Bolivia fue el segundo país en suscribir este acuerdo regional y vinculante que promueve el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales
En Trinidacito no conocen los alcances del Acuerdo de Escazú. Los pocos pobladores de esta comunidad, que pertenece al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), una de las reservas naturales más grandes de Bolivia, tienen la esperanza -a pesar de su desconocimiento del documento- de que la herramienta regional sea aplicada por el Gobierno boliviano.
En la ciudad de La Paz, el centro político de Bolivia, las reuniones son permanentes para que el acuerdo multilateral logre los tres principales beneficios: que todas las personas tengan acceso a la información ambiental, que puedan participar en la toma de decisiones y tengan acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Bolivia fue el segundo país, de los 22 firmantes, en ratificar el Acuerdo Escazú en su Órgano Legislativo. Luego, mediante Cancillería, lo depositó en Naciones Unidas. Varias entidades públicas están detrás de la socialización del mecanismo y preparan eventos para su implementación a partir del 22 de abril.
El aparato estatal boliviano se trazó el reto de aplicarlo en diferentes plazos, pero también la sociedad civil -con varios líderes ambientales- mira el acuerdo como una herramienta de empoderamiento para evitar vulneraciones en áreas protegidas, reservas naturales y espacios ecológicos. Aun así, existe poco optimismo de que las cosas cambien en materia medioambiental.
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No fue fácil que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ratifique el Acuerdo de Escazú en junio de 2019. Hubo algunos obstáculos para su aprobación, según explica la defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz Tarifa.
La activista detalla que se sortearon algunos inconvenientes para lograr que la herramienta multilateral sea ratificada en rango de ley. Ahora -explica Cruz- el objetivo es aplicar el mecanismo y, como planificación, existe primero la idea de socializar el acuerdo y sus alcances. La intención es implementarlo a corto, mediano y largo plazo con una hoja de ruta que se trazaron algunas entidades estatales bolivianas.
«Se logró en junio de 2019 la ratificación (del Acuerdo de Escazú) y luego se hizo un monitoreo con las defensorías del pueblo. Una vez que se logró el número de ratificaciones se está realizando su implementación. En Bolivia se hará una hoja de ruta para la implementación del mecanismo a corto, mediano y largo plazo», resalta Cruz.
El poco optimismo
Desde el oriente boliviano habla Marqueza Teco, quien es la presidenta de las mujeres del Tipnis. Como representante estuvo en algunas comunidades de la reserva natural y remarca que son pocos los comunarios que están al tanto del contenido y de los alcances del Acuerdo de Escazú. Uno de los casos es Trinidacito, donde se alistan reuniones para explicar las metas del mecanismo multilateral.
«Estamos con la esperanza de que el Gobierno cumpla con todo lo que dice el Acuerdo de Escazú. Es importante que se conozca el acuerdo, porque así se garantizará que todas las personas conozcan la información ambiental que requieran, también podrán participar en la toma de decisiones y tendrán acceso a la justicia en asuntos ambientales», remarca Teco, quien está en permanente contacto con las comunidades indígenas para hacer conocer la herramienta.
Marqueza Teco, presidenta de la Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en Trinidacito en 2019. Foto: Alejandro López Baptista
La dirigente exige a las instituciones estatales que este mecanismo «no quede como un saludo a la bandera» como otras normativas en Bolivia. Teco recuerda la obligación de consultar de manera previa a los pueblos indígenas bolivianos para intervenir sus territorios y realizar obras de gran impacto. «Eso no pasó en varios casos e incluso, como en el Tipnis, se hizo (la consulta) después de iniciar las obras de la carretera (que pretendía partir en dos la reserva)», destaca la líder indígena.
Una percepción con poca esperanza la tiene Roni Ribera, quien es cacique indígena del pueblo chiquitano en el departamento de Santa Cruz. El también líder ambiental cree que el Gobierno, liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), no cumplirá con los lineamientos que establece el Acuerdo de Escazú y reprocha que las organizaciones políticas en turno hayan dividido a los movimientos indígenas en Bolivia.
«Soy pesimista con la implementación del Acuerdo de Escazú porque con este Gobierno no se puede nada a favor del medio ambiente. Este Gobierno tiene un modelo extractivista y poco podrá hacer para implementar el Acuerdo de Escazú. Este Gobierno es el mismo que el de Evo Morales, ellos no tienen una política de Estado, tienen una política de partido; entonces, no soy optimista en cuanto al Acuerdo de Escazú en Bolivia», remarca Ribera.
El Acuerdo de Escazú trajo esperanza en varios países latinos. Los especialistas lo tildan como un «hito ambiental», pero también hay voces detractoras sobre el mecanismo.
En Bolivia se conforman mesas interinstitucionales para llevar adelante la socialización de la herramienta y marcar la hoja de ruta para su implementación. Una de las entidades que promueve ese trabajo es el Tribunal Agroambiental, que es la oficina encargada de la justicia ambiental en el país y que es parte del Órgano Judicial.
La presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Elva Terceros, explica que la entidad que dirige desarrollará, junto a los ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Justicia y también la Defensoría del Pueblo, una conferencia internacional para marcar las proyecciones para la implementación del Acuerdo de Escazú en Bolivia. La abogada acota que esta herramienta regional cambiará la visión de la justicia ambiental en muchos países.
«Es un instrumento de carácter vinculante que le permitirá a las instituciones que administran justicia, en los 11 países, aplicarlo de manera directa. La entrada en vigor de este acuerdo tiene relevancia para Bolivia, como una oportunidad histórica para encaminar políticas públicas que den solución a los problemas ambientales y permitan encaminar un nuevo desarrollo normativo en materia ambiental, acorde a la Constitución Política del Estado», destaca Terceros.
A partir del evento, Terceros detalla que se detectará la situación de la justicia ambiental en Bolivia para dar luz verde al Acuerdo de Escazú. La presidenta del Tribunal Agroambiental dice que la jurisdicción boliviana abre el camino para la aplicación del mecanismo y su implementación de inmediato.
La posición del Gobierno
Al respecto, el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Juan Santos Cruz, garantiza la implementación y el funcionamiento del Acuerdo de Escazú y anuncia una serie de eventos para demostrar sus alcances. «Bolivia es un ejemplo en materia legal en cuanto a la defensa de nuestra Pachamama (Madre Tierra). Nuestras leyes fueron ejemplo para varios países y en Naciones Unidas Bolivia fue un referente en cuanto al cuidado del medioambiente. Entonces, con el Acuerdo de Escazú se profundizará la lucha a favor de nuestra Madre Tierra y como Gobierno garantizamos su implementación», promete.
En esa línea, el viceministro de Justicia, César Siles, explica que, con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se permitirá encaminar políticas públicas que den solución a los problemas ambientales e, inclusive, ajustes normativos en materia ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado. «Es un importante paso profundizar la defensa del medioambiente.
Este acuerdo ya tiene en Bolivia una hoja de ruta y empezaremos este 22 de abril con una mirada en busca de la justicia ambiental. Bolivia ya tiene normas importantes para la defensa de la Madre Tierra, pero al ratificar el Acuerdo de Escazú se verán algunos ajustes normativos«, señala la autoridad.
El Acuerdo de Escazú surgió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) realizada en 2012. El mecanismo se fundamenta en el principio diez de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Es un tratado de derechos humanos y un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene el objeto, según se lee en el sitio web de la Defensoría del Pueblo de Belovia, de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
La representante de esta institución del Estado, Nadia Cruz, acota que el mecanismo es una herramienta para proteger derechos ambientales, de acceso a la información y participación en la toma de decisiones. La defensora del pueblo pide que el Acuerdo de Escazú no responda a la coyuntura política que vive Bolivia, sino más bien a factores de largo plazo y que implican cambios estructurales.
La defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz Tarifa. Foto: Defensoría del Pueblo
Tarifa también hace énfasis en que para el Estado boliviano, el Acuerdo de Escazú representa la oportunidad histórica de encaminar un nuevo desarrollo normativo en materia ambiental, acorde a la Constitución Política del Estado de 2009 y el derecho internacional, superando la Ley 1333 de Medio Ambiente vigente desde 1992. «Además será una contribución a encaminar políticas públicas para dar solución a los problemas ambientales que se han presentado en Bolivia los últimos años y lograr la prevención de los conflictos socio-ambientales cada vez más complejos y delicados que han involucrado la argumentación y resistencia de indígenas y actores locales a megaproyectos», sostiene.
Muchos líderes ambientales esperan que la llegada del Acuerdo de Escazú sea el inicio de un cambio en el modelo de defensa medioambiental en Bolivia. Álex Villca Limaco es un defensor de la Madre Tierra y también ve con poco optimismo la implementación del Acuerdo de Escazú en Bolivia. El también líder indígena lamenta que el Gobierno boliviano politice las luchas de los pueblos indígenas y en el discurso se vea como una bandera de la defensa del medioambiente y en la práctica sea lo contrario.
«Nuestra preocupación es que el Acuerdo de Escazú, aun sabiendo que es vinculante, quede en la nada. En el gobierno de Evo Morales, por nuestra lucha, se avanzó en el mecanismo legal en cuanto a la defensa de la Madre Tierra, pero fue el propio Evo Morales, que decía ser un líder indígena, quien no cumplió con varios avances, como la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Así se metieron a nuestros territorios y aplicaron su modelo extractivista», lamenta Villca.
El líder indígena Alex Villca muestra un mapa en el ingreso al Parque Nacional Madida. Imagen tomada en 2020. Foto: Miguel Roca/Diario EL DEBER
El activista denuncia que en su territorio se intenta construir hidroeléctricas en las zonas de El Chepete y El Bala, al norte de La Paz. Sostiene que el Gobierno de Evo Morales no compartió información para la aplicación de los proyectos y que su construcción (que momentáneamente se encuentra paralizada) “traerá mucho daño ambiental e impacto negativo en las comunidades indígenas del lugar”, que están al norte del departamento de La Paz.
«Con la construcción de estas obras se creó una mala imagen de Bolivia a nivel internacional en referencia de materia medioambiental. Entonces, con esa imagen, cómo el Gobierno actual pretende implementar el Acuerdo de Escazú sabiendo que no cumplió con varias normativas con el fin de aplicar su modelo extractivista», cuestiona Villca.
Los proyectos hidroeléctricos están previstos en el caudaloso río Beni. Los indígenas y campesinos temen que el rebalse los obligue a abandonar su hábitat. Imagen tomada en 2020. Foto: Gustavo Jiménez/Diario EL DEBER
La esperanza no se pierde
Rodrigo Meruvia, coordinador general de la Fundación Gaia Pacha, lamenta que se haya hecho muy poco en Bolivia para socializar los alcances del Acuerdo de Escazú, lo que implica -dice- un desconocimiento del mecanismo en la sociedad civil, pero sobre todo en los pueblos indígenas. El activista afirma que esta herramienta permitirá el empoderamiento de los defensores del medioambiente y tiene esperanzas de que sea aplicada por diferentes entidades del Estado.
«Hablando a nivel región hay algo muy importante que se debe resaltar y que se debe hacer eco del esfuerzo: es el tema del Acuerdo de Escazú, aunque muy poco ha sido tocado dentro de nuestro país. Este acuerdo es un hito muy importante para toda la región, es un acuerdo del cual las organizaciones de la sociedad civil y las personas individuales que trabajan en derechos humanos, derechos indígenas, derechos ambientales, nos podemos empoderar y utilizar esta herramienta. Creo que es un acuerdo muy importante al ser vinculante en nuestra región y que puede llevar a exigir a nuestras autoridades, a nivel local y nacional, que asuman la responsabilidad de este tipo de políticas no solo en temas de cambio climático, sino ambiental», destaca Meruvia.
La coyuntura por la que atraviesa Bolivia debido a la pandemia de coronavirus hace que el Acuerdo de Escazú haya pasado a un plano mucho menor. También el tema de la crisis económica detiene el eco de la herramienta regional. Al interior del aparato político boliviano existen visiones encontradas sobre el mecanismo regional. Los representantes del MAS están del lado de una implementación pronta del acuerdo, mientras que sus detractores no tienen esperanza en su cumplimiento.
Héctor Arce Rodríguez es presidente de la comisión que se encarga de asuntos del medioambiente en la Cámara de Diputados. El legislador, que pertenece a las filas del oficialismo, destaca que Bolivia «está a la vanguardia» en la normativa de defensa de la Madre Tierra y augura que el Acuerdo de Escazú no tendrá obstáculos en su implementación. El político adelanta que en su comisión se encabezará la socialización del mecanismo regional.
«Este acuerdo fue ratificado en 2019 y Bolivia fue uno de los primeros países en hacerlo. Eso demuestra que existe todo el compromiso para que sea aplicado y llegó el tiempo de hacerlo. Sus alcances están en el marco de lo que como país nos trazamos en materia de la Madre Tierra, pero hay que socializar para que la población conozca sus beneficios y pueda utilizarlo», detalla Arce.
Su aliado de partido Hernán Durán Lazo adopta el mismo discurso, pero este legislador añade que es necesario hacer conocer los alcances del Acuerdo de Escazú a las autoridades regionales que recientemente fueron electas. Bolivia terminó en abril un proceso eleccionario en el que se eligió a nueve gobernadores y a 339 alcaldes, pero también en el paquete electoral se votó por asambleístas departamentales, concejales municipales y otros representantes regionales.
«Lo que tenemos que hacer es cuidar la Madre Tierra, no solo en Bolivia, sino de manera internacional, contando con las normativas vigentes, las cuales deben ser socializadas con mayor profundidad a nivel regional y municipal. El Acuerdo de Escazú también debe ser socializado con las nuevas autoridades regionales para que sea implementado en todo el territorio nacional», destaca Durán.
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Foto: Alejandro López Baptista
Los actores políticos
Al otro lado político se encuentran los que no creen que el Gobierno boliviano sea capaz de implementar el Acuerdo de Escazú. El diputado Sergio Maniguary Moura, que también es parte de la comisión medioambiental de la Cámara Baja, recalca que existen normativas a favor de la Madre Tierra que no fueron cumplidas en los 14 años de gestión de Evo Morales y que la actual administración, a la cabeza del presidente Luis Arce, tampoco podrá hacerlo.
«Lo ideal sería que toda normativa a favor de la Madre Tierra sea aplicada en su totalidad. En esto incluimos al Acuerdo de Escazú, pero tenemos una cierta desconfianza de que eso pueda pasar, ya que el MAS aplica un modelo extractivista que va en contra de su discurso. Entonces, así es bonito hablar en público a favor de los derechos del medio ambiente, pero luego en el momento de aplicarlos optan por favorecer a aquellos que explotan nuestros recursos naturales», reprocha Maniguary, que pertenece a la alianza política Creemos.
Ingvar Ellefsen Dotzauer es diputado de Comunidad Ciudadana (CC), alianza que lidera el expresidente Carlos Mesa. El legislador pide a las entidades del Gobierno y al Tribunal Agroambiental que expliquen la hoja de ruta que se utilizará para que el Acuerdo de Escazú sea implementado en Bolivia. El político añade que no solo se debe hablar con organismos internacionales sobre estos asuntos, sino también con los actores políticos y activistas bolivianos.
«No conocemos cuál será la estrategia que utilizará el Gobierno para la aplicación del Acuerdo de Escazú. Más allá de que haya poco optimismo o casi nada de optimismo, se tiene que conocer cuál es esa hoja de ruta. Por eso pediremos información para que nos expliquen qué hará el nivel central para que este importante acuerdo sea implementado y no haya a futuro problemas cuando se solicite información sobre proyectos que dañan al medio ambiente», destaca Ellefsen.
La mirada al Acuerdo de Escazú avanza junto a la intención del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, de crear la Ley de la Defensoría de la Madre Tierra, que ahora está en su tratamiento inicial en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si bien es uno de los defensores del medioambiente y parte del Gobierno nacional, se ha ganado muchos detractores porque ha encontrado obstáculos en la aplicación de sus ideas.
«Hace años atrás Bolivia ha enviado a Naciones Unidas, una propuesta para que el mundo reaccione, para que el mundo tome conciencia, de que cuando estamos hablando del planeta no estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de un objeto, cuando estamos hablando del planeta estamos hablando de nuestra Madre Tierra, estamos hablando de alguien que siente, de algo que tiene vida«, explicó Choquehuanca en un encuentro internacional desarrollado el 15 de abril.
Desde la Vicepresidencia de Bolivia se informó que esta entidad pública es parte de la organización de eventos para que se conozcan los alcances del Acuerdo de Escazú. Además, se explicó que Choquehuanca está al tanto de este mecanismo y que existe el compromiso para que sea socializado en varias partes del país.
Bolivia tiene dos miradas sobre el Acuerdo de Escazú. El país camina entre los intentos del aparato estatal para su implementación y el poco optimismo de activistas y líderes indígenas. Así, y en medio del desconocimiento de la sociedad civil, la herramienta regional busca ser un aporte en la defensa de la Madre Tierra.
*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacción con la financiación de Ambiente & Sociedad.