Escándalo de corrupción en YPFB: Allanamientos en inmuebles, el traslado a La Paz de un detenido y la aprehensión de una auxiliar de una empresa petrolera ligada a la estatal activan la investigación.
Detienen a funcionaria de adjudicataria de YPFB
Allanamientos en tres inmuebles, el traslado a La Paz de un detenido en la Felcc y la detención de una auxiliar de una empresa petrolera ligada a la estatal activan la investigación
Efecto. El fiscal Carlos Candia, luego de realizar el allanamiento de uno de los supuestos domicilios de Gerson Rojas
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El Deber, Santa Cruz
La investigación por un supuesto caso de corrupción en la adjudicación de la planta separadora de líquidos Río Grande (Santa Cruz) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sumó ayer un hecho clave: la aprehensión de una empleada de la empresa argentina Astra Evangelista S.A (AESA), que ganó la licitación para la construcción de la planta por $us 160 millones.
Así lo confirmó la comisión de fiscales anticorrupción integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco. Se pudo saber que la cautelar para definir la situación legal de esta persona se realizará hoy.
El fin de semana fueron detenidos (en la cárcel de Palmasola) Gerson Rojas, ex gerente nacional de la planta de separación de YPFB, y Agustín Ugarte, exdirector de proyectos Gran Chaco, que fue trasladado a La Paz.
Otra movida de los fiscales durante la jornada de ayer fue la realización de tres allanamientos, dos en las propiedades que supuestamente son de Rojas, y la otra de una mujer no identificada.
Al respecto, Candia señaló que estos allanamientos forman parte de la investigación y que hoy seguirán investigando, a tiempo de indicar que se están preparando nuevas órdenes de aprehensión y se está citando a más funcionarios de Yacimientos.
En cuanto a la situación legal de Rojas, al finalizar la jornada se manejó la hipótesis de que sería trasladado a La Paz. Sergio Romero, uno de sus abogados, desmintió aquella posibilidad y explicó que luego de hablar con la jueza Romy Peredo, a cargo de este proceso, esta le indicó que Rojas será investigado en Santa Cruz.
“La denuncia fue radicada en Santa Cruz, los hechos sucedieron aquí, por lo que no existe ningún motivo para que mi defendido sea trasladado a La Paz”, subrayó Romero.
Mientras que la situación de Ugarte, considerado por la Fiscalía como el principal testigo, es diferente, ya que en horas de la tarde fue trasladado a la sede de Gobierno.
Miguel Aparicio, abogado de Ugarte, sostuvo que esa medida fue solicitada para preservar la seguridad de su defendido, pues habría recibido amenazas, y por tanto esta medida no se la considera ilegal.
El defensor legal señaló que la causa se seguirá desarrollando en Santa Cruz y que la ausencia física de su cliente es una muestra de que no se busca obstaculizar la investigación.
Sobre el tema, según la agencia estatal de noticias ABI, Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado, dijo que se solicitó a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, incluir una boleta de garantía anticorrupción en los contratos de inversión pública para garantizar la transparencia en los procesos de contratación con empresas nacionales e internacionales.
García Linera explicó que se tomó esa decisión tras la denuncia de una supuesta adjudicación fraudulenta para la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que involucra a altos funcionarios de YPFB.
En detalle
Alcance. Carlos Romero, ministro de Gobierno, indicó al canal estatal que se iban a realizar todos los esfuerzos necesarios para encontrar y castigar a los responsables de los supuestos actos de corrupción que están perjudicando la imagen de la estatal petrolera.
Situación. Hugo Sosa, delegado de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que no basta con descubrir qué empresas recibieron coima, sino que también, se debe indagar a quienes las dieron y se preguntó: ¿Acaso la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no las sanciona también? Y remarcó que la investigación no solo debe dirigirse a funcionarios, sino también a las empresas que ocasionaron la corrupción.
Presencia. Se espera que hoy Carlos Villegas, presidente de YPFB, visite la planta separadora de líquidos de Río Grande para evaluar el avance de las obras.
Ofertas laborales. Se pudo conocer que diferentes organizaciones sociales están elaborando listas en las que se ofrece anotar a una persona con la promesa de que tendrán algún puesto de trabajo en YPFB. Sobre el tema se hizo la consulta a la estatal petrolera, que indicó no conocer el tema.
Testimonios. Según la comisión que investiga este caso de supuesta corrupción, para llevar adelante el proceso se va a citar a alrededor de 20 personas que se considera están involucradas en esta causa.
Traslado del procesado es confuso
William Herrera / Exfiscal
Es importante entender que si una persona considera que su vida está en peligro en el lugar donde se encuentra detenido tiene el derecho de pedir su traslado; en este caso, por lo que pude saber, la defensa de Agustín Ugarte argumentó que su defendido corría peligro, aunque esta denuncia se debe demostrar.
Ahora, si la estrategia es otra, se busca evitar que esta persona cuente lo que sabe, ya que es considerado un testigo clave y por medio está YPFB, ya es otro tema, pues se estarían vulnerando distintos pasos legales, aunque con este Gobierno todo es posible.
Sin embargo, si con esta medida la causa se divide, no debería ser así, porque si Ugarte considera que su vida está en peligro puede quedarse en La Paz, mientras las investigaciones se realizan en Santa Cruz y luego, cuando se esté en la etapa donde su presencia es necesaria, él puede llegar hasta Santa Cruz y declarar.
Esperemos que este traslado responda a la primera posibilidad que planteé y que no haya ningún otro interés, pues de existir una segunda intención, esto se vuelve una situación confusa.
Mandan hasta La Paz a un implicado clave
Escándalo de corrupción en YPFB: Operativo. Agustín Ugarte fue llevado a Chonchocoro a pedido de su abogado. Se realizaron allanamientos a viviendas de Gerson Rojas en busca de evidencias.
EL DÍA, 13 de Julio, 2012
Ref. Fotografia: Reacción. Reforzarán los mecanismos de control en licitación.
El ya denominado "Testigo Clave", Agustín Ugarte Méndez, exmiembro de la Comisión Calificadora de Adjudicación de las plantas de Río Grande y Gran Chaco, y uno de los supuestos implicados en el caso de presunta corrupción por enriquecimiento ilícito en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro de la ciudad de La Paz ayer al mediodía a pedido de su abogado, Miguel Aparicio.
El defensor de Ugarte informó que el traslado se realizó por un tema de seguridad de su defendido, después de que este recibiera una amenaza de muerte a través de una carta anónima. El abogado se trasladará a la sede de Gobierno el día martes 17 del presente mes, para asumir la defensa de su cliente.
Por otro lado, la Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción realizó el allanamiento a tres viviendas en la ciudad de Santa Cruz, una de Vanesa Avilés, exfuncionaria de YPFB, y dos de propiedad de Gerson Rojas Terán, ex gerente nacional de Plantas Separadoras de Líquidos de Río Grande de la empresa estatal y principal sospechoso del caso, que actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
"Por un tema de seguridad y a solicitud de nosotros, mi defendido ha sido trasladado a una unidad más segura a la ciudad de La Paz, así va a estar alejado del lugar donde se suscitaron los hechos y no va a existir obstaculización para negarle en su momento una solicitud de cesación", expresó Aparicio, abogado del detenido.
En este orden, Ugarte planteará en la sede de Gobierno, como lo hizo en Santa Cruz, a través de un exhorto, una solicitud para la ampliación de sus declaraciones y dar detalles de su participación en el caso.
Según informaron fuentes policiales, Gerson Rojas no fue trasladado a la sede de Gobierno, por lo que continuaría en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.
Allanamientos. El fiscal asignado al caso de presunta corrupción, Carlos Candia, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la doctora Mónica Ramírez, jefe de Procesos de YPFB, realizaron el allanamiento a la vivienda de Vanesa Avilés Méndez, ubicada en la zona de Equipetrol Norte, entre el tercer y cuarto anillo de la avenida San Martín. Allí se secuestró documentación y se arrestó en calidad de testigo a su hermana, Brenda Jimena Avilés Méndez, que fue liberada después de prestar su declaración en la Fiscalía.
El nombre de Vanesa Avilés saltó en este caso cuando se allanó las cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) de los dos principales implicados, donde se encontró, entre otras cosas, una tesis de grado de la Utepsa, perteneciente a ella.
En tanto, el abogado de las hermanas Avilés, Rodrigo Góngora, afirmó que la vivienda allanada no es propia de Avilés, sino que es alquilada, y que sus defendidas colaborarán con la justicia en todo lo que las autoridades así lo requieran.
En este mismo orden, también se realizaron allanamientos a otras dos viviendas en la ciudad de Santa Cruz, de propiedad de Gerson Rojas. Un domicilio estaba ubicado en el cuarto anillo de la avenida Roca y Coronado, y el segundo en la calle Bermejo y esquina Portachuelo, del barrio San Martín. Se secuestró documentación relacionada con el caso.
El fiscal Carlos Candia señaló que los allanamientos en la ciudad continuarán.
Declaraciones. Recordemos que Agustín Ugarte había declarado que recibió Bs 100.000 en una bolsa negra, en inmediaciones del puente Urubó, dinero que presumiblemente sería producto de los contratos de la planta de Río Grande. Por ello pedió una solicitud al fiscal para aumentar su declaración.
También comentó que alquilaba por $us 300 anual una caja de seguridad en el BMSC, donde llegó a colocar hasta Bs 100.000. Posteriormente, su abogado denunció que su defendido fue amenazado de muerte. Por ello se pidió su traslado a la ciudad de La Paz, para salvaguardar su vida. Por su parte, el otro detenido, Gerson Rojas, se abstuvo de declarar.
Hermetismo. Todo el proceso que está siendo llevado a cabo por los fiscales tiene el carácter de "reservado".
Este hecho ha provocado críticas de diversos analistas, penalistas y políticos.
La bancada de Convergencia Nacional observó el caso y pidió la conformación de una comisión mixta en la Asamblea para que investigue el tema.
Hasta el momento, ninguna de las empresas adjudicadas se ha manifestado en torno a este nuevo escándalo que salpica una vez más la imagen de YPFB.
Linera, sobre la corrupción: ‘Existe hasta en el Vaticano’
Sanciones. Como iniciativa para reforzar los mecanismos de transparencia en las instituciones del Estado boliviano, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, dijo que "estamos pidiendo que se incluya en todos los contratos una boleta de garantía anticorrupción. Empresa que sea detectada con actos de soborno, a cualquiera de sus funcionarios públicos, inmediatamente tendrán sanciones económicas y penales".
Para ello se establecerá una cláusula en todos los contratos que firme el Gobierno, con el propósito de luchar contra actos de corrupción.
Por otro lado, Linera expresó que se debe reconocer que existe "corrupción hasta en el Vaticano". Por lo que señaló que "lo que diferencia a un buen gobernante de un mal gobernante es la actitud que asume ante estos casos de corrupción".
Además, agregó que "la tentación de la carne y la tentación del dinero es demasiado fuerte. Si no caen por un lado, caen por otro", finalizó el vicepresidente el Estado Plurinacional.
Cronología
17 de junio
Accidente
Gerson Rojas sufre un accidente cerca de Yapacaní. Manejaba un vehículo oficial de YPFB en un día domingo.
28 de junio
Aprehensión
Se detiene a Rojas por uso indebidos de bienes del Estado. El 4 de julio se investiga el enriquecimiento ilícito.
5 de julio
Cajas
Se allana las cajas de seguridad del BMSC de los acusados. Se encuentra $us 90.000 y documentos.
6 de julio
Segunda aprehensión
Se detiene a Agustín Ugarte en instalaciones de YPFB. Declara que Gerson Rojas le entregó Bs 100.000.
12 de julio
Traslado
Se traslada a la ciudad de La Paz a Agustín Ugarte. El principal motivo, según su abogado, es la seguridad de su defendido. Pedirá ampliación de sus declaraciones.