Las autoridades judiciales son investigadas por la Cámara de Diputados.
La Prensa
La Suprema dice que la retardación de justicia no sólo pasa por sus manos, sino que hay otros factores. Si los “supremos” son imputados, éstos deben dejar sus cargos para que se defiendan en el juicio.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los ocho ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen juicios que inició el Gobierno del presidente Evo Morales por retardación de justicia y por pedir juicio de responsabilidades para el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. Los analistas estiman que el oficialismo puede acelerar los procesos legales y dejar “vacía” esta institución.
Las demandas contra las autoridades judiciales se ventilan en la Cámara de Diputados, controlada en su mayoría por el Movimiento Al Socialismo (MAS), y actualmente están en fase de investigación.
La Suprema funciona desde el 24 de marzo solamente con ocho ministros que hacen un quórum mínimo para aprobar resoluciones de Sala Plena.
Esta entidad judicial, según la Constitución Política del Estado abrogada, con el que fueron elegidos los supremos, debería estar compuesta por 12.
El Ejecutivo inició hace tres semanas un juicio por retardación de justicia en contra del presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, quien a su vez es presidente del Consejo de la Judicatura.
Esta autoridad es acusada de dilatar al menos cinco procesos presentados por el Estado en contra de ex autoridades gubernamentales, como el ex prefecto Alberto “Chito” Valle, acusado de vender maquinaria prefectural como si fuese chatarra y sin licitación previa; el ex ministro de Salud Tonchy Marinkovic, quien hizo un manejo irregular de vacunas, y el ex ministro de Defensa Fernando Kieffer por la compra con sobreprecio de un avión Beechcraft, que debía usarse para la atención del terremoto ocurrido en el departamento de Cochabamba en 1996, además de otros casos paralizados.
El Presidente de la Suprema deslindó responsabilidades al aclarar que esas demandas fueron iniciadas en gestiones anteriores, pues él asumió el cargo en abril de 2008.
El Comité de Ministerio Público de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que investiga a Fernández, actualmente está reuniendo documentación para imputar a la autoridad, lo que le inhabilitaría para seguir en el cargo. Rosario Canedo Justiniano, otra ministra y presidenta de la Sala Civil Primera, también afronta un proceso por prevaricato porque, al parecer, coadyuvó en la liberación de “Chito” Valle en 2007, cuando el ex Prefecto paceño fue detenido preventivamente. En la actualidad se desconoce el paradero de la ex autoridad, quien tiene orden de captura.
El presidente de la Comisión de Constitución, René Martínez (MAS), recordó que se logró suspender a la ministra Canedo; sin embargo, la Cámara de Senadores, que actúa como la instancia de revisión, decidió archivar la denuncia y la restituyó en su mandato. La magistrada, como fue declarada inocente, hace un mes planteó un proceso penal contra los diputados masistas de la Comisión; el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo (MAS), y la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, por los cargos de obstrucción de sus actividades judiciales.
Empero, la aparente fuga de Valle puede reconfigurar esta demanda, según Martínez, porque Canedo permitió la liberación del ex Prefecto cuando éste ya estaba detenido. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que tiene informes que indican que “Chito” no abandonó el país. La autoridad gubernamental aseveró que éste no “podrá esconderse de la justicia para siempre”.
El Órgano Judicial y el Ejecutivo se enfrascaron en una disputa que derivó en el pedido de renuncia de todos los “supremos” por parte del ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien incluso les tildó de pertenecer a una secta masónica y formar parte de partidos políticos tradicionales.
Ante estos ataques, los prefectos de la llamada “media luna”, cívicos y opositores al Gobierno de Morales salieron en defensa de la institucionalidad.
La ministra Canedo advirtió de que con estos juicios el Ejecutivo pretende “acabar” con esa entidad para tomar el control. Las cuatro entidades del Órgano Judicial tienen dificultades. El Tribunal Constitucional funciona apenas con una magistrada (Silvia Salame); el Consejo de la Judicatura, con un consejero (Rodolfo Mérida); el Tribunal Agrario tiene cuatro acefalías y la Suprema puede quedarse sin quórum si su Presidente es imputado por los diputados.
El constitucionalista Carlos Cordero opina que la estrategia gubernamental es procesar a todos los miembros de esta institución para justificar la salida de sus miembros. El criterio es compartido por el ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán, quien prevé una desestructuración inminente, pues los otros “supremos” también tienen procesos en su contra por plantear mediante una resolución el traslado del ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, acusado por la “masacre de Porvenir”.
Los ministros José Luis Baptista Morales, Ángel Irusta Pérez, Teófilo Tarquino Mújica, Beatriz Sandoval Bascopé, Hugo Roberto Suárez Calvimonte, el Presidente de la Suprema y la ex magistrada Emilse Ardaya son investigados por la Comisión de Constitución de Diputados debido a que mediante un auto supremo dispusieron que el juez quinto cautelar en lo Penal de La Paz, Willams Dávila, se inhiba de conocer la causa de Fernández y remita los obrados y al detenido a la ciudad de Sucre, para iniciarle un juicio de responsabilidades.
Para el Gobierno, Leopoldo Fernández merece un juicio por la vía ordinaria porque cometió delitos de lesa humanidad, por lo que acusó a las autoridades judiciales de prevaricato.
El ministro Julio Ortiz Linares, presidente de la Sala Civil Segunda, y el ex magistrado Héctor Sandoval también afrontan un proceso por emitir una orden de allanamiento a las cortes departamentales electorales de Oruro y Potosí en noviembre de 2008, por una denuncia de manipulación del Padrón nacional que presentó el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo.
Otros procesos contra los operadores de justicia
Jueces que son procesados en La Paz
El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción también inició procesos contra jueces por diferentes casos:
Jofré Asdrubal Columba, de Derechos Reales – Delito: prevaricato.
René Delgado Ecos, juez de sentencia en lo Penal – Delito: incumplimiento de deberes.
Daniel Espinar Molina, juez quinto de instrucción en lo Penal – Delito: prevaricato.
Consuelo Taborga Montán, ex juez primero de la Niñez y la Adolescencia – Delito: incumplimiento de deberes, retardación de justicia, trata de seres humanos agravado con relación a adopciones internacionales y concurso real.
Orlando Blacutt, juez segundo en lo civil – Delito: retardación de justicia.
Milagro Nemer Chaloup, juez primero de Trabajo y Seguridad Social – Delito: prevaricato.
José Luis Rivero, juez del tribunal de Sentencia – Delito: concusión.
Raúl Huaylla Rivera, juez de Tribunal Primero de Sentencia – Delito: peculado.
José Rivera Aliaga, juez de Tribunal Primero de Sentencia – Delito: peculado.
Álvaro Melgarejo, juez sexto de Instrucción en lo Penal – Delito: incumplimiento de deberes.
Santa Cruz
Osvaldo Céspedes Céspedes, vocal de la Corte de Distrito – Delito: prevaricato.
Oscar Menacho, juez primero de Partido en lo Civil – Delito: prevaricato.
Leaños Roque, juez primero de Instrucción en lo Penal – Delito: peculado.
Juan Saucedo Velasco – (no especificado).
Cinthia Salguero Áñez, juez cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social – Delito: peculado.
Roberto Pierini, juez octavo de Partido en lo Civil – Delito: prevaricato.
Miguel Severiche Saravia, juez cuarto de Partido en lo Penal – Delito: prevaricato.
Carlos Fremiot Mendieta, juez segundo de Sentencia – Delito: incumplimiento de deberes.
Saúl Saldaña, juez séptimo en lo Penal – Delito: incumplimiento de deberes.
Hugo Zeñon Guevara, juez primero de Ejecución de Penas – Delito: falsedad material.
Janeth Paniagua, juez tercero de Instrucción en lo Penal – Delito: prevaricato.
Alaín Núñez, juez octavo de Sentencia – Delito: prevaricato y uso indebido de influencias.
Sergio Cardona, juez séptimo de Instrucción en lo Penal – Delito: uso indebido de influencias.
Rolando Toledo Pereira, juez décimo de Partido en lo Civil –Delito: prevaricato.
Víctor Hugo Justiniano Gutiérrez, juez séptimo de Instrucción en lo Penal – Delito: falsedad material.
Nelly Sánchez Justiniano, juez segundo de Trabajo y Seguridad Social – Delito: prevaricato.
Edwin Rojas
Colegio de Abogados
La Comisión de Constitución nos ha dado señales muy claras de ser una entidad que no da confianza al pueblo boliviano sobre los procedimientos que aplican para juzgar a las autoridades. Cuando se inician estos procesos, los ciudadanos bolivianos ya no tenemos dudas de que se buscan fines políticos y no cumplir con la función de restringir el delito. Las persecusiones son exceso de poder y violaciones a los derechos fundamentales de las personas, todo por fines políticos. Considero que si continuamos en esa vía, el pueblo le va a pasar la factura al MAS porque se está atentando contra la institucionalidad del Poder Judicial, contra la independencia de ese órgano del Estado. De seguir así van a lograr su objetivo de descabezar la Corte Suprema como ya lo hicieron con el Tribunal Constitucional y con la Contraloría General de la República.
Carlos Alarcón
Constitucionalista
Hay un interés deliberado de reemplazar y sustituir a todos los administradores de justicia de los altos tribunales. Ya pasó con el Tribunal Constitucional y ahora le toca a la Corte Suprema. De alguna manera, el Gobierno quiere tener en esos puestos a gente que responda a sus intereses. La Constitución no da ninguna garantía para tener un régimen de justicia imparcial, más bien crea un sistema altamente politizado al devenir de procesos políticos. Se busca que en Bolivia no exista un control de constitucionalidad y ahora tampoco un control de legalidad, que es la función de la Suprema. Es el camino libre para que las leyes y sobre todo los decretos del Gobierno no tengan un control de constitucionalidad y legalidad. En este sentido, la perspectiva es de alta politización de los procesos que se vienen. En el juicio contra los magistrados del Tribunal hubo un show político, no un verdadero acto de justicia. El Congreso es un pésimo juez, se ha comprobado.
Demanda y contrademanda
En 2007, el MAS presentó una denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, compuesta por oficialistas, procedió a suspenderlos.
El Senado los restituyó. Sin embargo, la mayoría de los magistrados renunció después.
La ministra Rosario Canedo también fue suspendida por el oficialismo en la Cámara Baja.
Igualmente, la oposición restituyó a la autoridad en la Corte Suprema de Justicia.
Canedo inició un proceso penal contra la Comisión de Constitución y contra Nardi Suxo.
La querella puede derivar en un juicio de responsabilidades contra la Ministra anticorrupción.
El procedimiento
La retardación de justicia y el prevaricato son los delitos que prevalecen contra los “supremos”.
Estas denuncias son investigadas por la Comisión de Constitución de Diputados.
El proceso actualmente está en la etapa preparatoria donde se recolectan pruebas del delito.