En medio de una gran tensión, se postergó para hoy la audiencia que definirá si siete ediles van a la cárcel. Los procesados piden veedores.
El Deber, 19 de Junio de 2012 (Santa Cruz, Bolivia)
Explicación. Los funcionarios de la comuna salen a explicar sobre las pruebas de los concejales de la emisión de cheques para elevar la ejecución del presupuesto
Mientras los concejales disidentes de Santa Cruz Para Todos (SPT) tienen lista la demanda por daño económico contra el alcalde Percy Fernández por haber pagado a Servicios y Operadores (SIO) por un catastro que no está en uso, la defensa del burgomaestre asegura que no se desembolsó ni un centavo porque hay un juicio que está en espera de la resolución final en el Tribunal Constitucional.
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En esta demanda también se hace notar la presencia del exministro de Defensa y ex secretario ejecutivo nacional del MNR Freddy Teodovich como accionista de Odenal, empresa encargada de levantar el registro de propiedades del municipio, el cual nunca se puso en vigencia. Odenal es una de las cuatro entidades que conforman SIO.
En viernes el alcalde Fernández ratificó que Teodovich es su asesor personal, lo cual generó la susceptibilidad de los ediles, que acusan al burgomaestre de intentar favorecerlo para que reciba $us 16 millones, cuando ya se había pagado por el mismo trabajo.
El edil Óscar Vargas recordó que el Concejo Municipal de la anterior gestión se opuso a la ampliación del contrato con SIO mediante una adenda enviada por el burgomaestre. El rechazo obligó a la comuna a instalar su propia oficina recaudadora de impuestos, que ahora se conoce como SER.
Como respaldo de la denuncia contra Percy Fernández, Vargas indicó que hay documentos de todos los actos de fiscalización que obligaron a paralizar el contrato. “Por no ejecutar el catastro, el burgomaestre ha ocasionado un daño económico al municipio, que no ha podido percibir mayores ingresos económicos para su presupuesto”, anotó.
“SIO incumplió con las metas que se propuso, pues solo anotó 80.000 propiedades cuando el registro de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) menciona más de 400.000 inmuebles. Aquí hay un cuantioso daño económico”, agregó Vargas.
José Negrete, director jurídico de la comuna, salió a refutar la declaración de Vargas al decir que no hay daño económico porque no se pagó nada a SIO. “Solo se canceló el servicio por la recaudación tributaria de inmuebles, vehículos y patentes”, expresó.
Referente a la figura de Teodovich, Negrete aseveró que no es funcionario municipal y que “es muy diferente que el alcalde le solicite asesoramiento personal a que sea asesor del gobierno municipal, pues para ello son los oficiales mayores y los secretarios”.
Sobre el pago de la deuda el gerente de SIO, Claudio Fernández, espera que sea pagada porque considera que su empresa cumplió con las metas establecidas de subir la recaudación impositiva y por ello se hizo acreedora a un bono o premio, que tampoco se hizo efectivo y que es parte del reclamo de Bs 50 millones.
En lo que respecta a la relación de SIO con Teodovich, Fernández aclaró que estuvo en el proceso de entrega del catastro y en la conciliación con la Alcaldía, entre diciembre de 2008 y mayo de 2009, pero después cesó todo contacto con la entidad.
Hablan de unos cheques ‘en tránsito’
Respondiendo a la denuncia interpuesta por los concejales disidentes contra el alcalde Percy Fernández por emitir cheques para ‘maquillar’ la ejecución del presupuesto, el oficial mayor de Administración y Finanzas, Manuel Medina, dijo que la comuna capitalina es una de las que tiene mayor ejecución anual.
Medina aclaró que la denuncia de los concejales disidentes se refiere a los pagarés que son emitidos al cierre de una gestión y que al no ser cobrados en el tiempo estipulado se los denomina cheques ‘en tránsito’. “La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra tiene la capacidad de administrar una deuda de hasta $us 200 millones, por lo que no precisa disfrazar sus estados financieros y no necesita incrementar sus indicadores de ejecución presupuestaria porque esta es una de las más altas del país”, refirió.
El funcionario agregó que los concejales están en su derecho de fiscalizar, pero enfatizó que todos los pagos se hicieron. “Desde hace tres semanas la Contraloría General del Estado comenzó con la auditoría, para lo cual hemos remitido todos los contratos”, acotó.
A su turno, el concejal Óscar Vargas indicó que en la denuncia se establece la contabilidad de los cheques como ejecutados cuando están por pagar. “Ahora, Medina no debe dar explicaciones al Concejo, debe acudir a la Fiscalía a declarar”, concluyó.
El caso SIO
– Contrato. La ordenanza 288/2003, firmada por el exalcalde Roberto Fernández, entrega a Servicios y Operadores (SIO) la administración de los tributos municipales y la obligación de elaborar un catastro para ampliar el universo de contribuyentes.
– Problema. El contrato feneció el 6 de junio de 2009. El 25 de mayo el alcalde Percy Fernández emitió una resolución administrativa que amplió el servicio hasta que el Concejo apruebe la adenda, con la intención de que siga hasta diciembre de 2012.
– Reacción. En septiembre de 2009, ocho de los 11 concejales votaron a favor de finalizar el contrato con SIO.
– Demanda. En abril de 2010 SIO presentó un amparo constitucional contra los concejales y la alcaldesa interina Ana María Encina por la cancelación del contrato. Además, exigió el pago de Bs 50 millones por los servicios prestados y Bs 60 millones por un catastro que no funciona.