Indígenas T’simane-Mosetene que respaldaban una marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano en demanda de la anulación de una consulta territorial suscribieron un acuerdo con el Gobierno y decidieron retornar a su comunidad.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa, afirmó que los dirigentes de ese grupo indígena, de manera voluntaria solicitaron una mesa de diálogo con el Ejecutivo para presentar sus reclamos y pedir solucionarlos. Según el acuerdo, de 10 puntos, el Gobierno se comprometió a mejorar la producción de carne y leche, llevar una brigada médica para atender las comunidades indígenas, realizar un estudio técnico con fines educativos, instalar antenas de telefonía móvil y concertar una reunión con el Fondo Indígena, entre otros temas.
Romero recordó que los bolivianos viven en un Estado democrático en el cual todos pueden elegir y decidir, por tanto nadie puede ser forzado, con lo que negó que se haya ejercido presión para la suscripción del documento. Reiteró que el diálogo está abierto con los integrantes de la novena marcha a quienes en todo momento, acotó, se respetó, pues se les dejó instalar sus carpas en pleno centro de la ciudad, con la consiguiente interrupción del tránsito vehicular, y no se produjo ninguna acción en su contra, enfatizó.
Por su parte, Germán Nate, presidente del Consejo T’simane agradeció la disponibilidad del Ejecutivo, y dejó claro que no recibieron pago alguno del Gobierno para iniciar las conversaciones.
"No traicionamos al pueblo indígena, no nos pagaron, tenemos la necesidad de negociar y lo hicimos libremente", agregó.
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Los marchistas llegados a la ciudad de La Paz tras una caminata de 61 días, demandan la anulación de la Ley 222 de Consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, mientras para el Gobierno ese proceso es la única solución al conflicto emanado de la posible construcción de una carretera por esa región. La consulta indígena es además una figura enmarcada en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales.
La caminata esgrime la protección de los territorios indígenas, la biodiversidad y el respeto a la Ley Corta, que prohibió construir caminos por el Tipnis y lo declaró zona intangible, pero también busca eliminar una consulta que determinaría la construcción o no de una vía interdepartamental por el parque amazónico. Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano decidieron la movilización a pesar de la anulación del contrato para construir la carretera Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni).
Fuente: Bolivia Tv
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