Cayo Salinas
Acusar a una persona de la comisión de un delito no es poca cosa. En un Estado institucionalizado como lo son la mayoría de las sociedades occidentales, pocos se animan a hacerlo si no tienen pruebas. En Estados donde priman nomenclaturas palaciegas que constantemente intentan proscribir derechos a costa de engordar más a un aparato opulento, ineficiente y a veces corrupto, no es necesario tener pruebas para acusar a alguien. En todo caso, nadie tiene el derecho de sindicar a una persona de la comisión de un hecho ilícito sino tiene pruebas. No olvidemos que la dignidad de la persona es inviolable y respetarla y protegerla es un deber del Estado según manda la Constitución. De ahí la la importancia de que los fiscales sean imparciales, ya que sólo así se garantiza que su tarea esté dirigida a buscar la verdad histórica de los hechos sin importar el interés del gobierno de turno representado por los ministros de turno. La triste noticia es que nadie confía en la imparcialidad de los fiscales, ya que han sido varios los casos donde cuando menos existen sospechas de que poco importa la presunción de inocencia, no importa que no existan pruebas más allá de toda duda razonable y sí interesa que se impute lo antes posible para que el denunciado sea sometido a medidas cautelares que den cuenta de su remisión a la cárcel pública. En otras palabras, lo que realmente interesa es que el sindicado esté en la cárcel y desde ahí, asuma su defensa. Poco peso tiene la honorabilidad de la persona, su dignidad, su estado de salud físico y psicológico y el de su entorno familiar y, por supuesto, el que se lo considere inocente sino media sentencia que diga lo contrario. Ahora bien, el Ministro de la Presidencia y la responsable de la ADZF han sido acusados de tener vinculaciones con una persona dedicada al tráfico de cocaína. El acusador ha hecho pública su denuncia a través de las páginas de la revista Veja, y al hacerlo, ha señalado que “han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de los cocaleros”. El tema es demasiado serio para pasarlo por alto. Lo primero que debemos hacer es respetar el derecho de presunción de inocencia que tienen ambos funcionarios públicos.Ese derecho es imprescriptible, y si bien en este momento hay casos en el país donde ese mismo derecho no ha sido respetado, es prudente que se presuma que los Srs Quintana y Jordán son inocentes. Lo segundo, Veja debe probar sus acusaciones, más allá de que el ministro Quintana haya aseverado que si lo liquidan, liquidan a Evo. Si se ha cometido un delito, éste debe ser esclarecido y los culpables deben ser sancionados conforme manda la ley, se trate de quien se trate. Lo último, el gobierno no debe asumir la defensa de los acusados porque ese no es su rol. Quienes deben hacerlo son aquellos, a fin de que este tema quede aclarado al más breve plazo.La Prensa – La Paz