El viceministro de Medio Ambiente Magin Herrera afirmó este domingo que unas 83 mil familias ya viven el área protegida del Parque Nacional Tunari en Cochabamba y que el desalojo a estas alturas del tiempo se pone complicado.
«Tenemos aproximadamente, me decían, como 83 mil familias que ya estarían dentro de esa área protegida, lo cual llama la atención y ahora decir salgan, es totalmente complicado, pero entonces ¿qué actitud tenemos que tomar? Tenemos que tener la capacidad de interactuar, de interrelacionarnos y adoptar quizás una forma diferente de tal modo que nadie sea perjudicado», declaró.
Dijo que «urbanizaciones tan lujosas ya están dentro el área protegida, en la zona norte en la ciudad de Cochabamba y en todo ese contorno, partiendo de Quillacollo, pasando Tiquipaya, hasta llegar a Sacaba, toda esa franja ya está invadida».
Indicó que para esta ocupación hay complicidades, porque si bien en un área protegida pueden ingresar dos o tres familias, pero si no hubiera dotaciones de agua, luz y otros servicios básicos, probablemente la ocupación hubiera sido menor.
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Aseguró que la dotación de estos servicios poco a poco ha ido legalizando estas urbanizaciones, pese a que el cuidado de los parques no solo es del gobierno central, sino también de los municipios y los gobiernos departamentales.
La autoridad sostuvo que en el país existe unas 22 áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Tunari, que están bajo responsabilidad del gobierno nacional, y unas 34 fueron transferidas a los gobiernos municipales que no solamente tienen que ver con la conservación de los parques sino también las áreas forestales.
Recordó que en la reserva forestal del Choré y Guarayos en Santa Cruz, empresarios privados agarraron extensas zonas y llevaron a gente del occidente para entregarles tierras sin ningún papel y utilizarlos para fines políticos o generar división en las organizaciones sociales.
La autoridad participó en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente que se recordó este 5 de junio en todo el planeta, instituido en 1997 por las Naciones Unidas para reflexionar sobre la situación de los ecosistemas.
Explicó que, en Bolivia, la entidad encargada es la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y en pasados días emitió una resolución que puso un plazo hasta el 30 de junio la quema autorizada de chacos con fines agrícolas.
Fuente: lostiempos.com