Gobierno utiliza vehículos de la Gobernación de Beni y helicópteros de la Fuerza Aérea, para llevar regalos y gente de un lugar a otro en el Tipnis, a menos de 4 semanas de la consulta previa y a 9 días de la IX marcha indígena.
Denuncian despliegue de personal y equipo en el Tipnis
A NUEVE DÍAS DE LA MARCHA.
Los Tiempos – 17/04/2012
El Presidente entrega gasolina a comunarios del Tipnis, el viernes pasado. – Apg Agencia.
A menos de cuatro semanas de la consulta previa y a nueve días de la IX marcha indígena, el Gobierno realiza un “despliegue exagerado de vehículos de la Gobernación de Beni e incluso de helicópteros de la Fuerza Aérea, para llevar regalos, equipos, alimentos y gente de un lugar a otro” en el Tipnis, denunció ayer Emilio Nosa, expresidente de la Subcentral Sécure.
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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que “no se trata de un despliegue descomunal… Si hay una movilización, está en el marco de convenios acordados con organizaciones indígenas en la zona”.
Emili Nosa dijo que el Gobierno hizo ese despliegue supuestamente para consensuar con las comunidades el contenido del protocolo o reglamento de la Ley 222 de consulta “previa”.
“Es una verdadera humillación para los pueblos indígenas ver cómo nuestros hermanos se prestan a maniobras del Gobierno, que por un poco de alimento, vestido y algunos motores, son trasladados como turistas en helicópteros de un lugar a otro para preparar reuniones y asambleas”, dijo ayer Emilio Nosa, depuesto recientemente como presidente de la Subcentral Sécure del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras una supuesta “intervención” de su organización.
Confirmó que la pasada semana brigadas de los ministerios de Obras Públicas y de Aguas y Medio Ambiente, “después de entregar prebendas y dádivas, lograron consensuar con 13 comunidades afines políticamente al Gobierno”, los términos del protocolo para llevar adelante la consulta “previa” del 10 de mayo al 10 de junio próximos.
Nosa también denunció que las brigadas de ambos ministerios “ingresaron a las comunidades atropellando a sus organizaciones, con respaldo de vehículos y comida pagados por la Gobernación de Beni y el Gobierno”.
Gestión
El ministro Romero justificó las acciones de las brigadas y dijo que están respaldadas por el artículo séptimo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Romero dijo, sin embargo, que desconoce la movilización de helicópteros o barcos de la Naval con este propósito.
Romero adelantó que en el transcurso de los siguientes días las brigadas para consensuar contenidos del protocolo ingresarán a las 40 comunidades afiliadas a la Subcentral del Tipnis, para que hasta el 5 de mayo, cuando arranque la consulta, el reglamento esté debidamente consensuado con la mayoría de las comunidades del parque y territorio indígena.
Al respecto, el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, informó que las 41 comunidades que conforman la organización indígena resolvieron impedir el ingreso de brigadistas del Gobierno a sus localidades, con el riesgo de ser expulsados y decomisados sus vehículos y equipos.
Critican “intervención” de Subcentral Sécure
El dirigente Emilio Nosa denunció que aprovechando la suscripción de convenios de desarrollo y asistencia social, en beneficio de comunidades indígenas, el Gobierno logró la adhesión de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (Cepib), cuyo principal dirigente, Pedro Varé, respaldó la elección “ilegal” de dirigentes y la “intervención” de la sede de la Subcentral Sécure.
Dijo que hace 10 días, Carlos Fabricano, “un funcionario público que trabaja como enfermero de la comunidad de Oromomo, fue elegido presidente de la Subcentral Sécure, en una reunión de solamente 13 de 21 corregidores realizada en la comunidad de San José, vulnerando los estatutos de la Subcentral”.
Agregó que, el pasado viernes, Carlos Fabricano y dirigentes afines al Gobierno de las comunidades de Santa Rosa, San José, Capital, San Lorenzo de Moxos, Nueva Natividad y otros, intervinieron físicamente la sede de la Subcentral Sécure, en Trinidad, Beni.
Indígenas denuncian conjura contra marcha
Preparativos. Dirigentes aseguran que hay un despliegue exagerado de vehículos de la Gobernación de Beni en la zona. Ministro Romero señala que se hace gestión pública.
Protesta. El principal dirigente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, encabeza los preparativos de la marcha.
EL DEBER/Los Tiempos
A pocos días del inicio de la novena marcha, el Gobierno realiza un “despliegue exagerado de vehículos de la Gobernación de Beni e incluso de helicópteros de la Fuerza Aérea, para llevar regalos, equipos, alimentos y gente de un lugar a otro” en el Tipnis, supuestamente en su labor de consensuar con las comunidades visitadas el contenido del protocolo o reglamento de la Ley 222 de consulta previa, denunció un dirigente.
Por su parte, el dirigente Fernando Vargas señaló que el sábado pasado hubo un bloqueo en la zona, luego de una reunión del ministro Juan Ramón Quintana con el alcalde de San Ignacio de Moxos. “Es como previniéndonos de lo que puede pasar”, sostuvo Vargas, al confirmar la marcha.
“Es una verdadera humillación para los pueblos indígenas ver cómo nuestros hermanos se prestan a las maniobras del Gobierno, que por un poco de alimento, vestido y algunos motores son trasladados como turistas en helicópteros de un lugar a otro para preparar reuniones y asambleas”, dijo ayer Emilio Noza, depuesto recientemente como presidente de la Subcentral Sécure del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) luego de una supuesta “intervención” de su organización.
Confirmó que la pasada semana las brigadas de los ministerios de Obras Públicas y de Aguas y Medio Ambiente, “después de entregar prebendas y dádivas, lograron consensuar con 13 comunidades afines políticamente al Gobierno”, los términos del protocolo para llevar adelante la consulta previa del 10 de mayo al 10 de junio próximos.
Noza también denunció que con el objetivo de lograr la adhesión de las comunidades indígenas, las brigadas de ambos ministerios “ingresaron a las comunidades atropellando a sus organizaciones, con respaldo de vehículos y comida pagados por la Gobernación de Beni y el Gobierno, para conformar primero organizaciones paralelas y luego suscribir acuerdos de consenso sobre el protocolo de consulta”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que “no se trata de un despliegue descomunal o fuera de serie. Simplemente si hay una movilización esta es en el marco de la gestión pública de convenios acordados con organizaciones indígenas asentadas en esa zona”.
Justificó las acciones de las brigadas de los ministerios de Obras Púbicas y de Medioambiente, señalando que las mismas están respaldadas por el artículo séptimo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Romero dijo, sin embargo, que desconoce la movilización de helicópteros o barcos de la Naval con este propósito.
El ministro adelantó que en el transcurso de los siguientes días las brigadas, para consensuar contenidos del protocolo, ingresarán a las 40 comunidades afiliadas a la Subcentral del Tipnis, para que hasta el 5 de mayo, cuando arranque la consulta, el reglamento esté consensuado con la mayoría de las comunidades del parque y territorio indígena.
Por su parte Fernando Vargas informó de que las 41 comunidades que conforman la organización indígena resolvieron impedir el ingreso de brigadistas del Gobierno a sus localidades, con el riesgo de ser expulsados y decomisados sus vehículos y equipos.
PARA SABER
– Mientras el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, aboga por diálogo entre el Gobierno y la Cidob, el dirigente indígena Fernando Vargas lo acusa de complicidad.
– La vicepresidenta de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), Nazareth Flores, informó ayer de que ese sector todavía no definió su participación en la marcha que convocó la Cidob en rechazo al proceso de consulta a las comunidades del Tipnis sobre la construcción de la vía en la reserva.
– Para la dirigente del CPIB, existen algunas subcentrales indígenas que han sido ‘chantajeadas’ por el Gobierno y no participarían en la marcha, sin embargo otras están decididas a defender su territorio.
– Por su parte, el Gobierno criticó la movilización de la Cidob en contra del proceso democrático como es la consulta a los pueblos indígenas.
– El senador del MAS, René Martínez, señaló ayer que el proceso de consulta a los pueblos indígenas del Tipnis no tiene ningún impedimento para su puesta en marcha.
– La ley de consulta con los pueblos indígenas del Tipnis definirá si ese parque nacional debe ser intangible y dirimir la construcción o no del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por esa región.
La OAS dice que sigue trabajando
El gerente de comunicación de OAS, Pablo Siles, confirmó ayer que la constructora brasileña solo recibió $us 16,6 millones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), como parte del 20% del anticipo que asciende a $us 83 millones.
“Hemos recibido parte del anticipo que es de 16 millones y eso es lo único que se ha recibido, pero estamos trabajando, la gente está en la zona. En el tramo I se está trabajando, en el tramo III todavía persisten algunas lluvias”, sostuvo el funcionario en contacto con Erbol.
Asimismo explicó que existe un avance en las obras en el tramo I correspondiente a 17 kilómetros de plataforma. “Tenemos inicio de trabajo en el puente Isinuta, tenemos trabajo de alcantarilla de cajón, tubulares, los campamentos, las zonas industriales; son datos que son públicos y se pueden constatar en el mismo lugar”, apuntó.
Sin embargo, prefirió no dar mayores detalles sobre la ejecución de la inversión anticipada, por estar en una ‘etapa de análisis’ para la entrega del informe a la ABC de acuerdo con los plazos establecidos.
Siles informó de que la empresa tiene más de 700 trabajadores contratados, de los cuales 425 están desplegados en el tramo I. Indicó que en los contratos que tiene la OAS con Bolivia existen aproximadamente 2.500 operarios.
El viernes, los trabajadores de la constructora ante el anuncio del Gobierno de rescindir el contrato, se declararon en emergencia y advirtieron con medidas de presión.