Roger Cortés
Si damos por cierta la noticia de que los gobernantes han empezado a considerar, por vez primera, un trazo alternativo de la carretera entre Cochabamba y el Beni, que no rompa el centro del Tipnis, saltan de inmediato un puñado de dudas. Más visiblemente que otras, la que proviene de que el inesperado anuncio está amarrado a la ratificación de que la consulta que prepara el Ejecutivo incluiría a los habitantes del Polígono 7, que se encuentran fuera del perímetro del Territorio Indígena, que superan en población a los habitantes del Parque y a través del que transcurre el “Tramo I” que une Villa Tunari y el río Isinuta.
Pero incluso obviando la montaña de infamias y trampas con que se ha intentado desbaratar y sepultar los reclamos indígenas, la posibilidad de que se estudie y se ejecute un diseño distinto parece excesivamente azarosa para quienes dicen estarla considerando. Ese radical cambio enfrentaría a la cabeza del Gobierno con los intereses que representa y que quieren ampliar el negocio más próspero que han encontrado, la especulación de tierras, a expensas del bosque y los pueblos que lo habitan. La dirigencia de organizaciones sociales más afín al oficialismo también resentiría el viraje, lo mismo que una parte importante de los pobladores del Polígono 7, a quienes el Ejecutivo embarcó en la contramarcha del enero pasado.
Claro que esos serían daños comparativamente menores, porque un cambio de orientación favorecería la fortaleza interna e internacional del Gobierno y sería un indicio de pausa en su tránsito del centro a la derecha. Por ahora, mientras no se verifiquen pruebas de esa intención de cambio, sería un gravísimo paso en falso detener la preparación de la resistencia contra la política vigente.
Las mejores evidencias que puede aportar el Gobierno en sentido de que enmendará su rumbo serían develar los nombres de los responsables de la represión contra la VIII Marcha, el desistimiento de toda acción judicial contra las mujeres y dirigentes indígenas y, la más importante, la resolución del contrato firmado con OAS, dando paso a un nuevo proceso de contratación, transparente y legal.
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Los Tiempos – Cochabamba