Comprar en ese bazar policial era condición para ingresar a la Anapol. Los fiscales que indagan el ingreso irregular de 54 jóvenes “interculturales” a la Universidad Policial (Unipol) amplió las investigaciones a 14 civiles y policías, entre ellos el general Jorge Santiesteban, cuya declaración fue suspendida por tercera vez.
Allanan tienda donde vendían uniformes a cadetes aplazados
INVESTIGACIÓN. La Fiscalía inició de oficio el proceso por el ingreso presuntamente irregular de postulantes a la Anapol el año 2011. Cinco personas fueron enviadas a prisión.
Página Siete, La Paz
En la tienda se observó toda la indumentaria para un cadete. Fotos Luis Salazar / Página Siete
El Ministerio Público allanó ayer una tienda policial donde se vendían uniformes a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) que habían reprobado en el examen de admisión en 2011, como condición para asegurar su incorporación inmediata.
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La fiscal Patricia Santos, acompañada por efectivos policiales, llegó a la tienda policial “Confecciones Piscis”, ubicada en la calle Felipe Bravo, casi esquina León de la Barra. El allanamiento duró al menos dos horas en el que se secuestraron documentos y se tomó una muestra de las prendas que se vendían.
El Ministerio Público inició de oficio la investigación sobre el ingreso irregular y supuestos cobros ilegales en la Anapol en la gestión 2011, tras la denuncia del viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, en la que se revelaron irregularidades en el ingreso de cadetes con la participación de abogados y una mujer que presuntamente se hizo pasar como hija de la autoridad.
“Se habrían vendido uniformes a los postulantes reprobados en altos montos de dinero (teniendo) un previo contacto con la abogada Betzabé P.”, informó la fiscal tras el allanamiento.
De acuerdo con la investigación preliminar hay cinco personas detenidas preventivamente. Los postulantes que reprobaron, en 2011, declararon ante la fiscal y denunciaron haber sido estafados. “Tomaron contacto con las personas que ahora están detenidas y éstas a su vez enviaron a los postulantes a estas dependencias para recoger los uniformes con la promesa de que su ingreso (a la Anapol) estaría asegurado tras el pago de varios miles de dólares al margen del uniforme que costaba al menos 4.000 bolivianos”, relató Santos.
Recalcó que si el postulante compraba en esa tienda el uniforme en el monto señalado, un grupo de abogados le garantizaba su ingreso a la Academia aun si el joven había reprobado el examen de ingreso. La negociación con las personas ahora detenidas le costaba al postulante al menos 7.000 dólares.
Informó que el propietario de la tienda es civil; sin embargo, no fue encontrado durante el allanamiento. La fiscal señaló que se investiga actualmente si el bazar policial tiene la autorización de la Policía Boliviana.
“Lo que se está haciendo es verificar la licitud del funcionamiento de este local puesto que el uniforme tiene resguardos legales y no es de venta libre. No hay un contrato con la Anapol ni con la Policía para elaborar estos uniformes”, explicó. Santos reveló que en el allanamiento se secuestraron documentos con los nombres de al menos diez postulantes que habrían comprado sus uniformes como condición para ingresar en la Anapol.
El bazar policial
Prendas. En la tienda allanada se pudo observar uniformes de la Policía Boliviana entre pantalones, chamarras, gorras, todos como parte del uniforme de los efectivos.
Policía. Los efectivos policiales de Inteligencia que llegaron a la tienda secuestraron parte de las prendas, documentos y otros materiales encontrados en el lugar para fines investigativos.
Padres de cadetes anuncian amparo
Los padres de familia de los 54 cadetes que fueron expulsados de la Academia Nacional de Policías (Anapol) tras ser observados por su ingreso presuntamente irregular determinaron oficializar la presentación de un amparo constitucional como única alternativa para la reincorporación de los jóvenes.
La abogada de los familiares, Lourdes Solares, manifestó que la noche del miércoles cinco padres de familia y ella se reunieron con el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, quien les manifestó que lamenta lo que sucedió con los jóvenes y que él obró de buena fe.
Señaló que fue presionado por los medios de comunicación y la decisión de la expulsión ya fue asumida sin poder volver atrás.
“La única vía es el amparo constitucional y lo estamos realizando para presentar ante la Corte Superior de Distrito lo antes posible”, afirmó Solares.
La noche del miércoles, los padres de familia de algunos de los cadetes expulsados llegaron hasta las puertas del Comando General de la Policía con el fin de pedir que los jóvenes sean reincorporados a la Anapol. Santiesteban recibió a cinco padres y a la abogada en su despacho y en el lugar lamentó que la decisión ya esté tomada.
El miércoles, 15 padres de familia debían iniciar un primer piquete de huelga de hambre como medida de presión tras la expulsión de los 54 cadetes; sin embargo, no se instaló hasta hoy para precautelar la integridad y la situación actual de los afectados.
Esperan la declaración del comandante policial ante el Ministerio Público para asumir otras medidas y presentar la querella que alistan desde el retiro de sus hijos.
Investigación del caso Unipol se amplía a 14 policías y civiles
La comisión de fiscales que indaga el ingreso presuntamente irregular de 54 jóvenes “interculturales” a la Universidad Policial (Unipol) amplió las investigaciones a 14 civiles y policías, entre ellos el general Jorge Santiesteban, cuya declaración fue suspendida por tercera vez.
Denuncia. El general Jorge Santiesteban es investigado.
La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz
El fiscal Aldo Ortiz Troche, director funcional de las investigaciones, manifestó que en principio se tenía sólo a dos personas imputadas, el exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Marco Ortuño, y el exrector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola.
A los citados, que actualmente guardan detención domiciliaria, aunque apelaron la anterior semana a esa medida cautelar, se suman otros oficiales de la Policía y civiles. “Se han ampliado las diligencias investigativas contra 12 personas”, que se suman a las dos ya incluidas en la investigación la semana pasada, refirió Ortiz.
Todas ellas fueron citadas para que presten su declaración en torno a las presuntas irregularidades en el ingreso de los ahora 54 excadetes interculturales, hecho que fue denunciado por el Ministerio de Transparencia, toda vez que hay indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para aprobar ese ingreso. Incluso se habló de cobros de $us 5.000 para que sean incluidos en el “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
El Ministerio Público, tras llevar a los coroneles Ortuño y Piérola a cautelares, realiza ahora las diligencias investigativas contra 14 personas más, entre ellas algunos de los miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) que habrían participado de la reunión del 8 de febrero, en la que se discutió el ingreso de los cadetes.
Delitos. Si bien los coroneles Piérola y Ortuño fueron imputados por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución y uso indebido de influencias, en el órgano jurisdiccional cursa un memorial en el que se informa de la ampliación de investigaciones contra una abogada, por beneficios en razón del cargo, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho pasivo, además de los otros delitos que signan para los coroneles.
Como testigos figuran un senador suplente del Movimiento Al Socialismo, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino; el ministro de Trabajo, Daniel Santalla; y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien ya dio su versión ante el fiscal Ortiz. También se cita a un general de la Policía que estuvo presente en el ingreso de los postulantes a la Unipol.
Sin embargo, de las declaraciones, la más esperada es la del general Jorge Santiesteban, de quien se tiene su firma en las notas que dan curso a la incorporación de los exestudiantes.
Retraso. A la fecha, la declaración de Santiesteban se suspendió en tres oportunidades, la última fue ayer, debido a que los investigadores asignados no lograron notificarlo legalmente. Empero, Ortiz señaló que el miércoles por la noche quedó citado para el lunes próximo, después de que, desde el viernes, trataron de notificarlo tres veces para que se presente ayer.
Los familiares de los excadetes, quienes fueron expulsados el viernes pasado, también esperan la declaración del jefe policial, ya que de ella dependería el tenor que plasmarán en la querella que pretenden presentar en contra de su autoridad.
El Gobierno se querella
Parte
El 27 de abril, el Ministerio de Gobierno presentó, a través de sus abogados, la querella formal contra los coroneles José Piérola y Marco Ortuño, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Antes de ello sólo se tenía la denuncia del Ministerio de Transparencia, presentada en marzo pasado.
Navarro admite que su sobrino se postuló
El Ministerio Público recibió ayer la declaración del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien fue convocado en la vía testifical porque en la lista de los ahora excadetes interculturales de la Universidad Policial (Unipol) figura el nombre de su sobrino. “Simplemente refirió que evidentemente existe un sobrino (suyo) que se postuló (a la Academia Nacional de Policías)”, indicó a La Razón el fiscal Aldo Ortiz.
Evitó revelar detalles de la declaración por respeto a la autoridad, pero, manifestó que fue en la vía testifical y que, en su momento se evaluarán los extremos referidos y, en función a ello, se determinarán los actos investigativos.
Influencia. El representante del Ministerio Público también hizo referencia a que el testigo aclaró que no tuvo, “en ningún momento”, alguna conversación con funcionarios policiales para propiciar el ingreso de su familiar a ese centro de formación.
A esta declaración también se sumaría en adelante la de los padres del sobrino de Navarro. De hecho, los investigadores continuaron recibiendo ayer las versiones de los familiares de los otros excadetes, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Preliminarmente, el Ministerio Público informó que la documentación presentada por la mayoría de los ahora excadetes permite establecer que no cuentan con elementos que permitan establecer la condición de interculturales. También hay referencia de que figuran aplazados en la lista de los 54 observados y de indicios de presuntos cobros irregulares para facilitar el ingreso a la Academia.
Denuncian negociado en venta de uniformes
La fiscal Patricia Santos, integrante de la comisión que indaga el presunto ingreso irregular de 54 cadetes interculturales a la Universidad Policial (Unipol), reveló ayer que hay una denuncia sobre presuntos sobreprecios en la venta de uniformes para los postulantes a ese centro de formación.
“Se habría vendido uniformes a los postulantes reprobados y tendrían un valor de 4.000 bolivianos, no existe un contrato con la Academia Nacional de Policías (Anapol)”, afirmó, según un reporte de la red Uno.
La fiscal indicó que el Ministerio Público sigue de oficio este caso, en el que, además, se detuvo con carácter preventivo a una abogada cuyas iniciales de su nombre son B. P. y a otras personas, aunque no especificó a cuántas. Añadió que también se hicieron allanamientos.
Santos también agregó que durante la investigación se encontraron publicaciones a nombre de la Policía Boliviana, como si fuera esa la institución la que estaría promoviendo la venta de los uniformes, sin que haya un contrato previo que demuestre esa situación. Añadió que esta denuncia aún está en proceso de investigación, ya que se trata de cobros con sobreprecio.