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Fuente: Muro de Oscar Ortiz
En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Jorge Asbun habló acerca del próximo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida y Orlando Castellón analizó las complejidades e ineficiencias del sistema tributario boliviano.
“El TCP realizó una manipulación en favor del caudillismo”
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En el primer segmento, Oscar Ortiz dialogó con Jorge Asbun, uno de los expertos constitucionalistas de mayor prestigio en el país, máster por el Instituto de Derecho Comparado de Madrid y doctor en derecho por la Universidad Complutense, quien ha encabezado el Centro de Conciliación y Arbitraje de CAINCO y actualmente preside la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales.
Asbun señaló que el 24 y 25 de junio la Corte IDH deberá fallar sobre la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por encima de la Constitución boliviana, que prohíbe la reelección indefinida.
“Estoy seguro que la Corte va a definir que la reelección indefinida no es un derecho humano, como ya lo hicieron la Convención de Venecia y otras instancias, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como entidad consultiva”, remarcó.
El jurista dijo que la sentencia tendrá un “carácter definitivo”, con un “impacto total y absoluto” que dejará sin efecto al fallo del TCP.
“El TCP realizó una manipulación arbitraria y tendenciosa del Pacto de San José, para justificar uno de los elementos más perniciosos en las democracias latinoamericanas como es el caudillismo. No se trata de una u otra persona. La sentencia se va a aplicar a todos los países de América Latina sin nombre o apellido, es una regla abstracta”, precisó.
Sobre los casos de primeros ministros europeos reelegidos en varias ocasiones, subrayó la diferencia entre los sistemas parlamentarios y los presidencialistas, indicando que en los primeros “las mayorías parlamentarias pueden cambiar al primer ministro en cualquier momento”, mientras que en los regímenes presidenciales el Legislativo no puede destituir al mandatario con una moción de censura.
Asbun también señaló que una sentencia de la Corte IDH en el sentido previsto “sería la prueba más palpable de que los magistrados del TCP cometieron prevaricato”, por lo que se abrirían responsabilidades penales contra los firmantes del fallo que avaló la reelección.
El experto añadió que las fallas en el control de constitucionalidad se dan porque el Tribunal está “copado por el poder político”, generando una relación de servilismo con el partido gobernante.
Por su parte, Ortiz dijo que hay que estar “atentos a este fallo trascendental”, enfatizando que en el sistema presidencialista “la concentración del poder es tan grande que la democracia termina por autodestruirse cuando se permite la reelección indefinida”, que conduce a regímenes autoritarios. “La alternancia es una forma de limitar al poder, para que quienes gobiernan sepan que van a tener que responder por sus actos; es una advertencia que limita los abusos y la corrupción”, señaló.
“El sistema tributario perdió simplicidad y efectividad”
En la segunda parte, Oscar Ortiz conversó con el economista Orlando Castellón, experto en política tributaria y aduanera, con posgrado en derecho tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y en técnicas y administración tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de la Escuela de Hacienda Pública de España.
Al cumplirse 35 años de la Ley 843 de Reforma Tributaria, Castellón indicó que esa norma “surgió como respuesta a la necesidad de financiar el gasto público en una época de hiperinflación, cuando dependíamos de la renta estañífera y habían debilidades en la actividad recaudadora, con una presión tributaria menor al 1%”.
Recordó que esa reforma estableció varios impuestos, “uno de ellos transitorio, el impuesto especial a la regularización impositiva; cinco vigentes: IVA, RC-IVA, ICE, IT e ITGB; y dos que duraron muy poco, a la renta presunta de las empresas y de los propietarios de bienes”.
“Uno de los principios básicos era que los impuestos debían ser simples y efectivos” y durante un tiempo se logró aplicarlos de este modo, mejorando la recaudación tributaria y aduanera.
“Al evolucionar el tiempo se fueron olvidando esos principios. En 1990 se crea el impuesto a las salidas aéreas al exterior, que es poco eficiente porque no contribuye con grandes recaudaciones. En 1994 se dejan de lado los impuestos a la renta presunta y se introducen en su lugar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y vehículos, impuesto al consumo de la chicha, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, y el impuesto a las utilidades de las empresas”, detalló.
Castellón agregó que más recientemente se introdujeron el ITF y el IDH, al juego y a la venta de moneda extranjera (ya abrogado), estrenándose en la presente gestión gubernamental el impuesto a las grandes fortunas, “que termina siendo un impuesto al patrimonio”.
En materia arancelaria, el experto dijo que los gravámenes pasaron de oscilar entre el cero y el 10% en 1986, a un margen entre el cero y el 40% en la actualidad.
“El sistema tributario se fue distorsionando en el tiempo con la creación de nuevos impuestos que desdicen los principios de simplicidad y efectividad, puesto que varios de ellos no son recaudadores”, subrayó.
Castellón opinó que la carga tributaria es excesiva, “equivalente al 33,4%”, además de no ser homogénea por sectores. También cuestionó las “normas engorrosas y costosas”, citando el reporte de Doing Business donde se informa que en Bolivia el contribuyente debe tener 91 interacciones anuales con la administración tributaria, “creando obligaciones formales cada vez más complejas y difíciles de cumplir”.
Otros de los aspectos cuestionables serían el “régimen de sanciones draconiano” y los “cambios intempestivos por la Ley Financial, que crea o modifica impuestos, generando incertidumbre e indefensión”.
El experto recomendó mantener reglas claras para atraer nuevas inversiones, incluir incentivos en el IUE que apoyen la creación de empleo, la eliminación de tributos ineficientes, del IT e ITF que “no son sanos y producen distorsiones”, y la implementación de la Ventanilla Única de Exportación y de la facturación electrónica.
En su balance del segmento, Ortiz remarcó la necesidad de “volver a la simplicidad con un régimen de pocos impuestos” y de reducir trámites para evitar la alta informalidad, “desarrollando el tejido empresarial para generar empleo y oportunidades”.