Julio Aliaga Lairana
Internet nació como el mayor espacio de libertad posible. Es el mundo de las relaciones sin intermediarios y sin jerarquías, a pesar de una creciente tendencia, desde las redes sociales, del crecimiento de grandes empresas encargadas de administrar las redes de la red. Ni Yahoo, Google o Facebook han logrado sino emular la tendencia, aparentando sistemas distribuidos, donde la cooperación y la abundancia sin restricciones de la información son la razón de ser de internet en el mundo.
A veces, en algunos países, donde la cultura mantiene rasgos fundamentalistas, religiosos, ideológicos o culturales, se han impuesto restricciones, como en China o en Cuba, donde el Estado, poco abierto a conocer y a dar a conocer el pensamiento y las ideas de sus ciudadanos, ha impuesto barreras electrónicas que filtran y censuran las grandes autopistas de internet, afectando la reputación de estos países y haciéndolos execrables a la vista del resto. Eso sí, por mucho esfuerzo que han puesto en ello, siempre hay quienes pueden burlar esos controles, la cooperación entre internautas lo ha demostrado efectivamente hasta ahora.
En Bolivia, el partido de Gobierno ha caído en la tentación, acostumbrados como están sus dirigentes al sueño del “poder total”, en el que nadie puede criticarlos ni meterse con ellos.
Se han alzado algunas voces masistas que quieren restringir la libre opinión de los ciudadanos, y ante la necesidad imperiosa de legislar el uso de las comunicaciones distribuidas de internet y el tráfico de información entre teléfonos móviles, proponen veedores, controladores, moderadores y demás laya de supervisores, que haciéndose dueños de la verdad o de la moral de nuestro pueblo impongan barreras a la libertad de opinión de los ciudadanos.
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La otra cara de la medalla es la casi imposibilidad de implantarlas, ya que Bolivia no es dueña por sí misma de los grandes servidores que acumulan y distribuyen la poca información que se genera en nuestro país, que depende (como en otros muchos) de la actividad de ordenadores que están lejos y que responden a otras legislaciones y que no pueden ser controlados por las autoridades bolivianas.
Es tanto así, que imponer un sistema de administración de contenidos sobre los flujos de la red sería una tarea enormemente costosa y técnicamente muy superior a la capacidad con la que cuenta hoy por hoy el Estado boliviano. Sería tan evidentemente desproporcionada que merecería el rechazo inmediato de la comunidad nacional e internacional.
La Prensa – La Paz