Preocupación. En todo Bolivia, por un instructivo de la Fiscalía General, se abrieron oficinas para investigar estos casos. En La Paz se asignaron a cuatro investigadores. Los reportes son dados a conocer por las defensorías de la niñez.
Página Siete / La Paz – 06/07/2012
Jóvenes en una calle céntrica de la ciudad de La Paz .Archivo digital
El Ministerio Público de La Paz recibe al mes entre cuatro y seis denuncias de casos de trata y tráfico de personas, informó ayer la fiscal Esther Cuéllar.
“Generalmente, estas denuncias son presentadas por las defensorías de la niñez y adolescencia”, informó Cuéllar.
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En los últimos días se han reportado diversos casos de jóvenes desaparecidas y se presume que puede tratarse de trata y tráfico de personas.
El sábado, una muchacha que desapareció el lunes 25 de junio logró reunirse con su madre. Le dijo que había estado encerrada junto a otras chicas en un galón de El Faro Murillo, en El Alto, y que había conseguido escapar con otras dos muchachas. La progenitora no ha querido prestar informaciones a la Policía.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, de Naciones Unidas, en el país hay bandas internacionales de trata y tráfico que operan favorecidas, principalmente, por el escaso control en las fronteras.
En la mayoría de los casos tientan a las víctimas con ofertas laborales en el exterior. Una vez en el extranjero, la mujer es obligada a prostituirse.
El Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer y el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, entidades que se especializan en la defensa de los derechos de las mujeres, informaron que las jóvenes son llevadas sobre todo a los recintos mineros de Perú y a países de Europa.
La situación preocupa, por lo que la Fiscalía General del Estado creó, a través de un instructivo, la unidad especializada en la persecución de estos delitos, dijo la fiscal Cuéllar.
Para realizar el trabajo, el fiscal general asignó a cuatro representantes del Ministerio Público, todas mujeres, para que se desempeñen en esta unidad.
El trabajo se basará en lo estipulado en el Código Penal, cuyo artículo 181 sanciona la trata de personas en Bolivia con una pena de ocho a 12 años de cárcel.
Las penas se agravan si la víctima es niña, niño o adolescente, y si como resultado muere, se considerará asesinato.
La norma señala que caerá en el delito de trata “el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza, y/o de una situación de vulnerabilidad, aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o por tercera persona induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional”.
La coordinadora del Observatorio de Trata y Tráfico de Personas, Jesica Velásquez, señaló ayer a la red ERBOL que en Bolivia no hay la capacidad de combatir el fenómeno porque no existen los mecanismos de protección a las víctimas, prevención contra el delito y hay la poca capacidad para detectar a las bandas.
Seis entidades se unen contra trata
FORMAN RED DEPARTAMENTAL.
Por July Rojas M. – Los Tiempos – 6/07/2012
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, ayer. – Diego Cartagena Periodista Invitado
Al menos seis instituciones de Cochabamba conformaron ayer la red departamental contra la trata y tráfico de personas, que se suma a las 10 instaladas en diferentes regiones del país y a la nacional creada el año pasado. El objetivo es coordinar acciones para hacer frente a estas actividades delictivas.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, que llegó ayer a Cochabamba, posesionó a los miembros de la red departamental.
La red está integrada por la Gobernación, municipios y Policía, entre otros, tras concluir un taller de dos días sobre la temática.
Villena informó que el siguiente paso, después de consolidar las redes en Bolivia, será la coordinación con instancias similares de los países vecinos, para trabajar de forma conjunta en acciones concretas y aprovechar que éstos cuentan con sistemas informativos avanzados.
“En términos generales, el tema de trata y tráfico de personas está azotando a la humanidad en su conjunto y a Sudamérica en particular. Hay cinco países entre los cuales nuestro país es el más afectado, precisamente por constituirse en un país expulsor de la niñez y adolescencia para fines nada agradables”, manifestó.
Lamentó la falta de datos estadísticos en el país sobre los casos, que permitan realizar acciones “certeras” para afrontar este problema.
Por su parte, el jefe de la Unidad Nacional de Programas Especiales de la Defensoría del Pueblo, Jorge Oporto, explicó que la red nacional de lucha contra la trata y tráfico de personas se constituirá en el brazo operativo del Consejo Nacional que tiene el Estado de Bolivia, en la implementación de las políticas públicas y estrategias que van a incidir a nivel nacional, departamental y local.
Villena ponderó la pronta aprobación de la Ley Contra la Trata y Tráfico de Personas por la Asamblea Legislativa Plurinacional porque es integral, a diferencia del anterior proyecto que —a criterio del Defensor— era “deficiente” porque no permitía profundizar en la investigación.
“A la fecha tenemos en Potosí dos personas con sentencia y otras dos en proceso, y algunas que se van sumando a ellas. El acceso a la justicia de las víctimas aún es muy lento, los operadores de la justicia (…) tienen que hacer conciencia de la temática pero también con una visión más integral”, dijo.
Otros aspectos complementarios en este trabajo son la creación de instancias que contribuyan a la reinserción de las personas que fueron víctimas de este delito y el despliegue de acciones de prevención para evitar más casos.
La Cámara de Senadores determinó anoche un cuarto intermedio en el tratamiento del proyecto de ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. El documento, que fue aprobado en su estación en grande el miércoles, ayer empezó a ser tratado en detalle, aprobándose 38 artículos.
Se dejó en suspenso el tratamiento de siete artículos, cuatro disposiciones transitorias y una abrogatoria. "Se hizo el tratamiento en detalle, pero varios artículos han generado polémica y discusión y se han aplazado, son varios artículos que han sido aplazados", precisó a la ANF el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Adolfo Mendoza (MAS).
Mayor control migratorio
La Unidad Policial de Apoyo a Control Migratorio cuenta con 108 efectivos para realizar la verificación de documentos de las personas que a diario salen del país por los 16 puntos fronterizos y aeropuertos de Bolivia.
El comandante de esta unidad, Hugo Morales, dijo que los efectivos realizan el control de pasaportes, cédulas de identidad, órdenes judiciales que algunas veces son adulterados, acción a través de la cual se logra identificar a los posibles responsables de las redes de trata y tráfico de personas.
Por lo mismo, aseguró que es necesario el incremento de personal calificado con conocimientos en documentología, dactiloscopia, procedimientos policiales y migratorios. “Tenemos 15 casos el primer trimestre, de menores que quieren salir del país sin autorización de sus padres, sin orden judicial”, dijo.