Dos días después de presentar a la Fiscalía una denuncia contra el alcalde, los ediles disidentes anunciaron ayer que abrirán otro proceso a Fernández por el contrato de SIO. Fiscal garantiza audiencia hoy e insiste en detener a concejales “rebeldes”.
CONTROVERSIA. El concejal Enrique Landívar muestra los documentos que respaldan la denuncia que hizo junto al edil Óscar Vargas sobre irregularidades en SIO
El Deber, 18 de Junio de 2012
El lío municipal entre el alcalde Percy Fernández y los concejales disidentes va acumulando más tensión en medio de audiencias y nuevas acusaciones.
Mientras la Fiscalía tiene todo listo para la audiencia de hoy a la que deben asistir siete concejales, los ediles lanzaron una nueva denuncia, esta vez sobre supuestas irregularidades en el contrato con SIO, empresa que estuvo a cargo de los impuestos y el catastro.
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Los concejales Óscar Vargas y Enrique Landívar, en representación de los disidentes, llegaron ayer hasta el diario EL DEBER para mostrar documentos y hacer declaraciones al respecto. También anunciaron que presentarán la denuncia ante la Fiscalía y otras instancias correspondientes.
El caso sale a la luz pública un día después de que el alcalde Percy Fernández admitió que Freddy Teodovich es su asesor “en todo”. Según los ediles, hasta 2008 la empresa cobró Bs 55 millones por los servicios que prestaba, pese a no haberlos cumplido de acuerdo con el contrato 288/2003, firmado en la gestión del alcalde Roberto Fernández.
La sociedad accidental, conformada por cuatro empresas (ver recuadro), tenía los objetivos de operar los sistemas del RUAT, efectuar la cobranza de tributos municipales vigentes, cobrar los ingresos no tributarios, recuperar los impuestos en mora y actualizar la información catastral de actividades económicas.
Sin embargo, según la denuncia, SIO no cumplió con las metas de recaudaciones los años 2004 y 2005, además de no haber hecho el catastro urbano de la ciudad. Del total de recaudaciones, SIO recibía un 5%, mientras que Odenal, una de las socias y encargadas del catastro, bajo la presidencia de Teodovich, tendría que haber recibido Bs 71 millones para hacer este registro de inmuebles, pero no cumplió con su parte, dijo el concejal Vargas.
A su vez, Landívar explicó con informes en mano todas las observaciones que hicieron sobre la ejecución del contrato los fiscales designados por las direcciones de Gestión Catastral y de Recaudaciones, además del ingeniero Jaime Medrano. El 27 de septiembre de 2006, el Concejo presidido por Oscar Vargas aprobó la resolución 171 en la que recomendó al ejecutivo aplicar sanciones (multas) a SIO y crear una comisión que “agotara las vías de la conciliación” para reajustar el cronograma de trabajo de la empresa a fin de que cumpliera el contrato. Le dio al alcalde 30 días para elevar un informe.
Landívar dijo que Fernández no emitió ese informe y repentinamente el 11 de noviembre de 2008 rescindió el contrato con SIO. Luego, Percy Fernández creó otra comisión y, a partir del informe de esta, restituyó el contrato con SIO el 5 de diciembre de 2008 y lo amplió en mayo de 2009, estableciendo como plazo “hasta que la adenda de ampliación y modificación al contrato” fuera aprobada por el Concejo. El 9 de septiembre de ese año, el Concejo rechazó la adenda. “El alcalde solo podía restituir un contrato si el Concejo lo aprobaba, pero no fue así”, dijo el concejal Landívar. Vargas insistió en que Odenal pretende cobrar por un catastro que nunca hizo, que el municipio dejó de percibir muchos tributos por falta de esa base de datos y que el Alcalde cometió algo ilícito al reactivar un contrato sin el aval del Concejo.
Los concejales denuncian que Teodovich, siendo hoy asesor del alcalde, pretende cobrar la deuda con Odenal y que Carlos Meyer fue designado asesor de la Alcaldía el 1 de febrero de 2006, cuando era ejecutivo de SIO.
Consultado al respecto, Meyer afirmó: “No tengo nada que ver con el alcalde. Yo trabajé con Percy Fernández durante muchos años y luego fui su asesor, pero hace mucho tiempo”.
A su vez, el representante legal de SIO, Claudio Fernández Fawaz, confirmó que a fines de 2008 el contrato fue rescindido. “Efectivamente, entre el gobierno municipal y SIO ha habido una controversia respecto a la ejecución o no del catastro”, explicó y dijo que para resolver este tema se conformó una comisión que resolvió que SIO había cumplido con toda la información catastral, la cual debía entregar a la Alcaldía. “Ese catastro fue entregado en julio de 2009 al gobierno municipal, pero hasta hoy no ha sido pagado, ni utilizado para mejorar las recaudaciones, esa es una falla de ellos”, justificó.
Según Fernández, el catastro reunía todas las exigencias del contrato y después de la entrega oficial la Alcaldía nunca lo observó ni multó a SIO.
El representante de empresa, hoy en proceso de liquidación, informó que en los cinco años de trabajo se logró aumentar la recaudación de Bs 160 millones a más de Bs 380 millones. En vehículos se incrementó de 98.000 a 240.000 registrados y en inmuebles de 200.000 a 290.000.
También aseguró que desde 2008 Teodovich ya no es parte de Odenal y que el tema de SIO está siendo utilizado por los políticos como parte de una pelea en el gobierno municipal con la cual la empresa no tiene nada que ver.
Los ediles fiscalizaron el contrato
La secretaria de Parques y Jardines y presidenta del directorio de Emacruz, Angélica Sosa, aseguró que el Concejo Municipal, que hoy denuncia supuestas irregularidades en el contrato con SIO, “fiscalizó desde el principio ese contrato, inclusive hay concejales que vienen desde la anterior gestión y conocen a detalle todos los procesos legales y de ruptura de ese contrato (Enrique Landívar, Oscar Vargas)”.
Sosa confirmó que la Secretaría de Recaudaciones actualmente está a cargo del cobro de impuestos, después que SIO dejó de prestar sus servicios en 2009.
La funcionaria del ejecutivo insistió en que los concejales “recibieron respuesta a todas las solicitudes de informe que hicieron”, según la información que obtuvo de la Secretaría de Recaudaciones a cargo de Cristian Sandoval.
Sosa incluso lanzó la pregunta: “¿No le llama la atención que algunos concejales intenten traer a la palestra temas viejos para distraer la atención sobre sus propios errores y desconocimiento de los problemas de la ciudad?”.
Mientras tanto, los concejales adelantaron que tienen preparados más casos de supuestos malos manejos, a partir de información que sale del entorno del propio alcalde -según los ediles- y que pronto serán denunciados como el tema del aseo urbano. “Aquí hubo una inversión pública millonaria vinculada al contrato y que no resuelve el problema de los residuos, que genera un foco de contaminación enorme en Normandía y dispersión de estos en los barrios”, explicó el concejal Enrique Landívar.
MÁS DATOS
– SIO. Según la denuncia de los concejales, está conformada por cuatro accionistas: Servicios y Operadores de la cual fue accionista y ejecutivo Carlos Meyer; Sistemas de Computación e Informática Gerencial; Tecnologías de la Información y Odenal S.A. vinculada a Freddy Teodovich.
– Catastro. El representante de SIO, Claudio Fernández, no especificó cuánto es el monto que pide Odenal por el catastro, pero dijo que por inmueble es entre $us 35 y 40. Eso significaría más de $us 11 millones.
Fiscal garantiza audiencia e insiste en detener a concejales
El fiscal Carlos Candia ha tomado todas sus previsiones para que la audiencia contra siete concejales del municipio de Santa Cruz, que son acusados por el burgomaestre Percy Fernández por incumplimiento de deberes, se lleve a cabo hoy y no se suspenda como ocurrió el pasado viernes, cuando los imputados acudieron ante la jueza Valeria Salas sin sus abogados. “Hemos habilitado defensores de oficio en caso de que los ediles se olviden de nuevo traer a sus abogados”, aseguró.
El hombre del Ministerio Público dijo que este fin de semana no hubo ningún tipo de acercamiento entre Fernández y los llamados disidentes Óscar Vargas, Arminda Velásquez, Carlos Manuel Saavedra, Janine Parada, Sibele Ortiz, Leonardo Roca y Enrique Laldívar.
Por el contrario, dijo que la posición suya no ha cambiado y que se pedirá a Valeria Salas, jueza del juzgado Octavo de Instrucción Cautelar, que a los acusados se los detenga. Argumentó esa posición porque en su momento, según él, no acreditaron de manera idónea datos familiares y domicilio y porque pueden influir negativamente sobre los funcionarios subalternos del Concejo. “Nada puede impedir que haya sesión, pero estimo que los concejales pueden presentar alguna recusación contra la jueza Valeria Salas”, adelantó.
Óscar Vargas, uno de los concejales disidentes, a nombre del grupo de los siete, aseguró que hoy asistirán a la audiencia prevista a realizarse en el piso siete del Palacio de Justicia. Considera que el inventario de temas pendientes vinculados a intereses económicos, como los que vienen denunciando, es lo que motiva a que el Ejecutivo procese, según él, a concejales que solo se han dedicado a fiscalizar. “De otra manera no se explica la celeridad con que actúan jueces y fiscales. El mismo alcalde tiene procesos de tres y cuatro años y no avanzan, mientras que el que él nos implantó caminó rápido”, lamentó.
Loreto Moreno, concejal suplente de Manuel Saavedra, dijo que alguien tiene que convocarla en caso de que tenga que remplazarlo, porque alegremente no piensa tomar partido.
“Por el momento no tengo nada que ver en este asunto y si nos convocan estaremos para trabajar, tenemos la suficiente capacidad para poner el esfuerzo y demostrar al vecino que no se equivocó en votar por los titulares y por los suplentes”, afirmó.
Por su parte, Angélica Sosa, presidenta del directorio de Emacruz y secretaria de Parques y Jardines, dijo: “sobre temas relacionados a la justicia, están fuera de nuestro ámbito”.
Cronología
5 de marzo. El Concejo rechazó el informe de gestión del Ejecutivo, lo que causó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas congelara las cuentas del municipio. Sin embargo, la detonante sucedió el 19 de marzo, cuando siete concejales votaron a favor de la suspensión de Desirée Bravo contra tres, que querían su continuidad.
– 13 de junio. Un nuevo baldazo de agua fría en el Concejo Municipal de Santa Cruz. Un juez ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva de cinco concejales de la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT). La determinación se dio luego de la audiencia de medidas cautelares por un proceso judicial que le sigue la concejala suspendida Desirée Bravo, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
– 15 de junio. Se suspendió la audiencia judicial para hoy lunes.
La justicia, al servicio del ejecutivo
Iván Arias Durán / Municipalista
Se han despertado todos los demonios que harán daño a la ciudad, el demonio de la soberbia, de la intolerancia y de la incomprensión. Hoy el Ejecutivo y el Concejo, lejos de acercar sus diferencia, lo que han hecho es profundizarlas, eso dice muy mal de todos ellos.
La ciudad es la que está perdiendo en obras, porque muchos trabajos no se podrán ejecutar. El alcalde no puede gastar la plata sin tener un legislativo bien constituido. Aquí hay un impasse muy peligroso. ¿Cómo el alcalde va a justificar el desayuno escolar, el pago del servicio de aseo, y otros, si es que no hay aprobación de los ediles?
Imagínese que un juez determine que la mitad del congreso de Bolivia no pueda sesionar ni hablar entre sí, eso sería un virtual golpe de estado, pero eso se hizo en Santa Cruz y nadie hizo nada.
Hoy, en la audiencia puede ocurrir otro precedente funesto para la autonomía municipal y para la misma democracia. El ejecutivo está ligado a la justicia y esta se encuentra a su servicio. Parece que se ha dado la alianza entre ambos poderes.
La justicia está ayudando al alcalde. Sin importar los procesos democráticos, Santa Cruz está presa de la lógica que domina en el país, la lógica de la intolerancia, dictatorial, de un ejecutivo que quiere hacer las cosas como se le ocurre.
Cuando uno tiene actitudes dictatoriales se expresa en la casa, se reclama tolerancia hacia afuera pero en mi hogar soy intolerante. Eso está ocurriendo en Santa Cruz. La solución es que vuelva la cordura, que Santa Cruz recupere el espíritu autonómico, un diálogo constructivo entre su legislativo y su ejecutivo.