Este crimen ocurrió en Chaqueli Pocona, en la tierra de la exministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico.
La hija de la víctima luchó contra la impunidad, se enfrentó a su comunidad, denunció el crimen y después de peregrinar dos años, logró que el caso llegue a juicio este 10 de abril.
OPINIÓN, Cochabamba
Esther Torrico Peña, su abogado Dante Reyes y el compromiso promovido por el Sindicato Chaqueli.
El brutal asesinato de una madre de familia, ocurrido el 12 de febrero de 2010, jamás habría salido a la luz de no ser por la valentía de una de sus hijas que tuvo que enfrentarse con su comunidad e ir contra los designios de dirigentes sindicales agrarios de Chaqueli, en Pocona Totora, quienes se atrevieron a zanjar el asunto obligando al viudo a recibir $us 3.200 a cambio de no denunciar el hecho a la justicia ordinaria.
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Segundina Peña Rojas, una mujer de 48 años, esposa y madre de 9 hijos, era profundamente odiada por dos mujeres de su comunidad, Filomena Arce (48) y Bertha Miranda (31), quienes dieron oídos a un rumor de que Peña tendría alguna relación sentimental con el esposo de Filomena. Las dos mujeres enfrentaron a Segundina y pese a que ésta les juró que esa acusación no tenía sustento, que ella era cristiana evangélica por convicción y que jamás osaría ver al marido de otra, Filomena y Bertha no le creyeron. La insultaron y la golpearon en varias ocasiones. Incluso, días antes del crimen, la apedrearon dentro de su propia casa y en presencia de sus niños.
Llenas de rencor, las dos amigas planificaron entrar a la vivienda de Segundina para matarla y esperaron hasta el 12 de febrero de 2010, cuando vieron a los más pequeños salir a la escuela y a su esposo, Julián Torrico, irse a trabajar. Filomena Arce y Bertha Miranda entraron a la casa de Peña, la golpearon y luego la tiraron al piso, para introducirle un palo de picota a los genitales. El salvaje ataque le fracturó la pelvis a Segundina, le soltó los esfìnteres y le provocó una hemorragia aguda interna y externa. Las mujeres no la auxiliaron. Salieron de la casa y la abandonaron a su suerte. La madre soportó gran dolor, agonizó hasta que llegó su esposo Julián, quien quiso ayudarla pero ya era inútil. Su esposa falleció en sus brazos.
El crimen fue comunicado a los dirigentes quienes sentaron a la mesa a las dos mujeres y al viudo. Eugenio Gonzáles Herrera quiso encubrir el delito de las mujeres y pagó $us 3.200 a Julián Torrico por los gastos de sepelio. El 15 de febrero, los dirigentes del Sindicato Agrario de Chaqueli elaboran un acta de compromiso manuscrito en el que se identifican como asesinos de Segundina a Eugenio Gonzáles y Filomena Arce. Además, fijan una multa de $us 3.000 en favor del Sindicato, si alguna de las partes habla del crimen. El tío de los huérfanos, indignado por el “arreglo”, desnuda el cuerpo destrozado Segundina y lo exhibe ante toda la comunidad para que vean que ella fue asesinada. Sin embargo, el médico de Chaqueli, Dr. Alberto Vicaez se presta al juego de los dirigentes y emite un certificado de defunción en el que advierte que la mujer falleció de “muerte súbita”.
Al enterarse de la horrible e injusta muerte de su madre, Esther Torrico Peña, retorna de Argentina y presenta denuncia ante la Fiscalía y comenzó un verdadero peregrinaje para hallar justicia. “Mis hermanitos estaban traumatizados, no dejaban de llorar, al principio la fiscal no quería atenderme, decía que no aceptaba denuncias verbales, logré después de dos meses que se haga la necropsia del cadáver de mi mamá y fue muy difícil porque tenía que pedir permiso a la comunidad para todo, se molestaron por la denuncia y le cobraron la multa a mi papi pero no podíamos pagar, tuvimos que salir de Chaqueli para venirnos a vivir a Cochabamba, tuve que rogar como a dioses a los funcionarios para cada diligencia, es muy caro acceder a la justicia, vendimos un terreno para pagar los gastos del juicio y no nos queda nada”, contó.
La necropsia confirmó que Segundina Peña fue víctima de un homicidio. El abogado Dante Reyes, que hoy atiende gratuitamente el caso de la familia Torrico Peña y el fiscal Moisés Chiri acumularon todas las pruebas para acusar a Filomena Arce y Bertha Miranda por el delito de asesinato y a Eugenio Gonzáles por encubrimiento.
¿Justicia? es como pedir limosna
“Estoy cansada de llorar, hallar justicia es como pedir limosna, gracias a Dios ya hay fecha de juicio, es el 10 de abril en Aiquile y ahora solo ruego porque las autoridades sean justas” declaró Esther Torrico, quien tuvo que vender un terreno para pagar el costo de llevar un juicio adelante.
Este crimen ocurrió en Chaqueli Pocona, en la tierra de la exministra de Justicia Celima Torrico. El abogado Dante Reyes dijo que eso demuestra que en cualquier parte existen dirigentes y campesinos que mal entienden lo que es la justicia comunitaria y aprovechan su cargo para extorsionar a las partes. “Este no es un caso de robo de vacas que pueda arreglarse con dinero, es un crimen terrible, hay niños que han quedado huérfanos y la impunidad no puede venderse, hay que visibilizar esta podredumbre”, dijo.
Costo
20.000 bolivianos gastó Esther Torrico para costear los gastos del juicio: hotel en Aiquile para los testigos, diligencias y otros. Tuvo que lidiar hasta con la negligencia del IDIF, que perdió las uñas, cabello y jugo gástrico de su madre, para acumular pruebas.