Tanto en Santa Cruz como en el resto del país, aumenta la presión de todo tipo, tanto de actividades extractivas como del narcotráfico, ante el silencio de las autoridades a cargo.
Fuente: El Deber
Hasta 2017, Bolivia era uno de los diez países más megadiversos del mundo y se encontraba entre los 15 países con mayor cantidad de bosques tropicales, según los datos recopilados en el Atlas Socioambiental, trabajado conjuntamente por varias instituciones internacionales y bolivianas.
En 2020, la organización mundial Global Forest Watch ubicó a Bolivia en el tercer lugar mundial en pérdida de bosques primarios o vírgenes. Justo el año que debió ser un hito en la lucha contra la deforestación, ya que muchas empresas, países y organizaciones internacionales se habían comprometido a reducir a la mitad o detener por completo la pérdida de bosques.
Más bien, en 2020 la pérdida de bosque primario en el mundo fue un 12% mayor que el año anterior, y fue el segundo año consecutivo en que la pérdida de bosque primario empeoró en los trópicos.
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El reporte de Global Forest Watch indica que, a pesar de una leve caída en la pérdida de bosques primarios con respecto al año anterior, por los incendios forestales, Bolivia ascendió al número tres en la lista, superando a Indonesia por primera vez.
Los incendios forestales jugaron un papel importante. En particular, afectaron varias áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, pocas veces envuelto en esta problemática.
Al igual que en Brasil (primero de la lista mundial), el informe establece que la mayoría de los incendios en Bolivia probablemente fueron provocados por personas para limpiar el suelo, pero se descontrolaron debido a las condiciones de sequía y al clima caluroso. La investigación también apunta a la actividad agropecuaria a gran escala como responsable de esta pérdida de la cobertura boscosa.
Alcides Vadillo, director para la región Oriente de la Fundación Tierra, ya había dicho en entrevista con EL DEBER que la pérdida de cobertura boscosa era conveniente porque agregaba un plus al precio de la tierra. Su organización estableció una relación entre los incendios forestales y la tenencia de la tierra.
Mientras que desde la instancia nacional se convocaba a un reencuentro con la Pachamama y se proyectaba una ley para la Defensoría de la Madre Tierra, se socializa una Ley de uso de suelos que centraliza las competencias en el tema, y sindicatos interculturales reclaman establecerse dentro de zonas de protección, frente al silencio de las instituciones encargadas del tema, como el INRA y la ABT, llegando a desmontar más de 60 hectáreas dentro del área protegida Bajo Paraguá, de reciente creación.
Paralelamente, reportes satelitales de ONG ambientalistas reportan el desmonte de grandes extensiones de bosque el año pasado, aproximadamente 5.000 hectáreas, y una parte de estas, 65 ha, dentro del Parque Noel Kempff Mercado, a la altura de la zona conocida como Marco Falso, que cobija a dos grandes propiedades, Laguna Redonda y Santa Rosa, cerca de la frontera con Brasil. De esa área fueron expulsados comunarios chiquitanos de La Esperancita, que tenían las tierras tituladas por el INRA, tuvieron que marcharse al lado brasileño, a la comunidad La Fortuna, abandonando su hogar a la fuerza, de acuerdo a denuncias de un dirigente de San Ignacio de Velasco, Pedro Marmañá.
Una revisión satelital de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) estableció que solo en el municipio de San Ignacio de Velasco se desmontaron 47 mil hectáreas, entre 2019 y 2020.
Áreas protegidas castigadas
El año pasado, la FCBC presentó un informe sobre la pérdida de la cobertura boscosa en las áreas protegidas (AP) del departamento cruceño.
Las más de 30 AP de Santa Cruz conservaban, en total, 11,7 millones de hectáreas de bosque (hasta el año 2019). Sin embargo, la ONG advierte que, de continuar las tendencias actuales de deforestación, se proyecta que al año 2050, el total de cobertura boscosa en áreas protegidas se reducirá a 6,3 millones de ha, es decir que, de no tomarse medidas efectivas que mitiguen o atenúen este escenario, hay el riesgo que en los próximos 30 años se pierdan más de 5 millones de ha de bosque en estos espacios protegidos Estas pérdidas pueden ser por una serie de razones, desde el desmonte hasta los asentamientos y las actividades extractivas.
FCBC enfatiza en que las áreas protegidas con mayor amenaza son las de carácter nacional, como el Parque Amboró y San Matías; mientras que a nivel departamental se destaca a Río Grande Valles Cruceños.
“La mayor pérdida de cobertura vegetal se da en el Amboró (8,1%) para la categoría nacional, Lomas de Arena (37,7%) para la departamental y Laguna Esmeralda (49,2%) para municipal”, dice la investigación.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) elaboró un informe en marzo de este año, titulado Contradicción en las gestiones de las áreas protegidas, con énfasis en los cambios en planes de manejo y zonificaciones de los parques nacionales Carrasco, Tunari y Tariquía.
El Cedib denunció políticas de flexibilización de los instrumentos de gestión de las AP, en base a criterios más políticos que técnicos.
“Tan solo en 2020, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) recibió 220 trámites para avalar actividades con restricciones en áreas protegidas. De estas solicitudes, 33% son para proyectos de energía, 2% de hidrocarburos y otro de 2% minería. De todas las solicitudes, 34% son para el Parque Nacional Tunari”, dice la investigación.
El dossier elaborado por Cedib analiza los planes de manejo o delimitaciones de estos tres parques, desagregando los datos, y concluye que estos han sido flexibilizados con el fin de permitir la entrada de actividades extractivas de distinta índole.
“En Carrasco, están las presiones que conlleva el cultivo de coca y particularmente la hidroeléctrica Ivirizú; en el Tunari, la construcción de dos centrales hidroeléctricas y la presión de la mancha urbana; y en Tariquía, la presión ejercida por las empresas petroleras para realizar actividades exploratorias”.
Ni siquiera los territorios indígenas se salvan de los riesgos medioambientales. Ya la nación guaraní denunció avasallamientos en el Parque Ñembi Guasú.
La ONG Nativa estuvo en enero en la zona y registró a través de imágenes la actividad de maquinaria realizando desmontes.
La denuncia fue confirmada por autoridades de la Asamblea del Pueblo Guaraní, la máxima instancia de representación social y política del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) del municipio de Charagua.
Las autoridades informaron a la agencia de noticias ANF que en enero se evidenció la existencia de la obra de un puente en construcción en la zona de Bajo Isoso, que beneficiaría a unas colonias menonitas que compraron un predio privado, ya en el límite con el parque Kaa Iya.
Ya en octubre de 2019 se denunció que militares empezaron a abrir camino de 18 metros de ancho en el Parque Ñembi Guasu, una de las áreas que ese año estuvo entre las más afectadas por los incendios.
El narcotráfico
Hace pocos días la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontró dos megalaboratorios en las entrañas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con capacidad cada uno para producir media tonelada diaria de cocaína de alta pureza.
Era un secreto a voces que la mafia colombiana se mueve por la zona e incluso autoridades de la zona son amedrentadas y advertidas con que no pueden entrar a ciertas zonas, bajo riesgo de no salir con vida.
Sobre esta situación y una serie de denuncias en torno al “manoseo” de las AP, la directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Natalia Calderón, opina que las AP no han sido puestas en el lugar que merecen, y que se encuentran bastante abandonadas de la agenda del desarrollo y la conservación.
“Atacar a las AP y a su vulnerabilidad no ayuda a ponerlas en verdadero realce. Creo que debemos hablar de todas las oportunidades, de lo importante que son, en vez de estarlas desmereciendo. Las AP son las mejores aliadas para mantener el estado de conservación y biodiversidad de Bolivia, entonces son muy importantes para la prestación de funciones y servicios ambientales que no están siendo valorados”, dijo.
Entre los años 1995 y 2006, Fan coadministró el Parque Noel Kempff Mercado con el Sernap, fue la época de oro del área protegida.
Al ser mínimos los presupuestos públicos para la labor medioambiental, FAN colaboró con soporte técnico, pero también con aporte financiero, se apoyaron proyectos de turismo, de desarrollo comunitario y programas de protección y monitoreo.
A pesar de las noticias negativas que salen últimamente en torno al Parque Noel Kempff Mercado, Calderón no cree que pierda su categoría como patrimonio natural de la Unesco.
“El 95% de su extensión se encuentra en muy buen estado de conservación, es el AP mejor conservada de todo el país porque precisamente se encuentra en un lugar de acceso difícil, a eso hay que sumar la TCO Bajo Paraguá, que actúa como un cinturón de protección “, aseveró.
Sin embargo, reconoció elementos nocivos para el bienestar del parque, como la actividad minera e industrial que se desarrolla a escasa distancia.
