En la ciudad de El Alto, se ha convertido un buen negocio ser dirigentes sindical, siempre y cuando se apoye al gobierno de Morales porque así se obtiene prebendas.
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La Patria
En la ciudad de El Alto, se ha convertido un buen negocio ser dirigentes sindical, siempre y cuando se apoye al gobierno del presidente Evo Morales porque así se obtiene prebendas, cuotas de poder en la Alcaldía, Prefectura del Departamento y las instituciones del gobierno dejando de lado los principios y la independencia sindical, afirmaron, este sábado dirigentes universitarios de la Universidad Pública alteña y activistas sociales. No obstante, los representantes de Central Obrera Regional (COR) rechazaron estas acusaciones aunque reconocen que uno de ellos trabaja en la Prefectura.
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De acuerdo con la dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UPEA, Lidia Mamani, los presuntos hechos de corrupción, nepotismo y favoritismo en la que incurren los dirigentes sindicales de la COR, Fejuve y Gremiales “son de conocimientos público”, al considerar que estos representantes no velan por los intereses del pueblo alteño, pero si se esfuerzan por apoyar las políticas del gobierno del MAS.
“Lastimosamente no hay pruebas de estos actos de corrupción porque no deja facturas, pero si se investiga a fondo pueden haber resultados como en el caso YPFB Catler-Uniservice”, dijo la dirigente universitaria, al lamentar la falta de fiscalización de los dirigentes de la COR en el caso del recojo de la basura, falta de instalación de gas a domicilio, incremento en las facturas de agua potable.
En tanto, el representante del Bloque Vecinal Revolucionario (BVR) y ex dirigente vecinal, Froilán Calcina, explicó que la jerarquía de la dirigencia de la COR, Fejuve y de los Gremiales son controlados por el Gobierno, mediante la distribución de empleos para evitar ser fiscalizados.
“La Federación de Mujeres tiene su cuota en la Alcaldía de El Alto, ahora ellas, han metido sus narices en la ONG Gregoria Apaza para pedir pegas pero como no las han dado buscan su expulsión de la ciudad. Todos saben que Edgar Patana, ha metido a sus familiares y amigos a trabajar a la Prefectura, la Alcaldía y en la administración pública”, dijo.
En respuesta a las acusaciones expresadas por los dirigentes, el secretario de Género de la COR, Félix Quispe Murillo, negó que los dirigentes hayan convertido la actividad sindical en un negocio pero reconoció que el dirigente de dicha organización Remigio Condori, trabaja como Director de Cultura en la Prefectura de La Paz, pese a que el estatuto no lo permite. Al ser consultado si tal hecho no constituye una irregularidad, respondió que no, porque el Comité Ejecutivo de la COR le autorizó, aunque no un ampliado de los representantes de los sectores que conforma dicha organización.
“El compañero Remigio Condori, trabaja en la Prefectura por invitación directa del Prefecto (Pablo Ramos) y (en) el comité ejecutivo hemos acordado para que el vaya. Es el único aunque (el caso) no esta dentro del estatuto, o sea, no es estatutario que él este ahí. El dirigente Condori, como dirigente debería cumplir lo que dice el Congreso (concluir con su gestión) pero nosotros hemos revisado esa situación y lo hemos avalado”, argumentó.
Empero, Quispe, cree que las acusaciones y observaciones en contra de la dirigencia de la COR, Fejuve y Gremiales es una venganza de parte de las ONGs que no quieren ser fiscalizadas por las organizaciones sociales.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la COR Edgar Patana, dijo que son inocentes de toda acusación, al asegurar estar tranquilo, ante la conclusión de su gestión, por lo que lamentó que algunos malos representantes de El Alto se habrían beneficiado de las ONGs, de otras instancias públicas y/o privadas.
“Incluso nosotros estamos en la última etapa de nuestra gestión tranquilos, deber cumplido y después dirán si hicimos lo correcto o lo incorrecto”, manifestó.