La justicia boliviana sigue causas en ausencia contra los exministros Arturo Murillo, Fernando López, Yerko Núñez, Víctor Hugo Zamora y Elva Pinckert.
Erika Segales / La Paz
La negación de la existencia del fallo 0012/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) permite que prosigan los juicios contra los exiliados declarados en rebeldía, según lo establece el artículo 344 bis del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia del artículo 91 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) advierte una falta de transparencia en torno a la sentencia 0012/2021, que -según la versión que circuló- declara inconstitucionales los juicios en rebeldía. El Conalab señala que ésa y otras acciones del TCP causan “inseguridad jurídica”.
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“Mucha gente se ha visto obligada a salir del país, algunos a fugarse, otros a asilarse o refugiarse, porque había ya persecución política desde hace muchos años atrás, personas que han sido sentenciadas en rebeldía. La sentencia constitucional 0012/2021 es en beneficio de todos los procesados en ausencia, perseguidos y presos políticos”, explicó Norma Piérola, accionante del recurso, quien subrayó que interpuso la acción el 16 de diciembre de 2019.
La existencia de la sentencia fue informada por el ministro de Justicia, Iván Lima, el 29 de marzo. “El Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”, declaró en entrevista con el periódico La Razón.
En esa oportunidad, la autoridad señaló que la sentencia impediría los juicios contra exministros del gobierno transitorio como Arturo Murillo y Luis Fernando López.
En dos oportunidades, la Interpol rechazó activar el sello azul contra ambas exautoridades por considerar que la solicitud obedecía a una causa política. Además de los casos contra Murillo y López, se activaron procesos contra los exministros Yerko Núñez, Víctor Hugo Zamora y María E. Pinckert, quienes también salieron del país solicitando asilo político.
Dos semanas después del anuncio que hizo Lima, el viceministro de Justicia y Derechos fundamentales, César Siles, afirmó que la acción constitucional no fue resuelta e indicó que el TCP comunicó que la relatoría del caso sería asignada a un nuevo magistrado.
“El Tribunal Constitucional nos ha comunicado formalmente que se va a recomponer la comisión, que se asignará la relatoría de este caso a un nuevo magistrado, por lo que la fecha no se tiene ninguna sentencia constitucional ni ningún trámite pendiente de notificación como lo anunciaba la exdiputada (Norma Piérola)”, dijo en conferencia a mediados de abril.
El 8 de mayo, el presidente del TCP, Paul Franco, sostuvo que dicha sentencia no existía y, el 17 de mayo se informó que esa instancia volvió a sortear la acción de inconstitucionalidad y que el caso estaría a cargo del magistrado Carlos Alberto Calderón.
Piérola denunció manipulación de la sentencia en favor del poder político y afirmó que la sentencia le fue entregada físicamente, además de una versión en PDF. Indicó que aunque no le hicieron una nota de notificación, hubo una notificación tácita con el anuncio que hizo el Ministro de Justicia. “Es preocupante que el poder político siga manipulando el sistema de administración de justicia y en este caso cambia las sentencias constitucionales a gusto y sabor”.
Mientras que el presidente del Conalab, Óscar Vargas, ve con preocupación la falta de transparencia con la que se maneja la información en el TCP, y señaló que el accionar de la instancia genera “inseguridad jurídica”.
“Es preocupante, al parecer hay un tema de falta de transparencia, puesto que ya una alta autoridad del Estado, como es el Ministro de Justicia, hizo pública la existencia de la sentencia, pero sorprende que el presidente del TCP manifieste con carácter oficial que la sentencia no existe. No hay certeza, no hay certidumbre; por tanto, se afecta el principio de seguridad jurídica de todos los litigantes”, indicó.
El jurista manifestó que el TCP debe una explicación sobre este caso no solamente a los abogados, sino a la población en su conjunto.
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