Piérola dijo ante el fiscal que el parlamentario Juan Salamanca Velásquez lo visitó para pedirle la inclusión de su hija en la lista de los 54 postulantes. Tras el escándalo Comandante Santiesteban ordenó dar de baja a 57 cadetes. Padres preparan un amparo constitucional.
Un senador pidió ayuda para que su hija ingrese a la Anapol
Se trata del congresista suplente del MAS Juan Salamanca Velásquez.
Caso. Piérola dijo ante el fiscal que el parlamentario lo visitó para pedirle la inclusión de su hija en la lista de los 54 postulantes. García Linera pidió que se esclarezca el caso.
Página Siete / La Paz – 12/04/2012
Piérola y Ortuño (vestidos de civil) son escoltados tras la audiencia cautelar. Foto APG.
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Juan Salamanca Velásquez, senador suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Oruro, pidió ayuda a jefes policiales para que su hija sea incorporada a la Academia Nacional de Policías (Anapol) luego de que la joven reprobara el examen de ingreso. Su nombre aparece en la lista de los 54 postulantes “interculturales” que entraron de forma presuntamente irregular.
En la declaración ante el fiscal, el coronel José Piérola, rector de la Universidad Policial (Unipol), informó que el senador Salamanca lo visitó.
De manera textual, Piérola señala: “Me visitó el senador Salamanca sin recordar la fecha, donde me insinuó cómo podría realizar el ingreso de su hija a la Anapol ya que había reprobado (el examen). De igual forma le indiqué que tome contacto con el señor comandante general”.
Al consultarle a Piérola si se hizo una revisión de las listas presuntamente irregulares enviadas desde el Comando General de la Policía, el rector de la Unipol respondió: “No, porque en la carta (del) comandante general textualmente indica: considerando que algunos reprobaron y el temor de otros postulantes del área rural a los exámenes de admisión (sic)”.
Al respecto, el senador Salamanca admitió que su hija ingresó a la Anapol después de haber reprobado los exámenes, pero dijo que él no se acercó al coronel Piérola. “Evidentemente, yo soy parte de la Federación Central de Caracollo de los pueblos indígena originarios, entonces la petición ha sido de mi federación, no ha sido de mí. Yo he pedido recomendación de las autoridades originarias”, señaló.
Asimismo, Salamanca manifestó que no sólo se recomendó a su hija sino a otros jóvenes más y negó haber hecho pagos irregulares. “Yo estoy en contra de esas acciones porque como autoridad no es posible hacer eso”.
Señaló que el ejecutivo de la federación de su organización social gestionó el ingreso de su hija a la institución policial.
El día sábado 4 de febrero se incorporaron 460 postulantes a la Anapol, los cuales aprobaron los exámenes y cumplieron con los requisitos. Días después fueron admitidos 54 jóvenes que no aprobaron las pruebas de admisión ni cumplieron requisitos, pero formaban parte de una lista enviada por el comandante de la Policía , general Jorge Santiesteban.
El nombre de la hija del senador suplente del MAS, E.S.P., se encuentra en una de las dos listas que llegaron a la Unipol desde el Comando General de la Policía.
El martes se supo que la hija del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, y el sobrino del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, estaban en las listas presuntamente irregulares de jóvenes “interculturales” que ingresaron después de la incorporación oficial de 460 bachilleres.
Al respecto, el fiscal Aldo Ortiz señaló ayer que hasta ahora los dos casos señalados son especulaciones, pero que una vez que obtenga mayores detalles de manera oficial no descarta convocar a ambas autoridades.
Involucran al Comandante de la Policía en el caso Anapol
La Fiscalía citará al comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, luego de que éste fue involucrado en el caso de la presunta admisión irregular de 54 cadetes a la Academia Nacional de Policías. En este proceso, un juez ordenó la detención domiciliaria y arraigo de dos jefes policiales.
Audiencia. Los coroneles Marco Ortuño y José Piérola, ayer.
La Razón / Luis Mealla / La Paz
El juez 3° de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, fue el que dispuso ayer las medidas cautelares en contra de los coroneles José Piérola, rector de la Universidad Policial (Unipol), y Marco Ortuño, director de la Academia Nacional de Policías (Anapol).
“En la audiencia, los abogados han mencionado que las notas y todo el accionar de ellos ha sido a través de una orden emitida por una autoridad superior (el general Santiesteban), que va a venir a prestar una declaración. En función a ello, vamos a ingresar a control jurisdiccional de esa persona”, dijo Aldo Ortiz, fiscal asignado al caso.
Caso. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, indicó que Santiesteban firmó la resolución para admitir a los postulantes, en el marco del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”, e instó a que la Justicia lo investigue.
“Es una resolución firmada por el general Santiesteban, por esa razón es que debería ser convocado para que explique esa situación; serán las investigaciones las que deberán arrojar más detalles al respecto”, afirmó Suxo.
El 19 de marzo, un individuo identificado como Raúl Morales —de quien el Gobierno puso en duda su identidad— denunció que Santiesteban envió a Piérola una lista de 54 jóvenes “recomendados” para ser incorporados a la Anapol, previo pago de $us 5.000, dentro del plan piloto intercultural.
Luego, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el plan era legal, pero que con la Policía se decidió dejarlo sin efecto para evitar susceptibilidades por presuntas anomalías. Aseguró que él no tenía conocimiento del programa, ya que se procesó en la gestión del exviceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz.
Transparencia presentó una denuncia formal y se aprehendió a Piérola y Ortuño. El martes, la Fiscalía los imputó por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias. “Correspondía a la Comisión de Máxima Instancia, formada por los ministerios de Transparencia, Gobierno, Educación y Salud, el Comando General de la Policía y el Vicerrector de la Universidad Policial, aprobar las listas y velar por la transparencia en la selección. Se firmó la resolución sin tomar en cuenta lo que dispone esa comisión”, dijo Ortiz.
El fiscal agregó que el Ministerio Público ya citó a Santiesteban y a otras 12 personas, entre coroneles, mayores y un civil. Acotó que la etapa de declaraciones empezará mañana. “Todo aquel que haya participado en el presente hecho y que está ingresando en conductas de corrupción va a ser citado”, explicó el fiscal Ortiz.
En tanto, Suxo aseguró que desde que se iniciaron las investigaciones, personal de su ministerio, la Fiscalía y policías que indagan el hecho son víctimas de amenazas. También descartó influencia del viceministro César Navarro y del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, para que su sobrino e hija, respectivamente, hayan ingresado a la Anapol, ya que sus nombres figuran en las listas del programa piloto.
La ministra dijo que Navarro argumentó que su sobrino ingresó como cualquier persozna y que la hija de Santalla se retiró al conocer este hecho.
Denuncian amenazas
Víctimas
La ministra Suxo y el fiscal Aldo Ortiz denunciaron ser víctimas de amenazas en la investigación de la admisión irregular de 54 cadetes.
Poder
Suxo explicó que en las amenazas le aseguraron que “la Policía tiene mucho poder”. Pese a ello, dijo no sentirse intimidada por ese hecho.
Santiesteban ordenó dar de baja a 57 cadetes
El lunes 9 de abril, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, emitió un memorándum mediante el cual se ordena dar de baja a 57 cadetes que ingresaron a la Anapol bajo la modalidad del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
“Con la finalidad de poner fin a malas interpretaciones por presuntas anomalías y en cumplimiento a instrucciones superiores, queda suspendido el ‘programa’, quedando sin efecto la inscripción de los cincuenta y siete jóvenes postulantes interculturales”, indica una parte del documento que envió Santiesteban al coronel José Piérola, rector de la Unipol.
Cifras. No obstante, según las investigaciones del Ministerio Público, además de la denuncia de Raúl Morales hecha el 19 de marzo, sólo figuran 54 cadetes en las listas que son procesadas por el fiscal asignado al caso, Aldo Ortiz.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que dejan en manos de las autoridades judiciales el determinar el grado de participación y responsabilidad de Santiesteban en este caso de supuesta admisión irregular de cadetes a la Anapol. Sostuvo que él no puede emitir ninguna posición al respecto porque puede prejuzgar.
“El tema debe ser esclarecido en la instancia en que se encuentra; no parecía una mala idea el favorecer a gente del área rural, pero aquí lo que se cuestiona es el procedimiento (para elaborar las listas). El plan piloto fue debatido en el Consejo Académico de la Unipol y el espíritu del plan no está en cuestionamiento, pero el procedimiento para operativizarlo es lo que generó denuncias”, sostuvo la autoridad gubernamental.
Padres preparan un amparo constitucional
Los padres de familia de los 54 cadetes que presuntamente fueron admitidos de forma irregular a la Anapol, dentro un plan piloto, analizan la presentación de un amparo constitucional para evitar que sus hijos sean dados de baja.
“En primera instancia, con nuestros abogados se está analizando la presentación de un amparo constitucional, porque ya hay una resolución para que saquen a nuestros hijos de la Anapol”, explicó una madre de familia que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.
Aseguró que sus abogados agotarán todas las medidas antes de asumir esa determinación. Añadió que no se descarta presentar una querella contra la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por difamación y calumnia. “Gracias a la denuncia que ella presentó, sin mostrar pruebas de presuntos pagos de dinero, nuestros hijos están siendo vulnerados en sus derechos constitucionales”, agregó.
Al respecto, la ministra Suxo aseguró que los cadetes no fueron responsables de la irregularidad, sino “los que cobraron para ponerlos en la lista”. “Estaremos a la espera de cualquier denuncia que nos hagan, nosotros sólo cumplimos nuestro deber”, argumentó la autoridad.
Juez determina arresto domiciliario para Piérola y Ortuño
Página Siete / La Paz
E l juez tercero de Instrucción en lo Penal, Alberto Chaca, determinó detención domiciliaria y arraigo para el rector de la Universidad Policial (Unipol), José Piérola, y para el director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Marco Ortuño, por ser los presuntos responsables en el ingreso irregular de 54 bachilleres postulantes a la institución policial.
Después de tres horas y media de audiencia cautelar, el magistrado valoró los indicios que involucran a ambos jefes policiales de ser los responsables de haber hecho entrar a la Anapol a 54 jóvenes, al margen de los 460 bachilleres que lograron aprobar las pruebas correspondientes.
Ninguno de los 54 bachilleres fue admitido por la Comisión de Máxima Instancia (conformada por los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Deportes, de Transparencia, así como representantes de la Unipol), y de este modo se incumplió la resolución suprema 4908 de 10 de diciembre de 2010, la que regula la convocatoria, selección y admisión de postulantes a la Anapol.
En la audiencia, el fiscal Aldo Ortiz presentó documentación de dos resoluciones administrativas, las cuales estaban firmadas por el coronel Piérola, en las cuales se ponía en ejecución un programa piloto para que ingresen jóvenes interculturales.
La Fiscalía imputó a ambos coroneles por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
Sobre los riesgos procesales, Ortiz señaló que el martes, a través de la presentación de documentos, los aprehendidos desvirtuaron el riesgo de fuga por contar con un domicilio fijo y trabajo, no obstante el riesgo de obstaculización del proceso fue valorado por el juez, ya que los involucrados pueden influenciar sobre otros partícipes en la modificación de pruebas, de acuerdo con la explicación del fiscal.
Ortiz manifestó que la investigación se ampliará para conocer acerca de los presuntos cobros irregulares que se recibieron de los familiares de postulantes para el ingreso a la Anapol.
“No tenemos los indicios suficientes, pero una vez que los tengamos, se puede ampliar la imputación y convocar a más personas”, manifestó el fiscal.
Familiares agreden a camarógrafos y periodistas
Página Siete / La Paz
Camarógrafos, fotógrafos y periodistas que esperaban la finalización de la audiencia cautelar de los dos jefes policiales, coroneles José Piérola y Marco Ortuño, fueron agredidos física y verbalmente por familiares de los aprehendidos cuando éstos salían custodiados por policías y agentes de Inteligencia del juzgado.
A las 13:00 terminó la audiencia cautelar de ambos jefes policiales. Después de la salida de familiares y otras personas ajenas al caso, los medios de comunicación esperaban información sobre el dictamen del juez en la puerta del juzgado tercero de Instrucción en lo Penal.
Cuando los detenidos tenían que salir, cuatro policías uniformados hicieron un cordón de seguridad y agentes de Inteligencia de civil se pusieron alrededor de los aprehendidos.
En ese momento los policías de Inteligencia empujaron a los camarógrafos y los familiares y cercanos a los coroneles Piérola y Ortuño golpearon y jalaron a los camarógrafos y periodistas impidiendo que se registren imágenes de la salida de los detenidos.
“¡Son unos buitres!, ¡salgan de aquí!”, gritaban algunas mujeres -en referencia a los medios de comunicación- en los pasillos del cuarto piso de la Corte Superior de Justicia.
Dos cámaras de video quedaron afectadas. La batería de una de ellas cayó al piso luego de que una persona golpeó uno de los equipos. Y la otra resultó afectada después de recibir golpes mientras la gente impedía que los camarógrafos realicen la filmación de los hechos.
Entre varios otros empujones, la puerta de vidrio de otro juzgado se rompió y hubo una persona que cayó al piso.