La IV Comisión Nacional de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) concretó su plataforma de demandas que debe ser atendida por el Gobierno central. Siete son los puntos por los que marcharán desde el próximo 25 de abril desde Chaparina, Beni, hacia la ciudad de La Paz.
La novena marcha es denominada “Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las área protegidas, cumplimiento de la CPE y el respeto de la democracia”.
La IV Comisión reunida ayer en Santa Cruz determinó en el punto de “Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”, el cumplimiento, aplicación y respeto pleno a la vigencia de la Ley 180 de protección del Tipnis que prohíbe la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por la reserva ecológica.
La marcha también pedirá la abrogación de la Ley 222 que ratifica la consulta previa sobre la construcción de la vía por el Tipnis que fue solicitada por otra marcha protagonizada por el Consejo Indígena del Sur, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), además del retiro inmediato de los barcos de la Armada Boliviana así como de militares y funcionarios encargado de ejecutar la consulta en el Tipnis.
También demandan la aplicación y el cumplimiento de las normas y/o regulaciones sobre áreas protegidas “así como la reposición de licencias de todas las actividades productivas y comerciales en el marco de las normas ambientales vigentes”, y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno con relación al parque nacional y área natural de manejo integrado Aguaragüe.
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En el punto de Medio Ambiente, exigen la administración y manejo directo de las 22 áreas protegidas y respeto a las reservas forestales por las organizaciones por las naciones y los pueblos indígenas.
Su plataforma incluye el encarcelamiento y prisión en Chonchocoro a los responsables y a los autores materiales e intelectuales de la represión policial del 25 de septiembre de 2011, en Limocito, durante la octava marcha, además del resarcimiento a las víctimas.
También piden que no se criminalice la protesta pública establecida en la Constitución Política del Estado, así como el cese de la persecución política y policial a los dirigentes indígenas.
Entre otros puntos se encuentra la incorporación de un representante por cada nación y pueblo indígena originario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, elegido por normas y procedimientos propios, como así también la incorporación a sus representantes al Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental.
En el encuentro también se evaluó la decisión del Ejecutivo de iniciar el proceso de anulación del contrato con la constructora brasileña OAS, encargada de las obras de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; el hecho fue calificado por la dirigencia del sector como “no creíble”.
Para el vicepresidente Álvaro García Linera, la anulación del contrato con OAS desvirtúa la principal demanda de la novena marcha.
La Paz, 12 de abril (Oxígeno).