Para afrontar la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, el Gobierno vuelve a usar estrategias que empleó para desarticular la VIII marcha, con denuncias de supuestos vínculos con EEUU, Usaid, ONG y partidos políticos de la oposición, como el MSM. Marcha indígena ahora exige ‘fojas cero’ en el tramo III de la vía por el TIPNIS.
Gobierno recurre a estrategias que usó contra la VIII marcha
Indígenas dicen que la población se da cuenta cuando se echa barro.
DATO. El Ejecutivo desacreditó la VIII marcha indígena con denuncias de supuestos vínculos con EEUU, Usaid, ONG y partidos políticos de la oposición, como el MSM.
Página Siete / La Paz – 11/05/2012
Para afrontar la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, el Gobierno del presidente Evo Morales está volviendo a usar algunas de las estrategias que empleó para desarticular la VIII marcha.
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La desacreditación de la movilización por supuestos vínculos con madereros o con partidos políticos de la derecha y el “destape” de presuntos hechos que atentan contra la seguridad del Estado, como una comunicación telefónica de la diputada opositora Marcela Revollo, son algunas de estas tácticas que en el pasado no tuvieron éxito.
Para los indígenas, que marchan de Trinidad hacia La Paz en rechazo a la realización de la consulta “previa” en el TIPNIS, el Gobierno intenta descalificar nuevamente a los marchistas acusándoles de que buscan derrocar al presidente Morales.
Rafael Quispe, ex dirigente del Conamaq que forma parte de la columna de marchistas, dijo que los métodos de contención que usa el Gobierno no tendrán efecto en la IX marcha, pues “la población se da cuenta cuando solamente se echa barro”.
Durante el desarrollo de la VIII marcha en defensa del TIPNIS, el Gobierno lanzó al menos cuatro estrategias para desactivar la caminata, pero todas fracasaron.
Primero descalificó la marcha con más de 20 acusaciones, sin pruebas, de presuntos vínculos con ONG, Usaid, la embajada de EEUU, el “gonismo”, Manfred Reyes Villa, Guido Nayar, cívicos de Beni y Santa Cruz, empresas madereras, tráfico de recursos y la acusó de conspirar contra el Gobierno.
Segundo: colonizadores aliados del MAS instalaron un bloqueo en Yucumo para cerrar el paso de los indígenas argumentando que cinco puntos del pliego de la VIII marcha afectaban sus derechos. Tercero: mientras la marcha indígena es bloqueada, el presidente Evo Morales inició acercamientos con indígenas disidentes del parque TIPNIS y activó una campaña mediática indicando que éstos pedían una consulta “previa”.
Finalmente, el Órgano Ejecutivo recurrió a la represión policial para dispersar la marcha indígena; se intentó devolverlos a sus comunidades, pero los habitantes de dos poblaciones evitaron este propósito.
Frente a la IX marcha, ahora el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, dijo que los indígenas que caminan a La Paz en defensa del TIPNIS reciben financiamiento, también se hicieron denuncias de que varios dirigentes vendieron madera en el parque Isiboro Sécure y recientemente se sacó a luz una conversación “confidencial” de la diputada Marcela Revollo, en la que supuestamente coordinaba un financiamiento para la columna de marchistas.
La parlamentaria opositora admitió que su partido vende tarjetas con fotografías de la VIII marcha indígena a cinco bolivianos y los recursos recaudados son entregados a la IX marcha.
Ayer, el Conamaq presentó una denuncia contra el Gobierno del presidente Evo Morales ante el XI Foro Permanente de las Naciones Unidas porque intentó dividir al movimiento indígena boliviano y pidió que Morales sea sancionado por ese organismo internacional.
Consulta Previa
El diputado indígena Eleuterio Guzmán (MAS), anunció este jueves que desde el próximo 10 de junio ingresarán las brigadas al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), para empezar a realizar la consulta previa en las 68 comunidades existentes en esa región del país.
“Estamos coordinando con todos los corregidores, con los dirigentes y con los mismos comunarios de base, para empezar ya con la entrada de las brigadas que irán a las 68 comunidades, y la fecha tentativa es del 10 al 15 de junio” sostuvo Guzmán.
Según el legislador, con la aprobación de las modificaciones de la Ley 222, que autoriza la realización de la consulta previa en el TIPNIS, tienen el tiempo suficiente para realizar esta actividad. “Los 210 días son suficientes para llegar a todas las comunidades, el plazo es más que suficiente; y eso, sea hecho en consulta a los corregidores del TIPNIS’ si hace en el menor tiempo posible, mejor todavía” agregó. Asimismo, explicó que una vez que ingresen las brigadas recorrerán absolutamente a todas las comunidades del parque, porque ese fue el pedido de los propios indígenas, ya que no quieren que nadie se quede sin ser consultado.
El asambleísta oficialista dejo en claro, cuál será el procedimiento de la consulta.“Ellos (los indígenas), definirán si su territorio es intangible, tal como dice la Ley 180, o caso contrario definirán si hay o no la carretera, y en ese caso determinarán por dónde va el camino” precisó. Una vez concluida la consulta, se procederá a recoger las actas de cada una de las 68 comunidades participantes.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el pasado mes de febrero, la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el mismo que definirá la intangibilidad del Parque, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, además de establecer las medidas de salvaguardar la protección de dicho parque.
Marcha exige ‘fojas cero’ en el tramo III de la vía por el TIPNIS
La IX marcha indígena exige llevar a “fojas cero” también todo lo hecho en el tramo III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La razón del reclamo, afirman sus dirigentes, es que en la zona no hubo un verdadero proceso de consulta.
Visita. Ayer llegó a San Ignacio de Moxos, Vilma Romero (izq.), oficial de DDHH de Naciones Unidas
La Razón / San Ignacio de Moxos, Beni.
El pedido fue incorporado en la Plataforma de Demandas de la IX marcha que los indígenas enviarán al Gobierno para un futuro proceso de diálogo.
El anuncio fue hecho ayer jueves por el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez. “El Gobierno dice que hizo una consulta, pero este territorio donde estamos hoy (mojeño) ha hecho conocer que no fueron consultados y ése es el punto que ha sido incluido en la demanda”, precisó.
El tramo III de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos va desde la comunidad Monte Grande del Apere hasta San Ignacio de Moxos. Si bien la vía propiamente está fuera del TIPNIS, cruza el Territorio Multiétnico Indígena Uno (TIM-1).
El presidente del TIM-1, Miguel Ángel Caumol, que participa de la movilización, sostuvo que los pobladores de la zona esperaron infructuosamente en tres ocasiones a los personeros del Viceministerio de Medio Ambiente para hacerles conocer sus observaciones al tramo III de la carretera hasta San Ignacio de Moxos.
El pedido de “fojas cero” para el tramo III fue incorporado como el Punto 9 de la Plataforma de la marcha (toda vez que la misma hasta ahora comprendía ocho puntos). “Es la novena marcha que también tiene nueve puntos”, resumió Humberto Guarayo, miembro de la Comisión Política del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que participa en la marcha.
Los anteriores ocho puntos son: la anulación de la Ley 222 de Consulta (que incluye la vigencia de la 180 de protección del TIPNIS); la solución a daños causados por petroleras en el Aguaragüe (Tarija); la reversión a comunidades indígenas de 15 millones de hectáreas cedidas a privados y la participación de las 36 naciones indígenas en todos los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, además del poder judicial. Además, reclama mayor beneficio para las comunidades a través de proyectos de desarrollo; más participación y desarrollo del deslinde jurisdiccional; reivindicación de los 16 pedidos de la VIII marcha; y el esclarecimiento de la represión del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina.
Por otro lado, ayer jueves arribó a San Ignacio de Moxos la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Vilma Romero. La Oficial del organismo internacional se entrevistó con el párroco del pueblo, Franz Bejarano; con Gregorio Nuni, director de radio Arrairrú Sache, y Mariela, la joven hija del radialista (los dos últimos víctimas de agresiones a raíz del paso de la marcha indígena por San Ignacio).
“Nos ha dicho que hará un seguimiento para que el caso de mi denuncia no quede impune. Serán veedores cuando la Fiscalía me llame”, sostuvo el radialista Gregorio Nuni. La oficial Vilma Romero esperaba ayer por la noche la llegada de otro delegado desde San Borja, para luego dirigirse hasta Puerto San Borja y dar encuentro a la IX marcha indígena.
Rechazo a acusación Recursos
“Es falso que la marcha sea financiada por Rubén Costas, Doria Medina o el MSM”, dijo enfática la dirigente Bertha Bejarano. “Para darles un ejemplo, tuvimos que hacer una vaquita para pagar el camioncito que ahora nos traerá ropa desde Trinidad”, dijo.
Niegan que en Conisur se vendiera maderal
El cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, negó que él u otros dirigentes de la región hubieran vendido madera en pasadas gestiones, como indica un informe de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).
“Están manejando información falsa. Me acusan sin motivo de venta de madera, en ningún momento hice negocios de ese tipo. Tengo entendido que los otros dirigentes tampoco realizaron ese tipo de operaciones. No sé de dónde saca eso Ademaf, voy a investigar de dónde salieron esas denuncias”, aseveró Pradel.
El miércoles, La Razón dio a conocer contratos de compra y venta de madera mara que implicaban a Fernando Vargas y a otros dirigentes del TIPNIS que al momento participan de la IX marcha indígena.
Un día después, Ademaf hizo pública una lista de 13 dirigentes, tres del Conisur (entre ellos Pradel) y 10 de la Subcentral Sécure, quienes hasta el año pasado —según el informe oficial— se dedicaban a la venta de esa especie.
Hecho. Pradel aseguró que las principales actividades en el Conisur son la siembra de plátano, arroz, palmitos y otros productos; por tanto, ratificó que los pueblos afiliados a ese consejo no explotaron madera ni la vendieron.
En tanto, Carlos de Ugarte, técnico del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), indicó que hasta el año pasado estaban en vigencia tres planes de manejo para la explotación de madera en el TIPNIS, dos en el norte y uno en el Conisur. Sin embargo, explicó que los mismos quedaron sin efecto, tras la aprobación de la Ley 180, de protección del TIPNIS.
“Las comunidades beneficiadas solicitaron que se deje sin efecto esos planes de manejo. Los indígenas del norte se dedicaron al turismo y los del Conisur tuvieron problemas con los interculturales para extraer la madera”, agregó.
La consulta previa empezará el 10 de junio
El 10 de junio comienza el proceso de consulta previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), anunció ayer el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Eleuterio Guzmán.
“Estamos coordinando con todos los corregidores, con los dirigentes y con los mismos comunarios de base para empezar ya con la entrada de las brigadas que irán a las 68 comunidades (del TIPNIS) y la fecha tentativa (para el ingreso) es del 10 al 15 de junio”, declaró Guzmán.
Se consultará a los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chimán y yuracaré sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo contrato de construcción con OAS fue anulado por el Gobierno.
La tarde del miércoles 9 de mayo, el Senado aprobó la ampliación del plazo de consulta de 120 a 210 días. El proceso debió culminar, según la Ley 222 de Consulta, el próximo 10 de junio (día en que se cumplen los 120 días estipulados por la norma promulgada en febrero pasado).
Suficientes. En criterio de Guzmán, los 90 días adicionales son suficientes para llegar a las 68 comunidades del Isiboro Sécure. La Ley 222 otorga la administración del proceso de consulta a los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente.
Desde abril, el Ministerio de Obras Públicas inició la socialización del protocolo de la consulta. El documento fija las etapas y métodos del proceso consultivo, que será en base a los usos y costumbres originarios. El protocolo establece el funcionamiento de 15 brigadas para la consulta. Guzmán aseveró que los indígenas serán quienes resuelvan el tema de la carretera.