Clóvis Rossi
El caso del senador boliviano al que Brasil dio asilo puede arrojar luz sobre política y narcotráfico.
La acusación de Estados Unidos contra por lo menos dos altos oficiales venezolanos de que estarían ligados al narcotráfico no es la única sombra que pesa sobre los gobiernos bolivarianos, para hablar sólo de la categoría drogas.
Una de las sombras vincula directamente al Brasil, porque en la embajada brasileña en La Paz se encuentra asilado el senador Roger Pinto.
Recordemos brevemente los antecedentes del caso, conforme a lo contado por Douglas Farah, investigador principal del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia de Estados Unidos.
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A comienzos de este año, el gobierno de Evo Morales acusó a Pinto de homicidio, más “no se dio el trabajo de presentar un cuerpo o cualquier otra evidencia del alegado crimen”.
El ataque al senador Pinto se produjo a raíz de una secuencia de denuncias de corrupción en círculos gubernamentales y sobre la creciente presencia en Bolivia de cárteles mexicanos de la droga.
Pinto presentó públicamente informes que según dijo serían de los servicios de inteligencia de la policía, escritos por hombres leales a Morales, pero que vieron la “masiva penetración” criminal en el gobierno como una traición a la revolución prometida por el presidente.
Las alegaciones de corrupción estaban centradas en oficiales ligados al caso del general René Sanabria, que sirvió como jefe de la unidad de élite antinarcóticos de la policía y que fue asesor principal de inteligencia del presidente Morales.
Sanabria fue condenado en 2011, en Miami, por tráfico de drogas (más exactamente, 144 kilos de cocaína).
Según Pinto, habría otros altos oficiales envueltos en el tráfico, gozando, mientras tanto, de protección oficial.
Siempre de acuerdo con el analista norteamericano, Sanabria confirmó desde prisión muchas de las informaciones divulgadas por el senador Pinto, quien llevó copias del informe al palacio presidencial.
Morales, en vez de ordenar una investigación, se volvió contra el senador, acusándolo de sedicioso.
Como Pinto no se calló, vino la acusación de homicidio, seguida de amenazas de muerte, lo que finalmente llevó al senador a pedir asilo en la embajada brasileña.
Douglas Farah no se sorprendió tanto con el pedido de asilo como con el hecho de que haya sido concedido por el gobierno de Dilma Rousseff, lo que el investigador considera una reprimenda al presidente Morales.
De hecho, el vicepresidente Álvaro García Linera llamó a la decisión brasileña “desatinada”, en tanto Morales prefirió roturarla como “equivocada”. Para Itamaratí, con su inoxidable cautela, se trató apenas de actuar “a la luz de las normas y de la práctica del derecho internacional latinoamericano” y con base en la Constitución.
De todos modos, al aceptar a Pinto como “refugiado político”, Brasil está rechazando automáticamente la hipótesis de que sea un criminal, porque los criminales no merecen amparo.
Claro que los “bolivarianos” siempre reaccionan atribuyendo todo a conspiraciones del imperio. El imperio de hecho conspira bastante, pero creer en la eterna inocencia de los “bolivarianos” no es ingenuidad, es estupidez.
Folha de Sao Paulo – Brasil