La disposición está en el Decreto 0071, que reglamenta la extinción de las superintendencias y creación de las Autoridades de Fiscalización y Control Social. Los funcionarios de las Súper serán evaluados. El nuevo sistema rige desde el 7 de mayo.
La Razón
En el marco del nuevo sistema de regulación que implantará el Ejecutivo a partir del 7 de mayo, los ministros de las áreas que serán fiscalizadas asumirán las atribuciones que tenían los superintendentes generales.
Entre estas atribuciones, los ministerios correspondientes se convertirán en la instancia de apelación a resoluciones de recursos revocatorios emitidas por las entidades reguladoras, además de la fiscalización a la labor de las autoridades y la promoción de políticas de regulación y control en sus respectivas áreas.
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La disposición está en el Decreto 0071, del 9 de abril, que entre otros crea seis Autoridades de Fiscalización y Control Social en reemplazo de las respectivas superintendencias: Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Bosques y Tierra (ABT), Pensiones (AP), Electricidad (AE) y Empresas (AEmp).
Así, en el caso de la ATT, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, asumirá las atribuciones que tenía el Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) en materia de telecomunicaciones y transporte. La autoridad que actuará en asuntos de la AAPS será el ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, y en la entidad de fiscalización de Electricidad lo hará el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca.
En el caso de la de Pensiones, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce, contraerá las funciones de la Superintendencia General del Sistema de Regulación Financiera (Sirefi). Y en la Autoridad de Empresas, lo hará la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián.
En los temas de bosque y tierras, la ministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, asumirá las atribuciones que tenía la Superintendencia General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (Sirenare).
El nuevo sistema de regulación debía entrar en vigencia el 7 de abril; sin embargo, la norma fue emitida dos días después del plazo y da hasta el 7 de mayo para realizar todos los cambios.
El decreto establece que la máxima autoridad en los nuevos entes será un director ejecutivo, designado por el Presidente, a través de una resolución suprema. Para la elección de superintendentes, se seguía un proceso que comenzaba con la postulación de candidatos ante el Senado, que debían cumplir una serie de requisitos. Tras una selección exhaustiva, esta instancia elegía ternas que eran elevadas al Primer Mandatario para que él decida quién ocuparía el cargo.
Ahora, el director ejecutivo deberá ser boliviano, tener título en provisión nacional y “poseer reconocida idoneidad y experiencia profesional”, según el decreto.
La norma dice que los entes se financiarán a través del cobro de tasas de regulación, derechos o patentes, recursos del Tesoro y donaciones y créditos.
El control social se introduce en la regulación
Organizaciones sociales, sindicatos y la sociedad civil serán incorporados al nuevo sistema de regulación que regirá a partir del 7 de mayo, según establece el Decreto Supremo 0071.
La decisión de suprimir a las superintendencias fue tomada por el Gobierno el 2006. Tres años después, el Ejecutivo emitió las disposiciones para este proceso y creó el nuevo sistema.
Así, el Decreto 0071 introduce los Consejos, que son los niveles consultivos en la organización de las nuevas Autoridades de Fiscalización y Control Social.
El Consejo es responsable de “ejercer el control social” sobre la gestión del Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y también podrá recomendar medidas referidas a cada sector.
Los ministros de cada área presidirán los Consejos. Además de los viceministros, estarán representantes sociales. En el caso de Telecomunicaciones y Transporte y en Electricidad serán dos delegados de “organizaciones sociales y/o usuarios”; en Agua Potable, dos de los Comités Técnicos de Registros y Licencias; en Pensiones, dos trabajadores; en Empresas un representante empresarial.
La continuidad de empleados será analizada
En el marco del Decreto 0071, que establece los procedimientos para la desaparición de las superintendencias y crea otros entes fiscalizadores, los trabajadores del actual sistema de regulación serán evaluados para establecer si serán incorporados o no a las nuevas entidades.
“El personal de las ex Superintendencias Sectoriales y Generales podrá ser incorporado a las Autoridades de Fiscalización y Control Social, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero o a los ministerios que asuman las competencias y atribuciones de estas ex superintendencias, previa evaluación y acorde a estructura y escala salarial aprobadas”, señala la octava disposición transitoria del decreto supremo.
La norma entra en vigencia el 7 de mayo y reglamenta la transferencia de activos, pasivos, recursos humanos y presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones.
Instruye a la Contraloría que inicie auditorías especiales a las transferencias de recursos humanos, bienes y deudas, a partir del 8 de mayo. Además, los ministerios correspondientes deberán remitir las auditorías financieras de cada entidad a la Contraloría.