Campesinos marcharon para recuperar oficinas del INRA, pero éstas ya no estaban tomadas. Un emisario gubernamental estaba enterado del tema.
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 • Los médicos forenses realizan la necropsia de Félix Roca, muerto en Porvenir.
La Razón
Los campesinos marcharon para recuperar las oficinas del INRA, pero éstas ya no estaban tomadas cuando sucedió la matanza. Según Paulo Bravo, un emisario gubernamental estaba enterado del tema.
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El senador Paulo Bravo (Podemos) aseguró ayer que cinco días antes de la matanza de Porvenir, las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Cobija, que habían sido ocupadas por gente afín a Leopoldo Fernández, ya habían sido desalojadas, por lo que la marcha campesina no tenía sentido.
Pero además afirmó que un emisario del Gobierno (que sería familiar del Vicepresidente) fue informado al respecto y que no hizo nada por detener la movilización hacia Porvenir.
Una investigación que realizó La Razón a finales de septiembre del 2008 permitió establecer que los campesinos afines al Gobierno pretendían llegar a Cobija a recuperar las oficinas del INRA, pero en Porvenir se produjo la masacre de 11 personas (otras dos murieron en Cobija el 12).
Bravo explicó que cinco días antes del 11 de septiembre mantuvo una comunicación con Carlos García, quien era el contacto con autoridades gubernamentales. Fuentes extraoficiales afirmaron a este medio que éste es familiar del Vicepresidente.
“Cinco días antes nos reunimos en la casa de Leopoldo Fernández, vino don Carlitos García para ver si se podía mejorar la situación (al menos cuatro entidades estaban tomadas por autonomistas) y si podíamos dar una señal. Así, las oficinas del INRA fueron abandonadas días antes (de los hechos de Porvenir) y él lo sabía”, aseguró.
Según Bravo, las dependencias de la Aduana y Migración también fueron desalojadas. “Sólo quedaron tomadas la Superintendencia Forestal y la regional de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras)”.
El 10 de septiembre, un día antes de los sucesos violentos, Bravo narró que se puso en contacto telefónico con Carlos García, a quien explicó que había gente armada y que por favor “haga el contacto” para que contingentes de la Policía o de las Fuerzas Armadas puedan llegar hasta Porvenir y evitar conflictos. La peticíón no tuvo respuesta.
A las 6.00 del 11 de septiembre se registraron los primeros heridos del conflicto. El senador Bravo llamó otra vez a García para conocer en qué quedó la solicitud de un día anterior. “Me dijo que estaba intentando comunicarse y que me iba llamar”, indicó.
Cuatro horas después, cuando ya se tenía el dato de que había personas fallecidas, Bravo contó que llamó por tercera vez a Carlos García. “Me dijo que ya se estaba movilizando para poder comunicarme (alguna novedad), pero ya no me devolvió la llamada”, relató. Esa fue la última vez que ambos conversaron.
Bravo no dio detalles sobre la identidad de Carlos García, sólo afirmó que el trato con él siempre fue amable y respetuoso. Fuentes extraoficiales aseveraron a este medio que la persona que mantuvo el contacto con el senador es tío del Vicepresidente, hermano de su padre.
Fuentes de la Vicepresidencia declararon a este medio que no conocen a ningún Carlos García que fuera pariente de Álvaro García y mucho menos que trabaje en esa instancia gubernamental.
El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la investigación que realizó respecto a los hechos de Porvenir, reveló que la Policía y las Fuerzas Armadas podían haber evitado el choque entre campesinos y autonomistas.
Asimismo, el informe de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) dio cuenta de que las fuerzas militares y las policiales actuaron de manera tardía.
Acción a favor de Fernández
La justicia declaró ayer procedente un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa de 26 personas implicadas en los hechos de septiembre del 2008, entre ellas Leopoldo Fernández, para que una jueza en la localidad de Porvenir conozca el caso y los detenidos sean trasladados al lugar para que continúe la investigación.
Karlo Brito, abogado del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, informó que esa jueza fue la primera en asumir el conocimiento de los hechos de Porvenir y que, luego de la determinación de ayer, tanto los antecedentes como el expediente deben volver a ella.
Asimismo, los detenidos deben ser trasladados hasta esa región, aunque Brito señaló que no hay plazos establecidos.
Por otra parte, el tribunal de garantías dispuso la inhibitoria de la jueza Betty Yañíquez de La Paz y de los fiscales. “Es decir, ella ya no puede conocer el caso y debe remitir todo a Porvenir para que siga la pesquisa”.