. Dentro del plan preventivo se prevé la aprobación de una ley de consumo de bebidas alcohólicas y el fortalecimiento de la Policía a través de equipamientos.
Acoso de un policía a los periodistas
Un policía de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el trabajo de los periodistas ayer. De manera prepotente arrebató la grabadora a una periodista de la Red Erbol e intentó decomisar la libreta de apuntes del periodista de EL DEBER, en un atentado contra el derecho al trabajo que ejercían los comunicadores en la población de Coroico.
El policía hostigó a los comunicadores durante los dos días que duró el evento en un hotel de la población de Coroico, obstruyendo el paso, o restringiendo el acceso a zonas que no estaban prohibidas. A las 15:00 aproximadamente, arremetió contra tres periodistas que cumplían su trabajo y llegó a exigir que se borraran las grabaciones que tenía la periodista de Erbol. Después de arrebatar la reportera, dijo que el problema debería ser solucionado por el gerente de canal 7, aunque esta persona no tiene ninguna autoridad. “A ver dame tu libreta, qué estabas anotando”, le dijo al periodista de EL DEBER, mientras otro comunicador que acompañaba los hechos refutó el intento. Para agrupar a los periodistas, un oficial desplegó sillas y ofreció los muebles “para un mejor trabajo”.
Todo esto se produjo mientras el presidente daba las conclusiones y recomendaciones a sus ministros y viceministros en el salón que fue habilitado en el hotel yungueño.
Al reclamar los periodistas, la ministra de Comunicación dijo que lamentaba los sucesos, que probablemente el oficial será cambiado de su puesto, que hablaría con seguridad de Palacio, pero evitó dar una declaración pública.