Los magistrados están acusados de ejercer funciones incompatibles con sus cargos
La magistrada Salame admitió que trabajó en la Mutualidad, pero dice que eso no es ilegal.
Silvia Salame (foto ABI)
La Prensa
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, comenzó a investigar a la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame Farjat, y al único consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida Rendón, además del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Suárez Calvimonte, porque habrían sido parte del Directorio de la Mutualidad del Poder Judicial, lo que sería incompatible con sus funciones.
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De comprobarse esa “irregularidad”, las tres autoridades judiciales cesarían inmediatamente en sus funciones, y el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura quedarían sin miembros, mientras que la Suprema quedaría con siete integrantes.
La denuncia sobre esa presunta ilegalidad fue presentada la pasada semana por el diputado chuquisaqueño Wilber Flores (MAS) al presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera. El legislador argumentó que esos magistrados, al haber formado parte del Directorio de la Mutualidad, recibieron una remuneración económica, tal como lo establece el artículo 36 del Estatuto Orgánico de esa institución.
Salame admitió haber recibido pagos, pero dijo que no es incompatible con su actividad. Mérida negó remuneración alguna.
Este nuevo proceso se suma al juicio que el Gobierno inició contra ocho ministros de la Corte Suprema de Justicia por retardación de justicia y por pedir juicio de responsabilidades para el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. Estos casos se encuentran en investigación en la Cámara de Diputados, donde existe una mayoría oficialista.
Explicación legal
El diputado Flores considera que al haber ocupado esos cargos, los tres magistrados incurrieron en los delitos de prohibiciones e incompatibilidades de funciones previstas en las leyes 1836 del Tribunal Constitucional, 1455 de Organización Judicial y 1817 del Consejo de la Judicatura, que son sancionados con la cesación inmediata de funciones, previa investigación del Congreso Nacional.
La norma del Tribunal, en su artículo 17, establece como incompatibilidades con las funciones de Magistrado los siguientes casos: “1) El ejercicio de cargos públicos o privados, administrativos o sindicales, remunerados o no”; 2) “Con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos, asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, empresas mercantiles de cualquier naturaleza”. El tenor es similar en el caso de las otras leyes, incluyendo el ejercicio de la abogacía.
Consecuentemente, la Ley de la Organización Judicial, en el parágrafo 3 del artículo 6 dice: “La aceptación de cualquiera de estas funciones significa renuncia tácita a la función judicial y anula sus actas jurisdiccionales a partir de dicha aceptación”.
Esos son los fundamentos legales del diputado Flores, quien, a través de un memorial, pidió a García Linera que “resuelva el cese de funciones de los doctores Salame, Hugo Suárez y Rodolfo Mérida”.
Sin embargo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, y el ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán coinciden en que debe haber un proceso de investigación, antes de que el Congreso tome una decisión sobre esos ministros.
El diputado masista Jorge Silva, miembro de la Comisión de Constitución, anunció que esa instancia del Legislativo comenzó a indagar esa denuncia y en las próximas semanas puede convocar a los magistrados.
Los descargos
De acuerdo con el sitio web de la Mutualidad, el ministro Hugo Suárez actualmente ejerce la presidencia del Directorio. según su Estatuto Orgánico, recibe una remuneración de tres salarios mínimos nacionales.
El consejero Rodolfo Mérida Rendón tendría una remuneración económica de dos salarios mínimos nacionales. Sin embargo, consultado sobre este tema, esta autoridad aseguró que no percibió ninguna dieta y precisó que presentará los descargos que corresponden.
La magistrada Salame reconoció que recibió al menos cinco dietas de la Mutualidad, porque así lo señala el Estatuto de esa institución y dijo que no es incompatible con su función.
Aseguró estar dispuesta a afrontar cualquier proceso y consideró que se trata de un nuevo ataque para forzar su renuncia.
“Si ahora el Gobierno quiere mi renuncia, tiene que ser más hidalgo y tiene que pedirme la renuncia, que me pida el vicepresidente (Álvaro García Linera), ya que el Congreso me designó; entonces, él, a nombre del Congreso, que envíe una nota diciendo: Señora, usted se ha convertido en una piedra en nuestro camino, en una piedra a la democracia y usted está causando graves perjuicios”.
La Prensa buscó sin éxito al gerente general de la Mutualidad del Poder Judicial, Hugo Sánchez Loza, cuya sede se encuentra en la ciudad de Sucre, para indagar sobre la participación de los tres magistrados en el Directorio de la entidad.
Es incompatible
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas Tordoya, admitió que el caso expuesto evidencia “incompatibilidad de funciones”, lo que automáticamente da paso al inicio de una investigación y, finalmente, el inicio de un juicio de responsabilidades, que también implica el alejamiento del cargo.
“El caso amerita una interpretación si constituye o no una excepción a la regla, la regla define esto como incompatible, habría que conocer los detalles más a profundidad. Pero no existe un cese de funciones de ipso facto, siempre debe haber un debido proceso, obviamente que tendrían que iniciar una investigación, una etapa de prueba y una resolución”.
Explicó que existe la posibilidad de aplicar excepciones, es decir, como la Mutualidad es una entidad que depende del Poder Judicial, los directores velan por los intereses del gremio.
La Mutualidad es una entidad de servicio social
La Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público es una institución de servicio social, con personería jurídica propia, autonomía de gestión y que desarrolla sus actividades bajo la tuición de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, por intermedio de sus órganos superiores.
Entre sus actividades se encuentra la gestión de Regímenes Especiales en Seguridad Social a Largo Plazo, que son aquellos que están establecidos fuera de lo que constituye el marco general de contingencias protegidas por el Sistema de Seguridad Social, como la calificación de rentas por invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo plazo.
La gestión de estos regímenes se destina a la otorgación de prestaciones de pago global, por una sola vez, a los funcionarios dependientes del Poder Judicial y del Ministerio Público, denominadas Capital Social de Retiro, Fondo de Compensación y Auxilio Mortuorio. Del mismo modo, presta servicios en la concesión de créditos en las modalidades de corrientes, auxilio e hipotecarios.
Estas prestaciones se gestionan utilizando el sistema financiero de capitalización colectiva, en proceso intergeneracional, lo que permite lograr una rentabilidad mayor, atendiendo el pago de las mismas en secuencia de altas y bajas o de ingresos y retiro de funcionarios; es decir, que así como en un momento dado se efectúa el pago a favor de un funcionario, ingresa otro, para ocupar su lugar, lo que nuevamente dará lugar al inicio de de captación de recursos, que en el tiempo, sumada a la rentabilidad obtenida, permitirán la calificación y pago de la prestación a favor de quienes hubieran cumplido los requisitos o condiciones establecidas para éste.
Todo este mecanismo de protección social está articulado sobre bases legales, técnicas y financieras, que hacen sostenibles a los programas para que mantengan su equilibrio en el tiempo.
Apuntes
Tres autoridades del Órgano Judicial son investigados por delitos cometidos en el cargo.
La Cámara de Diputados indaga la denuncia presentada por un legislador masista.
Una Magistrada admite que recibió bonos, pero niega que eso sea ilegal.