“A nadie le place en el exterior que en Bolivia exista un Gobierno que no vacile en copiar la tristemente célebre metodología del fascismo europeo”.
Editorial La Prensa
Ha dado la vuelta al mundo la imagen de la amenaza masista de cercar desde hoy el Parlamento para forzarlo a sancionar la cuestionada ley de régimen electoral “transitorio” hacia la plena hegemonía política. Igualmente, las alusivas a un monumental fraude electoral y a unas intolerables infracciones a principios constitucionales de validez universal sobre la naturaleza y los alcances del derecho al sufragio (“un ciudadano, un voto”).
Entre los analistas foráneos cobra cada vez más nitidez la forma en la que el actual Gobierno utiliza a los pobres campesinos para conseguir sus fines. En materia electoral, con el “voto comunitario” (votar por el MAS bajo advertencia de graves sanciones en caso de que se resistan a hacerlo) se les anula el derecho que les asiste a sufragar libremente por quien o quienes quieran. A las denominadas circunscripciones de “pueblos indígenas”, de espaldas a parámetros referidos a densidad demográfica, se les fija una “cuota” de representación legislativa, en cantidad sensiblemente superior a la que verdaderamente les corresponde. De esta manera apunta a alzarse con un mayor número de congresistas, a fin de garantizarse un saldo mayor en la correlación de fuerzas parlamentarias.
Tenemos luego un Padrón Electoral que rebalsa de datos fraudulentos. Cabe destacar que las inscripciones irregulares de ciudadanos no son de ahora, sino de gestiones anteriores, con la especificidad de que su origen no es principalmente asociable a esquemas de fraude, sino a errores, en gran medida como fruto de la corrupción en los servicios que suministran a la Corte Nacional Electoral los respectivos datos. Pero urge igualmente señalar que esas irregularidades se incrementaron notablemente con la “carnetización” gratuita, a lo que agregó lo suyo el fraude en recintos electorales rurales alejados, tal como lo señalan recurrentes y contundentes denuncias públicas.
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Todo lo precedentemente señalado es cosa que ya se conoce en el exterior, donde la imagen del Gobierno de Evo Morales empieza a desdibujarse de forma progresiva. Sobre todo a partir de atropellos y atentados a los derechos humanos y a las libertades de prensa e información, contingencias que por cierto no alcanzan a todos los bolivianos, pero sí a ciertos sectores que por serlo igualmente deben ser respetados.
La latente amenaza masista de cercar el Congreso de la República aumentó el referido deterioro, pues a nadie le place en el exterior que en Bolivia exista un Gobierno que no vacile en copiar la tristemente célebre metodología del fascismo europeo para avasallar al adversario y obligarlo a hacer lo que se quiere, como fue la utilización de sectores sociales o grupos de choque en cercos y medidas de presión que intimidaran y doblegaran a la oposición. No se ha desvanecido aún de la memoria pública internacional el ignominioso cerco de los partidarios de Adolf Hitler al “Reichstag” (Parlamento de Berlín). Y cada vez que el Gobierno boliviano alienta o tolera tan repudiable ruta táctica, no consigue otra cosa que la “esvástica” o cruz gamada del autoritarismo de aquella época termine estampada en su wiphala ultraindigenista.
Menos mal que parece que en el Ejecutivo irrumpen sectores particularmente sensibles a los negativos efectos que para la imagen del MAS, tanto a escala nacional como internacional, provocan tan repudiables “cercos”. Sin duda que ellos asumen conciencia de que tales métodos de presión son más perjudiciales que beneficiosos al régimen.