La Paz. El Gobierno dice que intentó ayudar a un grupo de indígenas a retornar a sus comunidades, ofreció pasajes para los que dejen vigilia. La madrugada de ayer dos fiscales ingresaron en los predios de la universidad para llevarse marchistas. Solo un puñado de mujeres y niños retornó a su territorio.
Los Tiempos – 2/07/2012
Indígenas en el coliseo de la UMSA, lugar de los incidentes la noche del sábado y madrugada del domingo, en La Paz. Apg.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y un grupo de indígenas la noche del sábado y el posterior intento de desalojo de los mismos, fue calificado como una falta de respeto del Ejecutivo a la estructura orgánica de la IX Marcha Indígena. Esta opinión fue vertida tanto por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, como por el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
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Ambos activistas coincidieron también en que esas acciones buscan solucionar el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) a través de la división en lugar del diálogo.
Respecto al acuerdo y posteriores incidentes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, volvió a afirmar que fue contactado por dirigentes del pueblo T’siname-Mosetene para firmar el convenio, que entre otros puntos establecía el apoyo del Gobierno para que retornen a sus comunidades, como intentó hacerlo la noche del sábado.
El acuerdo de 10 puntos incluye desarrollo productivo y proyectos en salud, educación, caminos y turismo, además de apoyo económico para su partida.
“Conmino a que se respete la estructura orgánica del movimiento indígena”, dijo Herrera a este medio y señaló que el Gobierno actúa de forma “irresponsable” al buscar acuerdos con algunos líderes y no con el pueblo indígena de tierras bajas. También lamentó que hasta la fecha, el Gobierno no haya abierto un canal de diálogo para atender las demandas de la IX marcha.
Para Albarracín, el Gobierno actúa en la lógica de “dividir para desorientar y así no se resuelven los problemas”. Señaló que está recurriendo a los recursos menos democráticos como provocar enfrentamiento interno y división. “La ciudadanía se percata que se distanció de los referentes éticos, no se puede conducir un proceso de cambio manteniendo las lógicas de antes. Estas lógicas las podemos entender en un Goni o un Banzer”, señaló.
“Esto está creando incertidumbre, cansancio, sufrimiento”, dijo Herrera y contó que “anoche (la noche del sábado) conversé con mujeres chimanes. He constatado el temor, la incertidumbre, la confusión (de ver) a su líder firmando algo que ellos no tenían conocimiento y que luego quisieran regresar a su comunidad. ‘¡Nos estaban dejando!’, decían, estaban asustadas”.
El sábado, luego de la firma del convenio que incluía ayuda para regresar a Pilón-Lajas, zona en la que habita el pueblo T’simane-Mosetén, el Gobierno habría enviado buses y dos vehículos oficiales hasta el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde están alojados varios indígenas, entre ellos los T’simane-Mosetén.
Pero puesto que quienes se encontraban allá no sabían del acuerdo, pidieron ayuda a la policía indígena cuando dos funcionarios, a los que luego identificaron como funcionarios del Ministerio de Gobierno, entraron al lugar y quisieron sacar las cosas de los indígenas y meterlas en los buses, cosa que la policía indígena y el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), trataron de evitar.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció luego que Chávez y otros dirigentes tenían “secuestrados” a los indígenas y que por esa razón se envió a dos fiscales para ayudar a liberarlos; sin embargo, cuando los fiscales llegaron y preguntaron si alguien estaba retenido a la fuerza, no hubo respuesta afirmativa y fueron echados del lugar.
“¿Cómo se puede resquebrajar así la unidad de un pueblo?” cuestionó Herrera, quien señaló que se debe comprender que para los indígenas de tierras bajas la unidad es vital pues su seguridad depende ello.
Albarracín añadió que el Estado tiene la obligación de respetar los niveles orgánicos de los movilizados porque así lo establecen las normas internaciones de Derechos Humanos y de respeto a los pueblos indígenas.
La vigilia continúa frente a la Vicepresidencia y Chávez señaló que, luego de una rápida evaluación orgánica, los indígenas T’simane-Mosetén que firmaron el acuerdo optaron por seguir en La Paz, apoyando la IX marcha, sólo habrían partido de regreso algunas mujeres y niños.
MANEJO “POLÍTICO”
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo ayer que el Gobierno “usa sus influencias” y que “actúa políticamente” en su afán de querer “quebrantar la marcha” desconociendo a sus dirigentes.
Señaló que “el Gobierno se ha encaprichado, está haciendo un gasto millonario, está convocando a una asamblea indígena para el 7 y 8 (de julio), está actuando políticamente y quiere conformar otra Cidob que le diga ‘sí’ a todo (…) Son como 100 mil dólares que cuesta hacer una asamblea. Ha dado prebendas, está enfrentando a hermanos”.
Gobierno ofrece pasajes para los que dejen vigilia
Tipnis. La madrugada de ayer dos fiscales ingresaron en los predios de la universidad para llevarse marchistas. Solo un puñado de mujeres y niños retornó a su territorio
Espera. Un grupo de niños indígenas se apostó ayer en la puerta de ingreso principal de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, en la ciudad de La Paz
Pablo Ortiz. La Paz, El Deber
A los indígenas de la novena marcha no los dejan ni dormir. La madrugada de ayer, a las 2:15, después de que los guardias indígenas atraparan a dos funcionarios del Ministerio de Gobierno tratando de llevarse a indígenas tsimanes, dos fiscales irrumpieron en el monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés con el pretexto de que allí se mantenía gente contra su voluntad.
Según el relato de Johnny Rojas, presidente de la Central de Organizaciones y Pueblos Nativos Guarayos, él siguió a los fiscales Javier Monasterios y Claudia Pastén y escuchó cuando ofreció a todos los marchistas trasladarlos hasta sus regiones.
“Eso no es verificar si hay gente retenida contra su voluntad, eso es otra cosa. Todos queremos irnos a nuestra casa, pero primero queremos dialogar con el presidente y que nuestras demandas sean atendidas”, dijo Rojas.
Ningún marchista abandonó el campamento por la madrugada, pero desde la tarde del sábado había mujeres del Consejo Regional Tsimane Mosetén que habían decidido irse. Incluso Bertha Bejarano, presidenta de la marcha, dio dinero a dos de ellas para que compraran pasajes. Luego Juan Carlos Nate firmó un acuerdo con el Gobierno para abandonar la marcha a cambio de proyectos en su comunidad, pero no consultó con sus bases, lo que casi le cuesta ser golpeado.
El que no se salvó de los golpes fue Édgar Morales, un dirigente de los mosetenes que fue desconocido por su organización cuando la marcha pasó por Palos Blancos. La madrugada de ayer entró en la UMSA para incitar a los de su etnia a abandonar la marcha, pero fue sacado a golpes.
Al final, ayer por la tarde, un grupo de 50 tsimanes-mosetenes, en su mayoría mujeres y niños, dejó el campamento y regresó a sus regiones (zona de Pilón Lajas) en movilidades supuestamente otorgadas por el Gobierno. Según Bejarano, han prometido que en lugar de ellas vendrán hombres, ya que tienen varias demandas dentro de la plataforma de nueve puntos.
Ahora el Gobierno acusa a los dirigentes de la marcha de secuestro. Según la información que ha llegado a la dirigencia de la movilización indígena, hoy será presentada una querella en contra de varios dirigentes por este delito. La demanda sería extensiva a la titular de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal.
“Que la presenten, pero también deberían aclarar quiénes fueron los que mandaron masacrar en Chaparina”, dijo Adolfo Chávez, presidente de la Cidob.
Para el dirigente tacana, el Ministerio de Lucha contra la Corrupción debería investigar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya que en su opinión está cometiendo soborno con los indígenas de la novena marcha, tratando de que regresen a sus hogares a cambio de dinero en efectivo, víveres y obras.
Además, recordó que desde hace más de cuatro años, cuando él participaba de las reuniones del Gobierno en la Vicepresidencia del Estado, había un plan para apropiarse del sistema judicial, que comenzó con la Fiscalía General del Estado, que ahora es utilizada para perseguir a los dirigentes que se han alejado del Gobierno.
Para evitar que el Ejecutivo siga tentando dirigentes, la columna de la marcha decidió unificar los tres campamentos y evacuar la plaza San Francisco y la UMSA para establecerse en la calle Ayacucho, alrededor de la Vicepresidencia. Desde ahí intentarán ser escuchados.
Buscan apoyo para sus demandas
El Comité Político de la novena marcha indígena elaboró un cronograma de reuniones con instituciones de La Paz y El Alto que comenzará a cumplirse hoy. Según explicó el dirigente guarayo Johnny Rojas, se encontrarán con dirigentes y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto y de la Universidad Mayor de San Andrés para solicitarles apoyo en su demanda.
También se reunirán con las instituciones de la Asamblea de la Paceñidad para solicitar que la dirigencia y bases de los macrodistritos de la sede de Gobierno y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto se sumen a la protesta. Consideran que esa será la única forma de que el Gobierno acepte reunirse con ellos, ya que llevan cinco días en La Paz y no han logrado concretar una audiencia con el presidente.
Mientras tanto, la posición del Gobierno sigue siendo la misma: no negociará la Ley de Consulta y trata de debilitar la columna de la marcha. Asegura que los indígenas son solo 450 y que 200 ya abandonaron la movilización. Lo cierto es que a La Paz llegaron unos 1.000 indígenas. De ellos, 250 eran niños, 450 mujeres y el resto son hombres.
El Gobierno, a través del ministro Carlos Romero, ratificó ayer que a partir del 20 arrancará la consulta en el Tipnis sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Explicó que la consulta, que costará Bs 10 millones, se realizará en las 63 comunidades del Tipnis.
Ligan a líder masista con narcotráfico
David Herrera, líder de la contramarcha que apoya el Gobierno y que enfrenta a la novena marcha, fue acusado por Umopar de estar vinculado al narcotráfico.
“Se considera que David Herrera Tenorio es un elemento vinculado al narcotráfico desde hace unos tres años por lo menos, tanto en la fabricación como en el tráfico de droga, ya que rescataba la droga en la zona de Aroma para transportarla a Cochabamba. Posteriormente fue detenido Francisco Vallejos Rojas, presunto peón de David Herrera Tenorio y luego Estanislao Chile Antonio, propietario del chaco en el que funcionaba la poza de propiedad de Herrera. Finalmente se hace mención que Juliana Sánchez Cuéllar, esposa de Herrera, se halla también vinculada en actividades del narcotráfico; una vez que es ella la que internaba los precursores para la fabricación de la droga…”, señala un informe de Umopar del 20 de septiembre de 1995.