En vigencia de la Constitución de 1967 hemos tenido los mejores años de historia electoral en el Bolivia, con la garantía del presidente de la Corte Nacional Electoral Dr. Huáscar Cajías Kaufmann, Alcira Espinoza, Jorge Lazarte, Iván Guzmán de Rojas y Rolando Costas Arduz, personalidades notables, honestas, imparciales, sin color político (1995).
Con la Constitución de 2009 que no tuvo el consenso aprobatorio de la población boliviana como hubiera sido de esperar, los resultados al presente no han sellado hasta la fecha su trascendencia, por los responsables a ser protagonistas de respeto y concreción de derechos. La Constitución se puede reformar, pero fuera de ella no cabe nada, como no encaja ninguna tergiversación y menos la manipulación en procesos democráticos.
La ciudadanía no quiere que se repita el mal ejemplo que nos dejaron las elecciones anuladas por fraude electoral el 20 de octubre de 2019, cuyo partido político (MAS IPSP) ha recibido de autoridades nacionales (TSE, TCP, ALP, MIN. PÚBLICO y TRIBUNALES DE JUSTICIA) las benevolencias jamás imaginables: Habilitación en elecciones generales y subnacionales, suspensión de sistema sancionatorio de la Ley de Partidos Políticos; amnistía; indulto, rechazos y sobreseimientos de demandas penales y delitos contra la humanidad; decisiones que, incrustadas de antifascistas, no sería nada de extrañarse que conocidos los resultados de las elecciones del domingo 7 de marzo de 2021, se utilice la violencia como forma de expresión caracterizada en los últimos quince años.
Una de las peores calamidades traídas por el nacional-populismo que, de una u otra forma se abre paso en todas partes en busca del poder y -perpetuarse- sin ningún objetivo de interés común sino la simple imposición de la idea de que los problemas, hasta los más complejos, tienen fácil solución; para los discrecionales y charlatanes al mando circunstancial, basta voluntad política, audacia suficiente y una dosis mínima de diálogo reglamentario para hacer frente a desafíos como: la extrema pobreza, cambio climático, pandemia del COVID-19, desigualdad económica, falta de empleo, avasallamientos, etc.
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Lo evidente es que la realidad que estamos viviendo a poco menos de veinticuatro horas de las elecciones subnacionales (7-03-21), es bien diferente para los partidos políticos; pues la mayoría de esos retos exige planificación estratégica a largo plazo, trabajo sistemático y proyectos pactados en complejas negociaciones que muchas veces obligan a renuncias dolorosas para el bienestar del país. Pero lo políticos de hoy prefieren ofrecer la Luna y cuando no Martes y aparentar que todo se resuelve sencillamente con ley, decreto, un tuit o una simpática pose para los informativos; todo a corto plazo. Es más honesto explicar a los ciudadanos que la solución de la mayoría de los problemas actuales exigen sacrificios enormes y que muchos de ellos pueden resolverse parcialmente y otros implican la participación multilateral y global.
Nuestras sociedades están asediadas por la injusticia, desigualdad y la pobreza y, frustradas desde el 20 de octubre de 2019, por la incertidumbre que despliega el Tribunal Supremo Electoral, tanto por impulsar Autonomías Indígenas fragmentarias en el país en territorios urbanos, excluyendo en forma discriminada a cinco municipios de elecciones subnacionales (Gutiérrez, entre ellos), como en lo principal, sustrayéndose de su responsabilidad de establecer en las elecciones del domingo 7 de marzo, -el Sistema de Difusión de Resultados Preliminares- (DIREPRE), único instrumento tecnológico-informático que permite dar a conocer en forma rápida, pública y transparente los resultados de las elecciones a los candidatos y población en general, asumiendo así la recomendación del representante de la Unión Europea y honrando a su discurso de guiarse por sugerencias de organismos internacionales.
Por tanto, sería un error del TSE subvalorar la democracia sin aplicar el DIREPRE en las subnacionales, que fue suspendido incomprensiblemente en las elecciones generales de 2020.
La falsa guerra contra el fraude electoral es un estimulante de uso frecuente, si el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Departamentales Electorales no asumen que el temor a la política no es buena compañera.
Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.