El empresario declaró sobre el movimiento económico de Catler-Uniservice. La justicia debe fijar su audiencia de medidas cautelares por el escándalo de corrupción en YPFB.
ANTE LOS MEDIOS • Acompañado por sus abogados, Miguel O’Connor se retira de la Fiscalía luego de declarar. Fue ayer.
La Razón
El Ministerio Público abrió un nuevo proceso de investigación al representante del consorcio Catler-Uniservice, Miguel O’Connor D’Arlach; esta vez por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“La Fiscalía del Distrito, en función a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), ha dispuesto que se abra una nueva investigación penal por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas”, informó ayer a los medios Javier Camacho, uno de sus abogados.
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Ayer en la tarde, O’Connor D’Arlach prestó su declaración informativa sobre esa investigación ante el fiscal Edward Mollinedo.
“Se ha dado una explicación coherente y documentada de lo que ha sido el movimiento económico de las cuentas de Catler-Uniservice desde que el señor Miguel O’Connor se ha hecho cargo de la administración, luego del fallecimiento de su hermano”, manifestó el fiscal Camacho.
Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado el 27 de enero, día en que también le robaron $us 450.000, presuntamente destinados a una comisión ilegal para el entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por la adjudicación del proyecto gasífero de Río Grande.
“Los movimientos anteriores (de dinero), en la mayor parte de los casos, no eran de conocimiento de Miguel O’Connor”, indicó el abogado en relación al destino de los 450.000 dólares.
Mientras, el recurso de excepción de incompetencia presentado por la defensa de O’Connor para que el caso de YPFB se investigue en la vía del arbitraje y no así en la ordinaria, fue rechazado por la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, según informó ayer a La Razón la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Al tener de nuevo competencia en el caso, Siles debe fijar para los próximos días la realización de la audiencia de medidas cautelares de O’Connor y de los otros cuatro imputados por irregularidades en el contrato entre YPFB y Catler-Uniservice: Javier Navía Doria Medina, Gonzalo Aramayo, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdova.
Esa audiencia fue suspendida tres veces, desde hace un mes.
Gobierno rechaza arbitraje, pero se defenderá
Aunque autoridades del Gobierno reiteraron ayer que no corresponde el arbitraje para anular el contrato con Catler-Uniservice, éstas señalaron que se defenderán de la acción anunciada por el consorcio.
“No es viable (el arbitraje) y obviamente el Estado boliviano, a través de Yacimientos, tiene todos los elementos para defenderse y demostrar las ilegalidades en las que se ha incurrido”, señaló el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, según un reporte de ATB.
Mientras, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, afirmó a La Razón que “no se puede recurrir a un arbitraje con alguien con quien no se tiene una relación contractual”. Agregó que “para empezar, es una empresa que no existe en los registros de las empresas a nivel nacional”.
En la misma línea, Arce sostuvo que “Catler-Uniservice tendrá que demostrar su existencia legal, cuál es la explicación que pueden dar para haberse conformado como consorcio, tres días antes de suscribir el contrato”.
Al respecto, Javier Camacho, uno de los abogados del consorcio, aseguró que al firmar el contrato, YPFB “ha reconocido la existencia legal” del consorcio.
Reiteró la vigencia del convenio y la intención de rescindir el mismo por la vía arbitral y demandar al Estado por las pérdidas que ya sufrió la empresa.
Formalizan imputación contra Aruquipa y Chiquié
PROCESO • Hoy se desarrollará la audiencia de medidas cautelares para ambos acusados.
La comisión de fiscales que investiga la irregular conformación de la estatal Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), formalizó ayer la imputación contra el ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa y su ex asesor Leonardo Chiquié.
Ambos fueron aprehendidos el lunes y remitidos luego a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Ayer en la tarde, el fiscal César Romano declaró a los medios que la imputación de Chiquié incluye los delitos de asociación delictuosa, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Tras permanecer en la división de Corrupción Pública de la FELCC, Aruquipa retornó ayer a la Fiscalía para ampliar su declaración. A las 18.00, fue conducido a celdas de la Policía Judicial y media hora después, se concluyó su resolución de imputación.
“Se está investigando (en el caso de SIPSA) la forma en la cual se ha generado la Resolución 895 (de la Superintendencia) que autoriza el incremento de precio para la recalificación de garrafas”, indicó Romano a La Razón.
“Hay incumplimiento de deberes porque no se habría actuado cuidando que se hagan las cosas como se habían solicitado”, dijo la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, sobre Aruquipa.
La audiencia de medidas cautelares de ambos acusados está prevista para hoy en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, presidido por Margot Pérez.