Bolivia. La mayoría de los juicios son por desacato y presunta corrupción. ”Todos los opositores que osaron decir una protesta les arruinan la vida. Les hacen aparecer una y otra cosa. No sólo a autoridades políticas como senadores y diputados, sino también a alcaldes y gobernadores".
Parlamentarios de la oposición defienden el asilo otorgado por Brasil al senador Roger Pinto, durante una rueda de prensa, ayer. Foto Afka (Los Tiempos)
Los 21 opositores más importantes afrontan juicios
DATO. Llama la atención que no hay una figura opositora que no tenga un proceso.
Página Siete, Juan Carlos Véliz M. / La Paz – 13/06/2012
Un relevamiento de los archivos periodísticos y el testimonio de los procesados dan cuenta de que al menos 21 figuras de la oposición y ciudadanos que hicieron denuncias contra autoridades del Gobierno o funcionarios públicos tienen entre uno y 20 juicios abiertos y que se están tratando en los estrados judiciales.
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El delito consignado para la apertura de procesos en contra de estas personas es desacato, sedición y presuntos hechos de corrupción (ver infografía). Un elemento que no pasa desapercibido es que todas las personalidades notorias de la oposición política tienen procesos.
Para los parlamentarios de la oposición afectados con estas denuncias, el Gobierno ejerce una persecución sistemática a los opositores como el senador Róger Pinto, que recientemente consiguió asilo político en Brasil. Pero desde el partido oficialista responden que la oposición esgrime argumentos como “persecución” para escapar de la justicia que investiga las denuncias.
“No es el MAS, sino la justicia el que persigue a los corruptos”, sentenció el jefe de la bancada de senadores del partido oficialista, Eugenio Rojas.
El senador Pinto, precisamente, es el opositor que más juicios afronta junto a su colega Carmen Eva Gonzales, seguido por el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, este último también asilado en Paraguay por persecución política (ver infografía).
En el caso de la asambleísta Gonzales, ella presentó junto a Pinto y al senador Marcelo Antezana un audio en el que supuestamente se escucha la voz del fiscal del caso Rósza, Marcelo Soza; de la abogada del caso Porvenir, Mary Carrasco, y de un funcionario gubernamental y discuten el arreglo de polémicos casos judiciales y cómo controlar la administración de justicia.
En respuesta, el fiscal Soza presentó una denuncia por desacato contra los denunciantes. Pero no es la única denuncia que afrontan por esta figura legal, sino hay otros que fueron instaurados y que están vigentes.
Otros parlamentarios de la oposición también afrontan procesos por desacato y, según cuentan, deben repartir su tiempo entre su trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y su defensa legal en la Fiscalía.
“Somos convocados para declarar y debemos ir, en muchos casos tenemos policías que están rondando para notificarnos, no es una situación sencilla” relató la diputada Norma Piérola, quien también tiene denuncia por desacato y otros delitos.
En la lista de asambleístas que afrontan demandas judiciales además se encuentra la disidente del MAS y ahora parlamentaria por Convergencia Adriana Gil, quien es acusada por racismo y discriminación al presidente Evo Morales y se la pretende suspender del cargo porque afirmó que el Primer Mandatario tiene una actitud “desleal y mentirosa” con los indígenas.
Empero, la arremetida judicial no sólo es contra parlamentarios de la oposición, sino contra ciudadanos como el abogado de los familiares de los dos jóvenes que fallecieron durante una represión policial en Caranavi, Jorge Quiroz, y su esposa Claudia Lecoña. Ambos fueron acusados por el ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán de desacato y proxenetismo.
El hecho ocurrió después de que ambos juristas demandaran la imputación formal de importantes jefes policiales y personeros del Ministerio de Gobierno que autorizaron el operativo para despejar un bloqueo realizado por cocaleros de la zona.
Para el diputado opositor Roy Moroni, “antes, en el régimen de García Meza, decían que hay que andar con el testamento bajo el brazo; ahora, en este régimen, hay que andar con el abogado al lado” porque “quienes hacemos trabajo de fiscalización podemos esperarnos un proceso en cualquier momento”.
Lamentó que las autoridades judiciales actúen de manera parcializada con el Órgano Ejecutivo y no hagan prevalecer los principios y mandatos establecidos en la Constitución.
Punto de vista
Iván Arias Durán, Analista político
Todos los opositores que osaron decir una protesta les arruinan la vida. Les hacen aparecer una y otra cosa. No sólo a autoridades políticas como senadores y diputados, sino también a alcaldes y gobernadores. La “judicialización” de la política es un hecho en el país. Hay mucha gente que gasta mucho tiempo, dinero y energía en estar en los juzgados y ésa es una forma que tiene el Gobierno de amedrentar y controlar las voces disidentes.
Además, parece que el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, decidieron retirar sus denuncias por desacato contra el senador Róger Pinto. Esta figura legal también es una forma de perseguir a cualquier persona que tenga la osadía de criticar, observar y denunciar.
Es una medida antidemocrática que sólo se aplica en Bolivia. En el resto de los países de América Latina no existe esa figura y lo que busca es meter miedo, atemorizar y acallar cualquier voz opositora. Por esta razón se iniciaron varios juicios a estas personas (opositores) con el desacato que es antidemocrático y hasta dictatorial.
Ahora debemos volver a los cauces democráticos. El Gobierno -durante estos años- se portó como el compañero de curso que es abusivo. Aprovechando la debilidad de otros impone sus propias leyes, procedimientos y viola los aspectos democráticos que deben regir. Lo único que nos queda es volver al cauce democrático, respetar la Constitución Política del Estado y las leyes que ellos mismos (el oficialismo) han jurado respetar y que lograron aprobar.
Por esta razón no nos queda otra esperanza que retornar a los cauces democráticos y al marco de institucionalidad que merece una democracia madura. Ése es el camino que debemos seguir.
Bolivia eliminará el desacato, pero sancionará la calumnia
El anuncio fue hecho por el presidente de la Asamblea.
DECISIÓN. Las Naciones Unidas considera que la figura legal de desacato atenta la libertad de expresión, por lo que corresponde suspenderla.
Página Siete / La Paz – 13/06/2012
El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, anunció ayer que se eliminará la figura de desacato, que se encuentra en el Código Penal boliviano porque podría dañar la libertad de expresión, pero será sustituida por otra norma que sancione las calumnias.
En febrero y marzo pasados el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que el desacato “podría considerarse contraria a la libertad de expresión” y fue eliminada de varias legislaciones de Latinoamérica.
El detonante para eliminar el desacato en Bolivia fue el asilo político que otorgó el Gobierno de Brasil al senador y jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto. Éste tiene más de 20 de procesos, entre ellos por desacato. Un comunicado detalla que la decisión se tomó “a la luz de las normas y la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano”.
“Necesitamos sacar el artículo (del Código Penal) sobre desacato, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar”, afirmó García Linera, del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido con amplia mayoría en la Asamblea. Este anuncio lo hizo después de retirar, junto a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, la denuncia de desacato contra Pinto.
Sin embargo, adelantó que no deben quedar impunes las difamaciones. “Hay que debatir qué hacemos con las calumnias con estas campañas infamantes. (…) Habrá algo que hacer, seguramente en el debate democrático que se da en la Asamblea encontrarán alguna figura, o sino viendo la legislación comparada alguna figura que ponga un cierto freno, no a la crítica política que la respetamos, sino que ponga freno a la calumnia, a la mentira, a la falsedad, a las acusaciones infundadas, que es muy común entre opositores carentes de ideas, carentes de propuestas”, sostuvo la autoridad.
Según el reporte de ANF, el delito de desacato está previsto en el artículo 162 del Código Penal que establece: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad”.
A través de esta figura legal se han abierto varios procesos en los últimos años, la mayoría de ellos contra figuras de la oposición política. Por ejemplo, se encuentran imputados el gobernador de Santa cruz, Rubén Costas; asambleístas de oposición como Carmen Eva Gonzales y otras figuras de la oposición.