Roberto Méndez
El Estado Plurinacional que proclama el artículo 1 de la Constitución Política del Estado y la autonomía indígena han sido desafiados en sus raíces por dos últimos acontecimientos: la novena marcha en favor de la defensa de la integralidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el foco de violencia que ha derivado en la toma de rehenes y la muerte de un comunario en la población potosina de Mallku Khota, donde existe un cerro rico en plata, indio y oro y que es operada por una compañía minera canadiense.
En ambos casos, el conflicto involucra a espacios territoriales económicamente estratégicos para el Estado, por los recursos naturales no renovables que poseen. Pero el aprovechamiento de tales recursos estratégicos tiene un impacto altamente negativo en los recursos naturales renovables, tan vitales para la vida material y cultural de quienes tradicionalmente habitan esos espacios.
Y por eso han marchado hasta La Paz, tanto indígenas del Tipnis como los comunarios de Mallku Khota, pero ninguno de ellos han sido escuchados por el Gobierno y tampoco se han negociado sus demandas.
Según la Plataforma Energética Año II, La Paz, marzo de 2012, Nº 4), citado por el semanario Aquí, el Tipnis posee un gran potencial hidrocarburífero y debido a ello gran parte de este territorio ya fue adjudicado a petroleras transnacionales para su exploración y la carretera que pretende atravesarla, está relacionada con este interés hidrocarburífero.
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Por su parte, Mallku Khota (comunidad perteneciente a la TCO Ayllu Sullk’a Jilaticani) tiene un alto potencial mineralógico (oro, plata y otros metales de valor comercial), por lo que también es apetecido tanto por empresas como por un conjunto de cooperativas mineras.
Según un informe preliminar de la empresa South American Silver, en Mallku Khota existe un yacimiento hasta cuatro veces más grande que la mina de plata San Cristóbal.
Este rasgo extractivista, nos conduce a constatar otra similitud entre ambos conflictos: el involucramiento de capitales transnacionales en la explotación de los recursos naturales estratégicos no renovables en estos espacios territoriales. Dichos capitales operan en estas áreas y sus intereses generan tensiones con la población local al interior de ambos territorios indígenas, pero además, el Estado privilegia la protección de estas inversiones aún a costa, en este caso, de la confrontación directa con el sector indígena.
Por eso es que los indígenas de ambos casos se han levantado y exigen el cumplimiento del artículo 30, inciso 15 de la CPE que a la letra señala como uno de los derechos fundamentales: "a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan".
Pero lejos de tomar el toro por las astas, el Gobierno toma como estrategia desgastar las movilizaciones, desprestigiarlas, dividirlas y desarrollar fuertes campañas mediáticas en su contra.
Y como no se miden las consecuencias ha aparecido ya un muerto en Mallku Khota y en la novena marcha han habido cuatro fallecidos descontando los que pudieron haber este jueves durante la violenta represión policial, en la que más de 10 niños resultaron heridos. Queda claro que hace falta consensuar.
El Día – Santa Cruz