Constituye ya un paradigma, la afirmación de que las instituciones públicas en América son muy débiles, no transparentes y muy inestables, como consecuencia de las características propias de los regímenes políticos, que en su expansión de poder comprimen las capacidades de independencia con el cinismo de contribuir a la democracia.
Este hecho ha sido puesto de manifiesto por Medellín, Pedro (2019:103): “La fragilidad institucional latinoamericana y por tanto de sus políticas públicas, apostando por una perspectiva neoinstitucional, debe ser un asunto de política pública de Estado”; es decir, que la improvisación y la presencia de profesionales cuestionados deben ser descartados.
Con este preámbulo, la modernización de los Tribunales Electorales y en otros países Cortes Electorales, los actores responsables de los procesos electorales nacionales o autonómicos, deben proporcionar el entramado de solvencia, de estabilidad y profesionalidad especializada que precisan los programas y políticas públicas diseñadas para contribuir a la mejora de la transparencia en los resultados, de manera que la libertad de los ciudadanos no se sienta menoscabados.
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El régimen electoral en países democráticamente relevantes, están determinados por elementos que configuran el sistema y proceso electoral a través de los cuales se ejerce el derecho al sufragio; representa que, con base en el censo poblacional, auditorías del padrón para la limpieza del mismo y modelo de aplicación estratégico de control previo a la ejecución del proceso, son tareas vitales a cumplir. Si se sustrae de ellas, es más probable caer en el fenómeno de la “caja negra del fraude” como sucedió en nuestro país el del 20 de octubre de 2019, cuyas partículas contaminantes mancharon también el proceso electoral de 18 de octubre de 2020, al haber determinado Salvador Romero entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la suspensión del TREP; cuestionamiento que, al no haber sido justificado, quedará como el agujero negro en los anales de la historia de Bolivia (Verbigracia, en las mesas 1 y 3 de la Localidad de Pampa de Lupiara Provincia Yamparáez del Departamento de Chuquisaca en la lista de sufragantes existían fallecidos en las que ganó el MAS IPSP).
La celebración de unas elecciones y el ejercicio del derecho a votar y ser votado requieren la puesta en marcha de unos procedimientos y garantías, la distribución igualitaria de representantes que nazcan del proceso electoral -no de designaciones por asambleas o cabildos-, la intervención de unas instituciones y la configuración de una legislación electoral coherente y no ajustada al traje del régimen de gobierno que, -transforme los votos obtenidos en escaños-, todo lo cual implica también garantizar a los partidos y organizaciones políticas el acceso a la publicidad previa y control de voto en todas las circunscripciones geográficas y mesas electorales. Sensiblemente, estos componentes importantes para la transparencia electoral, han estado ausentes en ambos procesos: nacional y subnacional.
Lamentablemente, no se han saldado las ilegalidades precedentes, si tomamos en cuenta también que los partidos de oposición en los dos procesos no tuvieron derecho de participación con sus delegados a controlar las mesas de sufragio en poblaciones de: Sacaba, Chimoré, Entre Ríos, Ivirgazama, Eterazama, Lauca Oña, Villa Tunari, donde no impera la ley, pero sí el voto colectivo impuesto por la dirigencia cocalera.
Otros factores del déficit en la administración de Salvador Romero y que entraña corresponsabilidad con los vocales del Tribunal Supremo Electoral con excepción de la vocal Rosario Baptista Canedo, es el no haber cancelado la personería jurídica del Movimiento al Socialismo Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS IPSP), por sus vínculos con el terrorismo y el narcotráfico; publicidad de resultados de encuestas de opinión; no haber aplicado los resultados del Referéndum 21 f pese a su carácter vinculante y obligatorio; tampoco inhabilitó a sus candidatos del MAS IPSP que instigaron y fueron partícipes de hechos violentos en los primeros diez días del mes de noviembre de 2019 y los hechos delincuenciales de los primeros diez días de agosto de 2020, episodio último que ocasionó la muerte de 40 enfermos de Covid-19 por falta de oxígeno y, finalmente, por negligencia u omisión no se recuperó los 270 millones de despilfarros económico que significó el coste de las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019, teniendo como autores identificados a Evo Morales y los ministros que los acompañaban que se convirtieron en jefes de campaña distribuidos en conciertos de los nueve departamentos del país y ciudades intermedias.
En qué se mantiene la fortaleza de Salvador Romero que renuncia al cargo de vocal y presidente del TSE luego de un año, cinco meses y cuatro días (29-04-2021) al manifestar: “Se requirió una voluntad inquebrantable para seguir en la misión de consolidar la democracia. Parto como llegué, con tranquilidad de ánimo, conciencia y espíritu y que nada fue sencillo para alcanzar el logro que el ciclo electoral deja una democracia fortalecida y un país en paz y que el organismo y el proceso electoral fueron golpeados con saña por doquier, amenazas, hostigamientos, acechanzas de otros poderes y desde todos los frentes políticos…”. El vacío fue cubierto meteóricamente por el presidente Arce Catacora con la designación de la vocal Dina Chuquimia y, fue elegido por la Sala Plena como nuevo presidente del OEP por unanimidad Oscar Hassenteufel, que promete actuar dentro del marco de la Constitución, con imparcialidad e independencia y Nancy Gutiérrez ocupa el cargo de vicepresidenta.
Parece que el expresidente Salvador Romero se ha olvidado que convivió con la democracia desportillada en el ciclo que cataloga y hasta la empujó a límites extremos de -prohibir a los ciudadanos bolivianos y organizaciones civiles de auditar el padrón electoral-, profundizó la antidemocracia -habilitando al MAS IPSP- en los ciclos electores que pregona, cuando lo que correspondía como tribunal electoral imparcial era cancelar la personería del partido político aplicando la Ley 026 del Régimen Electoral; no corrigió la –sobrevaloración del voto de determinados ciudadanos con respecto a otros- afectando el sistema de representación; -cancelación de 5 municipios autónomos- en elecciones municipales; y, por si fuera menos deseable, su rol contemporizador desencadenó en la dramática -crisis de fragmentación de partidos políticos-, lo que ha conducido a que casi no se pueda hablar de sistemas de partidos, que contribuyan a la dirección del Estado, al fortalecimiento de la democracia y la paz social. Por tanto, los síntomas y hechos del quiebre agudizado de la democracia que nos deja, bajo la supuesta argumentación que fue objeto de hostigamientos, amenazas y asechanzas, más parece un drama de una -renuncia victimizada- sea por temor a los resultados del censo 2022 o, para atenuar las prácticas propias de regímenes totalitarios, que de manera cínica eliminan las penas de cárcel para los delitos fraudulentos y para los piquetes violentos (de terrorismo, guerra civil, delitos contra la humanidad).
Habría que recordar a O Donnell, (1993:112) que dice: “La democracia en América debe fortalecerse y desarrollarse abarcando una praxis no puramente delegativa, sino que los ciudadanos deben ser tales con sus plenos derechos y no meros súbditos de la práctica. La democracia política requiere democracia económica y social para su estabilidad y desarrollo”.
Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.