Para los ediles disidentes la nueva directiva es legal.
Cuando el Tribunal Tercero de Sentencia haga conocer el lunes el fallo absolutorio de la concejala Desirée Bravo, también debe aclarar si la exculpada debe reintegrarse como presidenta o como simple munícipe al organismo deliberante. Pero, la nueva directiva no está dispuesta a entregar su mandato, asegurando que la elección del 7 de junio se enmarcó en lo legal.
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La directiva a la que pertenece Bravo feneció su mandato el 31 de mayo, por lo que los mismos munícipes de Santa Cruz Para Todos (SPT), que la suspendieron el 19 de marzo, escogieron a Óscar Vargas como presidente; a Arminda Velásquez, como vicepresidenta, y ratificaron a Manuel Saavedra como secretario. Desde esa fecha se originó la figura de dualidad en la directiva.
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Freddy Soruco, vicepresidente de la anterior gestión y presidente interino tras la suspensión de Bravo, no reconoce a la nueva directiva, pero aclaró que cumplirá lo que establezca la justicia, agregando que Bravo debe solicitar la aclaratoria para definir si vuelve al sillón presidencial o solo se reintegra como concejala.
“Si Bravo regresa como presidenta, de acuerdo a nuestro reglamento, de inmediato se suspende el cuarto intermedio que declaré el 7 de junio. Ella debe rendir su informe anual para luego conformar un comité ad hoc y escoger a la directiva para una nueva gestión”, explicó Soruco.
Asimismo, José Quiroz, munícipe del MAS, recordó que Soruco presentó un amparo constitucional que debe dilucidar la validez o no de la directiva de Óscar Vargas. “En un congreso interno del MAS se escogió a Saúl Ávalos para que ocupe la vicepresidencia y eso haremos valer”, anotó.
Su correligionaria Velásquez, que apoya al grupo de los disidentes de SPT, insiste en que su cargo es legal porque los masistas Ávalos, Quiroz y Soruco hicieron cuórum. “Desirée Bravo debe terminar de arreglar su juicio, porque aún hay una persona encarcelada por su caso”, recordó.
El Deber, Santa Cruz